Génesis del nacionalismo en Cataluña

Se ha repetido como algo incuestionable, evidente y objetivo que el catalanismo cultural, ocupando la mayor parte del siglo XIX, precedió al catalanismo político, que se gestó a fines de la centuria y se lanzó a la palestra a principios del siglo XX, después del desastre colonial del 98. Según esta interpretación, el nacionalismo catalán de 1900 vendría preparado a lo largo de casi todo el siglo XIX por un catalanismo puramente cultural, reducido a una élite de eruditos y poetas de mentalidad conservadora, movilizados por el romanticismo, que revalorizó el folclore y las raíces medievales de los pueblos europeos. Pero ese esquema no corresponde a la realidad histórica.

Como señala Félix Cucurull en su antología titulada Panorámica del nacionalisme català, sería absurdo negar la importancia del llamado catalanismo cultural, pero no podemos considerarlo como el fenómeno determinante de la evolución política de Cataluña, sino como una de las facetas que la caracterizan, yendo casi siempre a remolque de la acción y la teorización del catalanismo político.

Así pues, el catalanismo no empezó siendo la actitud de una élite intelectual burguesa para convertirse mucho más tarde en un movimiento político de masas. Por el contrario, cuando todavía no contaba con una doctrina política precisa, la conciencia de catalanidad se expresó y se desarrolló imprecisamente a través de una serie de movimientos populares y de insurrecciones plebeyas, que jalonan todo el siglo XIX y que muy tempranamente fueron calificadas de separatistas por las autoridades y por la mayor parte de la prensa de Madrid, que veían como una ambición desorbitada y humillante la aspiración de muchos ciudadanos catalanes a una reestructuración confederal del Estado español como premisa para alcanzar una democracia auténtica y abrir un periodo de reformas sociales.

Al catalanismo político se le llamó primero provincianismo, que era la toma de conciencia catalana de su peculiaridad jurídica y sociocultural y del hecho diferenciador que ello significaba respecto al conjunto del Estado español.

Los gobiernos liberales isabelinos, herederos administrativos de Fernando VII, pretendieron imponer el centralismo mediante la división administrativa de Cataluña en las actuales cuatro provincias. Y a ello se opusieron, en primer lugar, los carlistas, que contrarios al liberalismo y al centralismo, propusieron al pueblo catalán el fuerismo.

Por su parte los liberales federalistas desarrollaron una corriente de opinión contraria al crecimiento de la burocracia, el centralismo y la ocupación de los puestos en la administración catalana por parte de castellanos.

Símbolo de la evolución radical provincianista a finales de 1836 fue el panfleto La Bandera, anti nobiliario, revolucionario y proclamador de la independencia de Cataluña. Este hecho alarmó a la burguesía barcelonesa representada por la Comisión de Fábricas, predecesora del Fomento del Trabajo Nacional, que ayudó al gobierno de Madrid a combatir todo intento subversivo.

En enero de 1837, a las primeras medidas represivas se respondió con la fracasada insurrección de los batallones de la blusa y de zapadores. Y como consecuencia de los sucesos fue destituido el Ayuntamiento progresista de Barcelona y fueron deportados a Canarias varios dirigentes de la izquierda liberal.

Tras unos años de aparente tranquilidad, el provincialismo volvió a resurgir con el desarrollo de la segunda guerra carlista en Cataluña, entre 1846-1889, en defensa del fuerismo, entendido como la reinstauración de las instituciones y la legislación anterior a 1714. Este levantamiento carlista sirvió para que entraran en acción partidas guerrilleras democráticas y republicanas que diversificaron los frentes de batalla, que, en ocasiones, formaron cuerpos conjuntos con los carlistas, a quienes un ejército regular y bien equipado tuvo problemas para batir.

Hacia 1857 y apoyándose en el resurgimiento de la estima por la cultura propia, el provincianismo daría paso al regionalismo. La plasmación de este cambio cortaba transversalmente todo el espectro político y participaban en él desde carlistas y conservadores hasta republicanos. Sus principales ideólogos eran el escritor y periodista liberal-conservador Mañé y Flaquer, Joan Illas i Vidal (Cataluña en España), Duran i Bas (Catalanismo no es provincianismo) y Cortada (Catalunya i els catalans), quienes sintetizaban las posiciones regionalistas en la afirmación de que «es santo el amor a la patria, y nuestra patria es Cataluña».

