JOSÉ ANTONIO
José Antonio: prisión, juicio y ejecución
¿Por qué estaba José Antonio en la cárcel de Alicante? Un recorrido por el encarcelamiento, el juicio y la ejecución de José Antonio Primo de Rivera, así como por las dudas históricas sobre el polémico "enterado" del Gobierno republicano.
El origen del encarcelamiento y la persecución de Falange
A José Antonio se le trasladó a la prisión provincial de Alicante el 6 de julio de 1936. Había sido arrestado en Madrid el 14 de marzo, tras el atentado perpetrado el 12 de marzo del 36 contra el dirigente socialista, diputado y vicepresidente de las Cortes Luis Jiménez de Asúa, que resultó ileso. No así su escolta, el policía Jesús Gisbert, que falleció esa misma mañana.
Era imposible vincular a José Antonio con dicha agresión ya que, además de no existir prueba alguna contra él, seguramente ni siquiera conociese la intención de falangistas miembros del SEU —Sindicato Español Universitario— de atentar contra Jiménez de Asúa, como respuesta al asesinato, el 10 de marzo del 36, en la madrileña calle de Alberto Aguilera, del estudiante falangista Juan José Olano, perpetrado por miembros de las JSU —Juventudes Socialistas Unificadas—.
Con José Antonio fueron detenidos la mayoría de los miembros de la Junta Política de Falange Española.
La causa oficial de su encarcelamiento, a todas luces injustificada, fue su supuesta responsabilidad en la ocupación de la sede falangista de la calle Nicasio Gallego de Madrid. Le acusaron de romper los precintos y sellos que en la entrada había colocado la policía.
También se le inculpó por fascista, lo cual, además de ser incierto, no suponía infracción alguna, aunque, por desgracia, en política la verdad no suele ser la verdad, sino lo que opina la mayoría o lo que se decide desde el poder. Es decir, no existía base legal para ser detenido. Se le imputó, asimismo, el delito de desacato por haber insultado al director general de Seguridad, Alonso Mallón, así como por tenencia ilícita de armas. En todo caso, su detención y la persecución indiscriminada y arbitraria contra Falange y los falangistas fue orquestada por el Gobierno del Frente Popular surgido de las elecciones fraudulentas de febrero del 36.
El jefe falangista solo cuando la lista de falangistas asesinados por los socialistas se hizo insoportable autorizó las represalias. Hasta entonces, a José Antonio le llamaban Juan Simón el Enterrador y a los falangistas los tildaban de franciscanitas, mofándose de ellos dada su tendencia a dejar sin respuesta los atentados perpetrados en su contra.
Conocida fue la expulsión de Falange Española del aviador Juan Antonio Ansaldo al proponer la violencia indiscriminada y continua contra la izquierda, cuestión esta que rechazó tajantemente José Antonio. Ansaldo fue el piloto de la avioneta que se estrelló al despegar y que pretendía trasladar al general Sanjurjo desde Portugal a España para ponerse al mando del Alzamiento del 18 de julio.
Jiménez de Asúa, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Madrid, era conocido de José Antonio y compañero del Colegio de Abogados de Madrid. El jefe de Falange nunca hubiese autorizado una agresión contra él. Sin embargo, desde las elecciones de febrero del 36, la Segunda República había perdido su norte y la violencia callejera, principalmente orquestada por los socialistas y dirigida contra los falangistas y los carlistas, era el pan nuestro de cada día.
La prisión de Alicante y la relación con el Alzamiento
La estancia de José Antonio en la Cárcel Modelo de Madrid —el Gobierno del Frente Popular lo quería preso a toda costa—, previo paso por los calabozos de la Dirección General de Seguridad y los del Tribunal Supremo, duró hasta su traslado a Alicante.
En paralelo a ello, Falange Española de las JONS fue suspendida de sus actividades, pasando a la clandestinidad, y ya de nada sirvió que el Tribunal Supremo anulara esa ilegalidad mediante sentencia de fecha 8 de junio del 36. Era tarde.
