La erosión del orden constitucional

España contempla hoy una anomalía política que amenaza con convertirse en costumbre. Un Gobierno sostenido por alianzas frágiles, sin presupuestos aprobados durante buena parte de la legislatura y aferrado al poder mediante decretos y concesiones parciales, ha vaciado de contenido la normalidad parlamentaria. No se trata solo de una crisis de gestión, sino de una alteración profunda del sentido mismo de la representación política. Gobernar sin presupuestos no es una anécdota técnica: es una renuncia al deber constitucional y una forma de sustraer al control de las Cortes la orientación general del Estado.

La apelación constante al decreto-ley, reservado para circunstancias excepcionales, ha dejado de ser una herramienta extraordinaria para convertirse en método ordinario de gobierno. Cuando el Ejecutivo legisla de espaldas al Congreso, se desnaturaliza la función de las instituciones y se debilita el principio de soberanía nacional. El Parlamento deja de ser la casa común de los españoles para convertirse en una escenografía secundaria frente a la voluntad del gobernante de turno.

Una política sin comunidad nacional

A ello se suma una política migratoria improvisada y utilizada más como instrumento ideológico que como cuestión de Estado. La regularización masiva de inmigrantes ilegales aprobada sin el debido debate parlamentario no solo afecta a España, sino al conjunto de Europa, dada nuestra pertenencia al espacio Schengen. La decisión no puede entenderse únicamente desde la óptica administrativa: afecta al equilibrio social, al mercado laboral, a la cohesión cultural y a la seguridad jurídica.

Una nación no puede construirse desde la disolución de sus límites ni desde el desprecio a la comunidad histórica que la sostiene. La Hispanidad no fue jamás una negación de la identidad, sino una afirmación de pueblos con vocación de misión y continuidad. Confundir solidaridad con desarraigo es uno de los grandes errores de nuestro tiempo. La patria no se defiende desde la indiferencia, sino desde la responsabilidad de preservar aquello que da sentido a la convivencia entre generaciones.

La izquierda y la demolición de los acuerdos

La izquierda española lleva décadas presentándose como guardiana exclusiva de la democracia mientras actúa con una lógica de imposición permanente. Desde las grandes reformas ideológicas impulsadas durante el felipismo hasta la radicalización legislativa del zapaterismo y el actual sanchismo, el patrón ha sido el mismo: sustituir el consenso por la ocupación institucional. Se legisla sobre cuestiones fundamentales —vida, familia, educación, justicia o unidad nacional— sin voluntad de acuerdo, como si media España no existiera o no tuviera derecho a ser escuchada.

Ese sectarismo ha sido posible también por la debilidad moral de una derecha resignada a administrar la herencia ideológica de la izquierda. Durante años, el Partido Popular aceptó como irreversibles reformas que alteraban profundamente la vida nacional, renunciando a restaurar principios esenciales incluso cuando dispuso de mayoría suficiente para hacerlo. Se consolidó así una falsa idea de moderación que consistía, en realidad, en asumir la derrota cultural como estrategia de gobierno.

La responsabilidad de una alternativa

La aparición de nuevas fuerzas políticas a la derecha respondió precisamente a esa frustración. Muchos españoles dejaron de aceptar que su voto sirviera únicamente para cambiar administradores sin modificar el rumbo. La demanda de rectificación no era un capricho partidista, sino una exigencia de justicia política. Cuando se ha legislado sin consenso, no puede exigirse después que la rectificación quede paralizada en nombre de una paz ficticia.

La política no debe ser un simple equilibrio de intereses, sino la expresión de un proyecto nacional. Desde una inspiración joseantoniana, la unidad de España, la justicia social y la dignidad de la persona no pueden quedar subordinadas a cálculos electorales ni a pactos de supervivencia parlamentaria. La nación exige servicio, no táctica; altura moral, no simple resistencia burocrática.

Si la izquierda ha recorrido un camino de demolición institucional, la respuesta no puede ser la resignación ni el miedo al conflicto. Restaurar el orden constitucional, devolver autoridad a las Cortes, fortalecer la comunidad nacional y recuperar una idea de España como empresa común son tareas urgentes. Porque los consensos no se preservan aceptando la injusticia, sino reconstruyendo sobre principios firmes aquello que otros decidieron liquidar.

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