Ante la incomprensión de Madrid al hecho diferencial catalán y su propensión a la utilización de la fuerza como única arma de resolver las discrepancias, como por ejemplo ocurriera con el bombardeo de Barcelona por parte de Espartero en 1842, Joan Illas i Vidal, en un opúsculo titulado Cuestiones catalanas, se expresaba así:

«Muchos piensan que hay que tratar con rigor a Cataluña, pues haberla tratado con demasiada blandura, es causa de su soberbia. ¿Y qué rigor se ha de emplear en Cataluña? ¿El rigor del sable? Hace tiempo que lo conoce. ¿El rigor de no atender a sus súplicas sean o no justas?».

Sin embargo, y a pesar de las tensiones entre órganos de dirección y legislación del Estado y las autoridades e intelectuales catalanes, durante la segunda década conservadora del reinado de Isabel II los distintos gobiernos centralistas siguieron contando con el apoyo de la burguesía catalana, que tras el auge económico de 1857 a 1866, pudo sobrellevar sin demasiados problemas los vaivenes económicos de 1866 al 1868 gracias a la represión que sufría el movimiento obrero.

Pero en el año 1868, la burguesía catalana, imposibilitada de operar con los medios propios, fue identificando mayoritariamente sus deseos de cambio democrático con el ideario de su paisano Juan Prim, al tiempo que una minoría se posicionaba con los postulados de los republicanos federalistas, dirigidos por Pi i Margall, Figueras y Almirall.

En el transcurso de la revolución de septiembre de 1868, que supuso el destronamiento de la reina Isabel II, se formó en Barcelona una junta que tomó una serie de medidas como fueron el derribo de la Ciudadela, la abolición de los impuestos de consumo, la supresión de las quintas y la creación de los batallones de voluntarios de la libertad.

En la Junta colaboraron progresistas y republicanos federalistas, que presentaron sus candidatos a la convocatoria de Cortes constituyentes para elegir la forma del futuro Estado. De las 37 actas de diputados para Cataluña, 28 fueron para republicanos federalistas, que quedaron en minoría ante la aplastante representación de diputados monárquicos.

Como consecuencia la diferenciación ideológica catalana comenzó en esos momentos uno de los hechos más destacados de esa ruptura diferenciadora, la redacción de las Bases para la Constitución federal de la Nación Española y para la del Estado de Cataluña, de Valentí Almirall, las cuales, para quien se interesa por el tema, han sido estudiadas y analizadas por Juan J. Trías Vejarano, en su imprescindible libro, Almirall y los orígenes del catalanismo.

El diario El Estado Catalán, fundado en mayo de 1869 por Valentí Almirall, propulsó la firma del Pacto de Tortosa, entre los comités federales de Cataluña, Baleares, País Valenciano y Aragón.

Ambos pasos pretendían sentar las bases de un nuevo Estado español (equiparado todavía al concepto de nación), conformado por varios estados regionales federados. Pero ni republicanos ni centralistas consiguieron entenderse; tal vez ni lo pretendieron. La respuesta de la prensa (no solo madrileña sino incluso de algún rotativo barcelonés) calificó el pacto de separatista y condenó la pretensión federal. Presagiando que esto ocurriría, en el Pacto de Tortosa se exponía:

«Que no se interprete mal el pensamiento que ha presidido a la confederación de los republicanos de estas provincias. No se nos oculta que nuestra resolución ha de despertar recelos reales o fingidos, de futuros proyectos de separación o segregación de esas provincias del resto de España. Protestamos desde luego de tal acusación. Sabemos bien lo que queremos y a dónde vamos, y no tenemos para qué ocultar nuestros propósitos. Somos republicanos, creemos que la república democrática sólo es posible en España, bajo una organización federal; pero cómo nadie ignora, la federación no es la separación. Cuando estas provincias confederadas protesten contra la tiranía y la resistan protestarán y resistirán en nombre de toda España, y no cejarán en sus propósitos y redoblarán sus esfuerzos, seguros de que los secundarán las demás provincias hermanas, y lucharán hasta que nuestra patria se constituya sobre la base de una organización federal y descentralizadora, la más apropiada a un pueblo de las condiciones especiales del nuestro, regido por instituciones democráticas».