Faltaban cuarenta días para el Alzamiento cívico-militar del 18 de julio y los ánimos y el ambiente auguraban, como así fue, un inminente conflicto armado. José Antonio había designado como su abogado a Melquíades Álvarez, decano del Colegio de Abogados de Madrid, el cual aceptó el encargo, pero este no pudo nada más que llevar a cabo los trámites iniciales, ya que primero el traslado de José Antonio a Alicante y después su asesinato en la Cárcel Modelo de Madrid el 23 de agosto del 36 le impidieron llevar a cabo defensa alguna.
Nada más llegar a Alicante, tanto él como su hermano Miguel, preso también y trasladado junto a él, fueron aislados, pero poco a poco su situación mejoró y la permisividad en su control fue en aumento, teniendo bastante tolerancia de visitas y comunicaciones.
Tanto el director de la prisión, Teodorico Serna, como el administrador de la cárcel, Manuel Molins, e igualmente el funcionario de prisiones Abundio Gil Cañaveras, jugaron un importante papel a su favor. Los tres trataron más que correctamente al jefe falangista, especialmente Abundio Gil; los otros dos cumplieron, de forma favorable hacia José Antonio, el reglamento de prisiones. De cualquier forma, hubo permisividad y buen trato hacia los hermanos Primo de Rivera.
Se permitieron las relaciones con otros presos falangistas, así como las visitas del exterior. La llegada a Alicante de su cuñada Margot Larios, esposa de su hermano Miguel, sirvió para acrecentar sus relaciones con camaradas y otras personas de fuera de la cárcel. También pudieron recibir correspondencia y prensa de todas las tendencias.
Especial relevancia tuvieron las visitas de Llanitos Marcos, afiliada a la Sección Femenina, que desde el principio fue uno de sus enlaces con la organización clandestina falangista de Alicante, así como con militares afines a Falange de esa guarnición.
Una vez dio comienzo el Alzamiento, todo cambió, ya que hubo mucho más rigor en la hasta ese momento relativa relajación respecto a sus relaciones con otros falangistas presos. Por otro lado, los contactos con el exterior cuasi cesaron.
A su cuñada Margot Larios la detuvieron y acusaron de rebelión militar, siendo condenada en el mismo juicio que se efectuó contra él a seis años de prisión. Por otro lado, desde el 18 de julio la única prensa que podían leer era la republicana, que naturalmente informaba a favor del Gobierno y en contra de los rebeldes. Todo ello hizo que, en parte, José Antonio tuviese bastante desconocimiento de lo que estaba ocurriendo, pues la información hacía referencia a los constantes triunfos del bando republicano y al total fracaso de la rebelión.
Falange, Franco y las dudas sobre la sublevación
La participación de Falange Española de las JONS en el Alzamiento, con la anuencia de José Antonio, no ofrece ninguna duda. Inclusive, en la medida de su situación, participó en la preparación del Alzamiento en Alicante, utilizando para ello tanto a la Falange local como a la red de militares profalangistas existentes en los diversos acuartelamientos de la zona.
Parece lógico pensar que José Antonio tuviera incertidumbre sobre si la sublevación iba a llevar a la implantación en España de los ideales y las propuestas políticas falangistas, aunque ello no fuese en aquel momento lo primordial.
Dudase o no, lo cierto es que durante el régimen de Franco tan solo en determinadas políticas sociales —vivienda, seguridad social, trabajadores— se lograron parte de sus objetivos. Lo demás fue una manipulación de su fondo que duró treinta y cinco años, así como una utilización de sus formas y, sobre todo, un dar a entender que su régimen era lo que realmente no era, dejando a los franco-falangistas parcelas de aparente poder. En realidad, nunca llegaron a tener el poder de verdad y fueron las otras familias políticas, especialmente la estrictamente católica y los militares, las que más lo detentaron.
José Antonio también sospecharía sobre si la sublevación iba a ser de rápida conclusión o si iba a dar lugar, como así fue, a un enfrentamiento de larga duración.
La idea de José Antonio no era que el Alzamiento diese lugar a una guerra civil, sino que fuese breve, sirviese para restablecer el orden y generase un Gobierno de concentración nacional con el proyecto de enderezar el rumbo perdido, profundamente antiespañol, anticristiano y marxista de la Segunda República.
