Cuando la tragedia desnuda a un Estado
El devastador terremoto que ha sacudido Venezuela ha puesto de manifiesto una realidad que trasciende la fuerza de la naturaleza. Las víctimas no solo han tenido que enfrentarse al derrumbe de edificios y hogares, sino también al colapso de unas estructuras públicas incapaces de ofrecer una respuesta eficaz en los momentos de mayor necesidad.
Un desastre agravado por décadas de deterioro
Toda catástrofe natural pone a prueba la solidez de un país. La diferencia entre una tragedia contenida y otra convertida en calamidad suele depender de la capacidad de las instituciones para proteger a sus ciudadanos. En Venezuela, el terremoto del pasado 24 de junio ha evidenciado que esa capacidad prácticamente ha desaparecido.
Durante años, el progresivo desmantelamiento de los servicios públicos ha dejado al país sin los recursos humanos, materiales y organizativos imprescindibles para afrontar una emergencia de semejante magnitud. Ambulancias insuficientes, hospitales sin medios, equipos de rescate precarios y una administración incapaz de coordinar la ayuda conforman un escenario que multiplica el sufrimiento de quienes lo han perdido todo.
El coste humano de la corrupción
Las desgracias naturales son inevitables; las políticas que agravan sus consecuencias, no. Cuando el poder deja de entenderse como un servicio para convertirse en un instrumento de dominio, clientelismo y enriquecimiento, las primeras víctimas son siempre los ciudadanos más vulnerables.
Durante más de dos décadas, Venezuela ha visto cómo una parte extraordinaria de sus recursos era desviada hacia proyectos ideológicos, redes clientelares y alianzas internacionales que poco tenían que ver con las necesidades reales de la población. Mientras tanto, infraestructuras esenciales se deterioraban, la sanidad se debilitaba y los mecanismos de protección civil quedaban reducidos a una mera apariencia administrativa.
El resultado no es únicamente una economía devastada, sino un Estado incapaz de cumplir la misión para la que existe: proteger la vida de sus ciudadanos.
Una pesada herencia para las próximas generaciones
A esta realidad se añade una enorme carga financiera que condicionará durante décadas cualquier intento de recuperación. El elevado endeudamiento acumulado por el Estado venezolano limita extraordinariamente su margen de actuación precisamente cuando más recursos serían necesarios para atender a los damnificados y reconstruir las zonas afectadas.
Las obligaciones financieras contraídas durante años representan una hipoteca que terminarán soportando generaciones enteras de venezolanos. No solo dificultan la recuperación inmediata tras el terremoto, sino que comprometen también el futuro desarrollo económico y social del país.
Una advertencia que trasciende las fronteras
Desde La Razón de la Proa, contemplamos con profundo dolor el sufrimiento del pueblo venezolano, unido históricamente a España por lazos familiares, culturales y espirituales que forman parte de una misma comunidad hispánica.
Pero esta tragedia también deja una enseñanza que debería ser motivo de reflexión para cualquier nación. Ningún Estado puede sostenerse indefinidamente cuando sustituye el bien común por el interés de quienes lo administran, cuando la transparencia desaparece y cuando la gestión pública deja de orientarse al servicio de la persona.
Los terremotos no pueden evitarse. Lo que sí puede evitarse es que miles de personas queden abandonadas bajo los escombros por la incapacidad de unas instituciones vaciadas durante años de responsabilidad, eficacia y sentido del deber. Cuando un Estado olvida que existe para servir a su pueblo, la tragedia natural acaba convirtiéndose, inevitablemente, en una tragedia política y moral.