La derrota republicana en las Cortes y la elección como rey de Amadeo I, condujo a que gran parte de los federalistas catalanes se apartaran -momentáneamente- desengañados de la política.

Cosa que no se produjo en el campo carlista, ya que estos se levantaron en armas a favor de su rey Carlos VII, que para recibir el apoyo de los antiguos territorios que configuraron el reino de Aragón redactó una proclama federalista en julio de 1872 en la que prometía que:

«Como mantenedor de todas las justicias os devuelvo vuestros derechos históricos y para hacerlo, os llamaré y de común acuerdo podremos adaptarlos a las exigencias de nuestro tiempo».

Queda claro que los carlistas catalanes anteponían la defensa de los derechos históricos perdidos por el Decreto de Nueva Planta de 1716, la defensa del Derecho Civil Catalán y sobre todo la defensa de la lengua catalana, a la que defendían como propia para el Principado, a toda otra consideración. Es decir, si el rey Carlos VII los defendía, los carlistas catalanes defenderían como contrapartida su causa. Este hecho es de una gran importancia histórica, porque posteriormente, muchos carlistas desengañados, entre los que destaca Macià, se pasarían con armas y bagajes al campo más intransigentemente nacionalista catalán cuando se constituyó Solidaritat Catalana, en 1907, como veremos más adelante. Cosa que ocurriría también con los vascos, ya que un antiguo carlista fervoroso, Sabino Arana, se pasaría al campo nacionalista para fundar el Partido Nacionalista Vasco.

Ante el desarrollo de la guerra carlista, la presión de los monárquicos alfonsinos y el grave conflicto cubano, Amadeo I abdicó el 11 de febrero de 1873, con lo que se dio paso la proclamación de la Primera República. En Barcelona se hicieron pronunciamientos para que la Diputación, en unión con las de Tarragona, Lérida y Gerona, proclamase el Estado catalán federado con la República Española. Este hecho fue desaconsejado por los líderes republicanos del federalismo, Almirall, Pi i Margall y Figueras, que apostaron por la reunión de unas Cortes constituyentes mayoritariamente federales que dictaran, como así se hizo, una constitución federalista en 1873.

La continuación de la guerra carlista, el desbordamiento de los federalistas intransigentes que llevaron a proclamar los Estados cantonalistas, como el de Cartagena, y la grave situación en Cuba, hicieron que el general Pavía, manu militari, disolviera el Congreso estableciendo una dictadura republicana presidida por el general Serrano, que sería barrida por el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto el 28 de diciembre de 1874. Esta situación traería de nuevo la monarquía de Alfonso XII.

El panorama político catalán durante el último cuarto del siglo XIX se caracterizó por el apoyo de la burguesía dirigente al sistema restauracionista, garante de la estabilidad política y defensor de un proteccionismo que eran debidamente respaldados desde Barcelona. La práctica bipartidista se mantuvo en Cataluña, por lo que algunos historiadores han calificado el hecho de “sucursalista”, si bien no era otra cosa que la plasmación de un reflejo político, en el Principado, del resto de España.

El partido conservador de Cánovas del Castillo tuvo como principales dirigentes a Manuel Girona –presidente del Banco de Cataluña y nombrado alcalde de Barcelona en 1875-. Josep Ferrer Vidal –presidente del Fomento del Trabajo Nacional y magnate de la industria algodonera-, Duran i Bas y Mañé i Flaquer, director del Diario de Barcelona. El segundo gran partido fue el liberal-fusionista de Sagasta, más fragmentado en su composición catalana a pesar de su reducido tamaño. Los principales dirigentes fueron Rius i Taulet –alcalde de Barcelona y promotor de la Exposición de 1888, y los hermanos Godó, empresarios y banqueros que en 1881 fundaron La Vanguardia, órgano del liberalismo catalán.

En este contexto, el catalanismo político surgió de la mano de Valentí Almirall con la publicación por primera vez en catalán de un diario con el título de Diari Català, en el año 1879.