José Antonio, a través de Manuel Hedilla y Rafael Garcerán —lo que visto posteriormente resulta paradójico—, entre otros, negoció con el general Mola las condiciones de la participación falangista en la sublevación. Estuvo al principio indeciso, siendo esta la causa de dos circulares contradictorias a las jefaturas territoriales y provinciales: la primera, de fecha 24 de junio, y la segunda, de fecha 29 de junio.
En la del día 24 ordena José Antonio que bajo ningún concepto se llegue a pacto alguno ni con el Ejército ni con fuerzas derechistas para que la Falange apoye el Alzamiento, porque ello supondría la «total desaparición de la Falange aun en el caso de triunfo», ya que únicamente se conseguiría «el día de mañana desfilar ante los fantasmones encaramados en el poder».
José Antonio seguía considerando que la Falange no debía actuar «formando parte como comparsa en un movimiento que no va a conducir a la implantación del Estado nacionalsindicalista…, sino a reinstaurar una mediocridad conservadora y burguesa orlada, para mayor escarnio, con el acompañamiento coreográfico de nuestras camisas azules».
Sin embargo, en la del día 29 varía su postura y fija las condiciones de la participación falangista en la rebelión. Es un documento esencial para comprender el comportamiento de los falangistas —no de todos— que el 19 de abril del 37, cuando la unificación franquista, no se mostrasen partidarios de esta. En el mismo se dan instrucciones a los jefes falangistas sobre sus relaciones con los militares, su participación en el Alzamiento y el mantenimiento de sus estructuras, organización y emblemas; en definitiva, de su independencia. El general Mola lo aceptó.
El juicio, el “enterado” y la ejecución
El proceso contra José Antonio en Alicante, que terminaría con su condena y asesinato, se instruyó en agosto y septiembre del 36. La sentencia estaba dictada de antemano y tanto el Partido Comunista como el sector más radical del PSOE la impusieron. Igualmente, la FAI-CNT estaba por la labor.
El nombramiento del anarquoterrorista Juan García Oliver como ministro de Justicia el 4 de noviembre de 1936 apoyó esa postura. El presidente del Consejo de Ministros, Francisco Largo Caballero, socialista radical, también era partidario de ejecutar a José Antonio.
Un personaje crucial de la condena a muerte fue el juez comunista Francisco Enjuto Ferrán, instructor del sumario, el cual aceptó un soborno económico de dos millones de pesetas, que nunca le pagaron, para que se consiguiese condenar y asesinar a José Antonio. Él se los cobró con creces, llevándose por su cuenta a Francia para su venta varios cuadros robados del Museo del Prado. Así lo cuenta el letrado y divulgador de historia falangista Juan Manuel Cepeda en El Debate de 23 de julio de 2022.
El fiscal Vidal Gil Tirado, sin vínculos con los partidos del Frente Popular pero sí con el anarquismo, pidió la pena de muerte para el líder falangista.
El juicio, que duró dos días, tuvo apariencia de legalidad, con magistrados, fiscal, abogados y jurado —compuesto este por representantes de los partidos del Frente Popular—, lo que da cuenta claramente del grado de objetividad que tenía: ninguno. Tras el juicio, Vidal Gil Tirado fue recompensado con el nombramiento de magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Tanto el instructor Enjuto como el fiscal Gil Tirado asistieron a varias reuniones celebradas en Valencia entre el 7 y el 12 de noviembre del 36 —el Gobierno de la República se había establecido en Valencia el 6 de noviembre— a instancias del nuevo ministro de Justicia, García Oliver, al objeto de terminar la instrucción, iniciar el juicio, acelerarlo y terminarlo con rapidez y "ejecutar" a José Antonio.
Las dudas históricas sobre “el enterado”
"El enterado" de la sentencia es un tema polémico, pues son varias las versiones acerca de si el Gobierno lo dio y, en consecuencia, se fusiló a José Antonio o, por el contrario, no llegó a darlo y se le fusiló precipitadamente sin el obligatorio enterado y, por lo tanto, sin el conocimiento del Gobierno republicano o, por lo menos, de parte de ese Gobierno.
