Un descenso que no resuelve los problemas de fondo

España ha logrado en el segundo trimestre de 2026 reducir su tasa de paro al 9,87 %, el nivel más bajo desde 2008, con 2.495.300 personas desempleadas y un récord de 22,78 millones de ocupados, según la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2026). Este descenso se produce en paralelo a un intenso flujo migratorio que ha elevado la población nacida en el extranjero por encima de los 10 millones de personas. Una mirada crítica revela que se trata de un alivio superficial que oculta el fracaso estructural de las medidas implementadas y una dependencia creciente de la inmigración para maquillar las deficiencias del mercado de trabajo.

Los trabajadores extranjeros registran tasas de paro superiores a las de los nacionales, en torno al 14-17 % frente a cifras más bajas entre los españoles. Esta brecha se explica por su concentración en sectores de baja cualificación. No obstante, afirmar que la inmigración es la principal causa del desempleo residual es un error. Un estudio de Ismael Gálvez para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) concluye que la mayor parte de los estudios apuntan a impactos pequeños o insignificantes sobre el empleo y el salario de los nativos (Gálvez, 2025). Los efectos medios suelen ser modestos y pueden incluso ser positivos cuando inmigrantes y nativos tienden a especializarse en tareas distintas (Gálvez, 2025). La evidencia del Banco de España confirma que el mercado ha absorbido millones de inmigrantes sin reducir las oportunidades de los nativos (Banco de España, 2026).

La reforma laboral de 2021: avances y límites

El verdadero problema radica en las políticas de empleo del Gobierno. La reforma laboral de 2021, presentada como histórica, ha reducido la temporalidad contractual, pero no ha resuelto la dualidad del mercado ni impulsado la productividad, que permanece estancada. El Ejecutivo se ha limitado a fomentar el empleo público y a depender de la llegada masiva de inmigrantes para cubrir vacantes en hostelería, agricultura y cuidados, mientras el paro juvenil sigue en el 23,8 % y el de larga duración afecta a casi la mitad de los desempleados. En lugar de activar a los más de dos millones de españoles parados mediante formación efectiva, incentivos al empleo y reformas educativas serias, se ha optado por una vía fácil: importar mano de obra.

Esta estrategia tiene un coste. La inmigración sostiene el crecimiento del PIB —aportó alrededor de 1,7 puntos porcentuales anuales entre 2022 y 2025—, pero concentra a los nativos en ocupaciones de mayor valor solo porque el Gobierno no ha sido capaz de crear un entorno que eleve la cualificación general. Los españoles de baja formación siguen compitiendo en un mercado tensionado por la oferta migratoria, y las políticas de rentas mínimas, aunque necesarias en algunos casos, generan desincentivos al trabajo que el Ejecutivo no ha corregido con suficiente contundencia. Mientras se regulariza a cientos de miles de inmigrantes, se desatiende la inserción de mayores de 45 años y mujeres, colectivos donde el paro se resiste a bajar de forma sostenida.

Récords de afiliación y problemas pendientes

El Gobierno presume de récords de afiliación, pero omite que una parte del empleo creado desde 2019 corresponde a extranjeros y que la tasa de paro española es de las más altas de la Unión Europea. Las rigideces residuales, la burocracia que dificulta la creación de empresas y la falta de una política migratoria selectiva vinculada a las necesidades reales del tejido productivo evidencian una gestión reactiva, no estratégica. Celebrar el 9,87 % sin abordar la baja productividad y el desajuste formativo es una operación de márquetin político.

La inmigración no es el enemigo; es un síntoma de que las políticas de empleo han fallado en activar el potencial de la población residente. Se necesita una reforma profunda que combine una selección de los inmigrantes, formación dual efectiva, reducción de barreras a la contratación y evaluación rigurosa de las prestaciones. Solo así se evitará que el descenso del paro sea coyuntural y dependiente de flujos externos. El Gobierno es el responsable no debiendo esconderse detrás de las cifras y afrontando las debilidades estructurales que sus propias medidas no han corregido.

Referencias:

• Banco de España. (2026). Informe anual 2025. Banco de España.
• Gálvez, I. (2025). Inmigración y mercado de trabajo: revisión y evidencia para España (Estudios sobre la Economía Española n.º 2025-15).
• FEDEA. Instituto Nacional de Estadística. (2026). Encuesta de Población Activa. Segundo trimestre 2026. https://www.ine.es