Desde sus páginas se convocaría en 1880 el Primer Congrés Catalanista buscando la conformación de un amplio grupo en el que tuvieran cabida los federales catalanes y la apolítica revista La Reinaisença. Para ampliar su radio de captación, ese frente amplio debería mantener unas bases ideológicas lo más diversas posibles, por lo que tras la fundación del Centre Català se propusieron entre otros acuerdos, el de velar por la vigencia del Derecho Civil Catalán y la creación de una Academia de la Lengua Catalana. 

El Centre Català culminaría su movimiento reivindicativo más notorio con la presentación del Memorial de greuges al rey Alfonso XII y en el que con un tono respetuoso y moderado se le exponía:

«No tenemos, Señor, la pretensión de debilitar, ni todavía menos atacar la gloriosa unidad de la patria española; al contrario, deseamos reforzarla y consolidarla; pero entendemos que para conseguirlo no es un buen camino ahogar y destruir la vida regional para substituirla por la del centro, sino que creemos que lo conveniente, a la vez que justo, es dar expansión, desarrollo y vida espontánea y libre a las diversas provincias de España para que de todas partes de la península salga la gloria y la grandeza de la Nación española. Aquello que nosotros deseamos, Señor, es que en España se implante un sistema regional adecuado a las condiciones actuales de ella.  Lo deseamos no solo para Cataluña sino para todas las provincias de España; y si hablamos en nombre de Cataluña es porque, además, somos catalanes y porque en estos momentos sentimos como nunca hemos sentido los males que el centralismo causa. Señor: se nos arrancó de cuajo nuestro sistema administrativo para ser substituido, primero por el sistema castellano, y hoy por una copia imperfecta y viciosa del sistema francés. Sólo podemos utilizar nuestra lengua en nuestros hogares y en conversaciones familiares; desterrada de las escuelas, también lo ha estado más tarde de la contratación pública y además de los tribunales, en los cuales muchas veces, y por muy ilustrados que sean, ni los jueces entienden a los testigos y procesados, ni éstos entienden a los jueces. Se ha de reconocer que la industria del nuestro país ha tenido que hacer grandes esfuerzos por sostenerse y todavía aumentar en ciertos ramos, en medio de la inestabilidad legislativa y falta de fijeza de criterio gubernamental con que ha tenido que luchar. La situación normal de nuestro país ha sido durante muchos años la de guerras civiles, revolución, crisis y pronunciamientos continuados. Si bien la tendencia llamada librecambista no ha conseguido hasta ahora sus soluciones radicales a la legislación económica, se ha manifestado, no obstante, constantemente en todas las situaciones y desde hace muchos años, que es una espada de Damocles suspendida sobre la producción. Aún quedan aranceles más o menos protectores, pero no representan ninguna garantía de estabilidad. ¡Quiera Dios que nuestra trabajada Nación se pueda regenerar por particularismo!  El día más feliz de nuestra vida, y así como para nosotros, para la gran mayoría de los españoles, sería aquél en qué, restaurada la vida de las regiones; reintegradas las diversas partes que forman el todo nacional en la personalidad de que hoy carecen; unidas todas como hermanas por los lazos de la fraternidad y del interés mutuo, sin imposiciones ni dependencias, y protegiéndose las unas en las otras en las diversas manifestaciones de la actividad para sostenerse y prosperar con sus esfuerzos reunidos; reconocidos los fueros de las variedades, pudiésemos juntos lanzar al viento, no por deber sino por gratitud y afecto, un grito atronador de ¡Viva España!, en el cual se mezclaran todas las lenguas nacionales, oficialmente iguales en categoría, y unidas en un sol sentimiento. ¡Feliz, más feliz que todos el que en aquel momento ocupara el lugar preeminente en la Nación!».