En sus memorias tituladas Mis recuerdos. Cartas a un amigo, publicadas por Ediciones Unidas en México en 1976, Francisco Largo Caballero manifiesta que ello no se trató en el Consejo, puesto que este se celebró el día 20 y no hubo ocasión de debatir el asunto porque esa mañana ya habían fusilado a José Antonio en Alicante sin conocimiento del Gabinete.
Largo Caballero miente en lo relativo a que el Consejo de Ministros se celebró el día 20 de noviembre y supongo que lo hace para quitarse de encima cualquier responsabilidad. Murió en París en el año 1946, después de haber pasado la Segunda Guerra Mundial primero en la Francia de Vichy, donde el gobierno colaboracionista del general Pétain nunca lo extraditó a las autoridades franquistas, y posteriormente en el campo de concentración de Sachsenhausen, adonde fue llevado por la Gestapo. Una vez finalizada la guerra mundial, tras ser liberado, se trasladó a París.
La prueba de que falta a la verdad la tenemos en la prensa republicana de la época. El diario La Vanguardia de Barcelona, en la página 5 del día 20 de noviembre del 36, informa de que el Consejo de Ministros se reunió el 19 de noviembre a las cuatro de la tarde
Historiadores izquierdistas como Paul Preston (Las tres Españas del 36, Plaza y Janés, Barcelona, 1998) e Ian Gibson (Prisión y muerte de José Antonio, Historia 16, n.º 127, noviembre de 1986) han dado por buena la versión de Largo Caballero sin profundizar e investigar acerca de lo que verdaderamente aconteció. Simplemente se creyeron lo que este dijo dándolo por bueno.
Las dudas sobre “el enterado” y la ejecución
Inclusive el histórico dirigente socialista José Prat, en el programa La Clave de TVE sobre José Antonio, de fecha 20 de noviembre de 1981, dijo lo mismo, indicando que lo hizo porque así se lo manifestó Largo Caballero.
Yo no tengo nada claro que "el enterado" se tratase en el Consejo de Ministros y que este lo concediese. Mis dudas nacen de los siguientes hechos:
1.- El pelotón de ejecución se formó mayoritariamente por milicianos anarquistas —recordemos que García Oliver era anarquista— y no por guardias de asalto, como era preceptivo, y de esa transgresión se puede deducir que había quienes querían ejecutarlo cuanto antes, prescindiendo de votación alguna del Consejo de Ministros ante el temor de que hubiese una mayoría contraria a la ejecución.
Aquí es esencial el hecho de que el pelotón de ejecución lo mandaba un militante anarquista, Guillermo Toscano, que fue quien disparó el tiro de gracia a José Antonio tras la ejecución. Toscano fue ejecutado en 1941 por esa causa. Este seguía instrucciones de Ramón Llopis, que era uno de los jefes anarquistas de Alicante y hombre de García Oliver en la ciudad de la luz, amén de presidente de la Comisión de Justicia y Orden Público del Frente Popular de Alicante. Llopis, al terminar la Guerra Civil, huyó a la Argentina, muriendo en la ciudad de Avellaneda en 1961.
2.- Largo Caballero no tenía asegurada la aprobación de “el enterado” si este se sometiese al Gobierno. A favor estaban los anarquistas Juan Peiró, Juan López y Federica Montseny, con Juan García Oliver a la cabeza, al igual que el socialista Largo Caballero. También eran partidarios de dar el enterado los comunistas Vicente Uribe y Jesús Hernández. No querían dar “el enterado” ni Indalecio Prieto ni Juan Negrín, enemigos declarados de Francisco Largo Caballero, ni Julio Álvarez del Vayo, ni Anastasio de Gracia, ni Ángel Galarza, también socialistas.
Álvarez del Vayo era seguidor de Largo Caballero, pero defendía el canje de José Antonio por el hijo de Largo Caballero preso en zona nacional. Tampoco lo eran los ministros de Izquierda Republicana Julio Just ni Carlos Esplá. Este último, ministro de Propaganda y hombre de Azaña en el Consejo de Ministros, llevaba instrucciones concretas del presidente de la República para oponerse a la ejecución y lograr el indulto. Tampoco la querían el ministro moderado, miembro de Unión Republicana, Bernardo Giner de los Ríos, ni el nacionalista catalán Jaime Aiguadé.