El 2 de mayo de 1886 apareció la obra Lo Catalanisme, de Valentí Almirall, que representó la aparición sistematizada de la doctrina catalanista de signo liberal y regionalista. El contenido de la obra es un alegato a favor de la peculiaridad de Cataluña y de los catalanes respecto a otros pueblos de España:

«En la parte española de la Península Ibérica no vive un solo pueblo, sino varios pueblos. Para demostrarlo, no tenemos más que examinar los caracteres de los grupos más marcados que hay en ella. Por poco que profundicemos en este examen, quedaremos plenamente convencidos de que las distintas razas que poblaron la España actual no se han fusionado todavía, sino que, por el contrario, su desarrollo histórico, les ha llevado no sólo a conservar, sino hasta acentuar cada vez más sus diferencias características (...) El carácter catalán es el reverso de la medalla del genuinamente castellano. En los buenos tiempos, éste era el tipo del generalizado y nosotros éramos eminentemente analizadores. Ellos se exaltaban por una abstracción idealista, nosotros buscábamos siempre ventajas positivas. El castellano, apasionado de la forma, concedía capital importancia a la finura, a la elegancia y a la magnificencia; para el catalán, poco cuidadoso de las apariencias, la brusquedad no era un gran defecto (...) Por fortuna, en medio de todos sus vicios y defectos, naturales o adquiridos, el carácter catalán conserva sus buenas condiciones más o menos adormecidas. Aún somos activos y estamos dotados de energía. Los defectos adquiridos, podemos echárnoslos de encima con sólo aspirar de veras a la restauración de nuestra personalidad política. Propongámonos ideales y volveremos a despertarnos».

En cuanto a la trayectoria del Centre Català, éste sufriría una escisión en 1887 fruto de la cual nació la Lliga de Catalunya. La diferencia esencial entre ambos grupos estribaba en la concepción de Cataluña, "región autónoma del Estado español" para la Lliga y la concepción de "región autónoma dentro de la nación española" para el Centre.

Fundada la Lliga, uno de sus primeros actos fue presentar un Misatge a la reina regent, redactado en catalán, en 1888, cuando residía en Barcelona con motivo de celebrarse la Exposición Universal. En dicho mensaje le pedía que Cataluña volviese a recuperar:

«Cortes generales, libres e independientes, inauguradas por el jefe del Estado y en las que tengan la representación directa las clases sociales, desde las más humildes a las más elevadas y donde se voten los presupuestos de Cataluña y la cantidad que ésta deberá contribuir a los gastos generales de España».

Sin embargo, el paso del regionalismo autonomista al nacionalismo se daría con la fundación de la Unió Catalanista, creada en febrero de 1891, que nació por iniciativa de la Lliga de Catalunya. A partir de entonces, el nacionalismo conservador se fue imponiendo al republicanismo federal, origen del anterior pero incapacitado para sumar las necesarias adhesiones que lo hiciera funcional como una gran fuerza política. La Unió Catalanista se constituyó como una confederación de toda clase de grupos, periódicos y personalidades dispuestas a trabajar: en la propaganda de las ideas regionalistas y en la realización del programa del catalanismo.

Después de una primera reunión de delegados de la Unió Catalanista, que tuvo lugar el 15 de marzo de 1891, se acordó convocar a todas las entidades catalanistas a una magna asamblea en la ciudad de Manresa el 25 de marzo del año siguiente, donde se discutieron y se aprobaron unas bases para la Constitución Regional Catalana.

Las Bases de Manresa, aprobadas solemnemente en la primera asamblea de la Unió Catalanista, eran una serie de artículos muy bien redactados y elaborados de signo constitucional por los cuales tendría que regirse políticamente Cataluña con el Estado español. Leídas atentamente, resultan maximalistas en algunos puntos, imprecisas en otros y claramente tradicionalistas y corporativistas en el aspecto político-social. El tono antiliberal del programa, que rechazaba el sistema parlamentario democrático, queda reflejado en la Base 7ª, que dice:

«El poder legislativo regional radicará en las Cortes catalanas que deberán reunirse todos los años en época determinada y en lugar diferente. Las Cortes se formarán por sufragio, de todos los cabeza de familia, agrupados en clases fundadas en el trabajo manual, en la capacidad o en las carreras profesionales y en la propiedad, industria o comercio, mediante la correspondiente organización gremial en lo que sea posible». 