3.- No estaban en Valencia los ministros José Giral y Manuel Irujo, también contrarios al fusilamiento del líder falangista, por lo que cualquier maniobra en el Consejo de Ministros del 19 de noviembre tendente a retrasar la decisión debido a esas ausencias hubiese sido contraria a los deseos de Largo Caballero y de García Oliver.
4.- El que se plantease el indulto y el canje de José Antonio por su hijo no era bien visto por Largo Caballero, ya que supondría, de llevarse a cabo, una merma de su autoridad, así como un signo de debilidad frente al Partido Comunista y a sus propios compañeros del PSOE, especialmente Prieto. A Largo Caballero no le interesaba que ese tema se discutiese en el Consejo de Ministros. Tampoco tenía la seguridad de que a su hijo lo fuesen a fusilar los franquistas que, en 1943, y tras pasar por varias cárceles, lo pusieron en libertad, autoexiliándose en México, donde murió en el año 2001.
5.- También habría que tener en cuenta que, en la información a la prensa de lo tratado por el Consejo de Ministros celebrado el día 19, facilitada por el comunista Jesús Hernández, se dio cuenta de muchos temas —militares, económicos, de orden público, etc.—, pero nada se dijo acerca de "el enterado", por lo que se puede deducir, dada la importancia de la cuestión, que nada se habló al respecto.
6.- Por otro lado, no existe acta o testimonios directos de lo tratado en el Consejo de Ministros, tan solo referencias indirectas del tipo: «me han contado que este dijo» o «según fulanito, que no estuvo pero que recibió información, tal ministro afirmó que…», a excepción de la breve información dada por el comunista Jesús Hernández al término de la reunión.
Indalecio Prieto y José Antonio
Indalecio Prieto no era partidario de la ejecución. Propugnaba su posible canje por algún dirigente republicano o personaje importante preso en zona nacional, o incluso por dinero, lo que conllevaría, de llevarse a cabo, la incorporación de José Antonio al bando rebelde, con la posibilidad de un enfrentamiento con Franco debido a la inestabilidad político-militar que ello implicaría. Prieto no dudaba de la capacidad política de José Antonio y era consciente de las diferencias que tenía con Franco.
El 13 de octubre de 1947, página 5, en La Gaceta Oficial de la República en el exilio (1945-1949), que a partir de 1945 —año en el que se reanudó su publicación primero en México y después en París— había pasado a ser también un periódico de noticias y opinión, Indalecio Prieto publicó un artículo titulado José Antonio contra Franco, en donde expone su posición al respecto.
De los escritos de Indalecio Prieto se puede inferir que no quería que se fusilase a José Antonio, al que veía como un hombre con una marcada actitud prosocial, grandes dotes parlamentarias y un profundo amor a España, en lo que coincidía con él. Se conocían del Parlamento, donde Prieto había escuchado infinidad de veces a José Antonio, estando de acuerdo ambos en la necesidad de una reforma agraria, así como en su defensa de la idea de España y su unidad. También sabía de su intento de mediación para poner fin al conflicto ya iniciada la guerra, por desgracia no aceptado, estando preso en Alicante.
Antes de la ejecución de José Antonio, Prieto ya había intervenido a favor de este, de su hermano Miguel y de su cuñada Margot Larios, cuando supo que la FAI quería, en agosto del 36, sacarlos de la cárcel, llevarlos supuestamente a Cartagena y, en el camino, asesinarlos. Prieto, a través de Antonio Cañizares, miembro de la UGT y dirigente del PSOE, logró convencer a los anarquistas y demás miembros del Comité de Orden Público de Alicante para que no llevasen a cabo la tentativa de esos crímenes. A la postre no se salvó a José Antonio, pero gracias a esta intervención salvaron su vida Miguel Primo de Rivera y Margot Larios.
Prieto y José Antonio habían hablado solo una vez. Fue en junio de 1934 en el Congreso, con motivo de la petición de dos suplicatorios solicitados por el Tribunal Supremo para procesar al socialista Juan Lozano y a José Antonio por tenencia ilícita de armas, concediéndose el primero y no así el segundo. Indalecio Prieto intervino abogando por la denegación de los suplicatorios y José Antonio se lo agradeció públicamente, dirigiendo a los diputados unas breves palabras y yendo después a su escaño para darle la mano y reiterarle su gratitud.
Siempre había escuchado sobre cierta relación y afinidad entre el líder socialista y José Antonio; por eso no me sorprendió cuando leí al escritor y periodista José María García de Tuñón —revista digital La Razón de la Proa, en diciembre de 2021—, quien, poniéndolo en boca del cineasta y antiguo miembro de la División Azul Luis García Berlanga, y citando este último a Diego Martínez Barrio, ministro de la Guerra entre 1933 y 1934 y amigo de su padre, afirmaba que este había sido testigo de al menos una conversación política entre el dirigente socialista y José Antonio.
En el mismo artículo, García de Tuñón cita al biógrafo de Juan Negrín, último presidente del Gobierno de la República durante la Guerra Civil, Joan Larch, que en su libro sobre Negrín dice que «José Antonio podía haberse entendido perfectamente con Indalecio Prieto, añadiendo que las simpatías de Negrín y Prieto hacia el fundador de Falange eran innegables, a pesar de que no compartían su ideario. Pero sí el amor a España por encima de toda contingencia política».
La hipótesis final sobre la ejecución
¿Qué pasó entonces con “el enterado” y el asesinato de José Antonio?
Mi deducción es que Francisco Largo Caballero y Juan García Oliver se adelantaron y actuaron por su cuenta al margen del gabinete ministerial. Al hacerlo evitaban debate y votación alguna, y la no presencia de José Giral y Manuel Irujo pasaba a ser irrelevante. En ese sentido, Largo Caballero dio “el enterado” por su cuenta y riesgo, pero no el Gobierno, comunicándolo al Tribunal de Alicante para que procediesen a preparar la "ejecución", ocupándose García Oliver del pelotón de fusilamiento y de que se llevara a cabo la mañana del día 20 de noviembre.
¿Qué ocurre entonces con los documentos y telegramas que acreditan aparentemente que sí hubo un “enterado” del Gobierno?
Los documentos, telegramas, etc., existen, especialmente el informe del asesor jurídico del Ministerio de la Guerra Emilio Valldecabras, de fecha 19 de noviembre, en donde, en resumen, aconseja la no procedencia del ejercicio del derecho de gracia y que se ejecute la sentencia. Una copia fue publicada por el diario La Vanguardia, ya en manos de los nacionales, en su número 22.592 del 15 de febrero de 1939, en portada, bajo el título La Justicia de los Rojos.
Emilio Valldecabras fue ejecutado por los nacionales el 17 de enero de 1940 por el solo hecho de ser el autor de ese informe. En mi opinión, fue una ejecución injusta motivada por la venganza. Él se limitó a emitir un dictamen para su jefe Francisco Largo Caballero que, según su familia, fue hecho de acuerdo con los deseos de este. En todo caso, esos informes eran preceptivos y, por regla general, y salvo circunstancias políticas extraordinarias, siempre recomendaban el cumplimiento de la pena de muerte, más aún en esta ocasión, en la que el propio Tribunal Popular amparaba la no conmutación de la pena.
Igualmente, están los telegramas de fecha 19 de noviembre cursados por Largo Caballero al Tribunal Popular de Alicante, a su presidente y a la Fiscalía, concediendo «el enterado» en nombre del Gobierno.
Largo Caballero sabía lo que hacía y por eso, junto a García Oliver, forzó el desarrollo de los acontecimientos. Nada iba a pasarle por haberse saltado, como así creo que fue, la discusión acerca de la ejecución de José Antonio en el Consejo de Ministros. Estaban en plena guerra civil y otros temas de mayor calado para el Gobierno de la República taparían cualquier irregularidad que cometiese. Lo más, y seguramente así sucedió, fue que algún ministro se lo echó en cara y punto, pero dentro del contexto de la enorme división interna del Partido Socialista y sin consecuencia alguna.