Según las Bases, las atribuciones del Poder central, entre otras, serían: las relaciones internacionales, el ejército de mar y tierra, las relaciones económicas de España con los demás países, la construcción y conservación de carreteras, la formación de presupuestos anuales de gastos y la deuda pública. Las atribuciones del Poder regional serían: Cataluña sería la única soberana de su gobierno interior, el poder legislativo regional radicaría en la Cortes Catalanas, la lengua catalana sería la única que con carácter oficial podría usarse en Cataluña y en las relaciones de esta con el Poder central, la enseñanza pública debería organizarse de una manera adecuada a las necesidades y carácter de la civilización de Cataluña y el que la Constitución y los derechos de los catalanes estarían bajo la salvaguardia del Poder ejecutivo catalán.

Tras la depresión en que entró España tras la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, muchos políticos e intelectuales se replantearon el “ser” de España, que había vuelto territorialmente a los orígenes de los Reyes Católicos.

En Cataluña y en la Unió Catalanista se fue imponiendo claramente el ansia de participar en política de manera real, y eso conllevó que, en la búsqueda de nuevos socios que compartieran su ideario, acabara dividiéndose. De sus filas salió en Centre Nacional Català, dirigido por Prat de la Riba, que al unirse al unirse con la Unió Regionalista, daría paso a la fundación de la Lliga Regionalista de Catalunya en 1901.

La Lliga Regionalista fue la respuesta de la burguesía catalana a la crisis del 98 en su dimensión política. Fue la culminación política del ya prolongado movimiento provincialista, regionalista y, por último, nacionalista catalán. El salto definitivo se dio en las elecciones generales y municipales de 1901, en las que, sobre todo en Barcelona, pasó a ser la segunda gran fuerza después de la Unió Republicana, que era la principal fuera en Barcelona y, junto con los fuertes reductos de los partidos dinásticos, una de las más sólidas de Cataluña.

En este contexto se produjo un acontecimiento que varió la correlación de fuerzas en Cataluña. El 25 de noviembre de 1905, un reducido grupo de oficiales, asaltó la redacción del semanario Cucut, y del periódico La Voz de Catalunya, vinculado éste a la Lliga, por entender que en ambos medios se mencionaba al Ejército español menospreciándolo.

El gobierno de Madrid, ante este hecho, respondió aprobando una nueva ley de jurisdicciones, que otorgaba a la militar toda ofensa oral o escrita a la Patria, a su unidad y símbolos y al Ejército.

Como respuesta nació en 1906 Solidaritat Catalana, en que se integraban la Lliga, el Centre Nacionalista Republicà, la Unió Catalanista, la Unió Republicana, algunos carlistas e independientes nacionalistas como sería el caso de Macià, quien abandonó el Ejército del que era coronel. Un año después, ese conglomerado de fuerzas políticas conseguiría un triunfo rotundo en las elecciones a Cortes, ya, que, de los 44 diputados otorgados a Cataluña, conseguiría 41.

No obstante, esta unificación del catalanismo político desaparecería como consecuencia de los trágicos acontecimientos desarrollados en Barcelona durante la llamada Semana Trágica, en que la Lliga y sus dirigentes se pondrían de parte del Gobierno español ante el temor a un proceso revolucionario republicano incontrolable, como se señala en los libros La rosa de fuego. El obrerismo barcelonés de 1899 a 1907, de Joaquín Romero Maura y  La semana trágica, de Joan Connely.

Apagados los rescoldos de esos tristes sucesos, con el incendio de muchas iglesias, pero de ninguna fábrica ni comercio, lo que lleva a preguntarse quién fue el verdadero inductor de los mismos y porqué se llevaron a efecto, la Lliga Regionalista tomó una nueva dirección política. 

En efecto, y dada su hegemonía en las cuatro diputaciones provinciales, el 4 de mayo de 1911, se aprobó la redacción de las bases constituyentes de la Mancomunitat, que se presentaron ante el gobierno con el único voto en contra del Partido Radical. Tanto el presidente Canalejas, y tras su asesinato en el año 1912, Dato, aprobaron el proyecto que sería finalmente aprobado por las Cortes en octubre de 1912. Finalmente, el 6 de abril de 1914 se constituyó solemnemente la nueva institución con el nombre de Mancomunitat de Catalunya, siendo su primer presidente Prat de la Riba.

Según su propio estatuto, la Mancomunidad de Cataluña constaba de una Asamblea general, formada por 96 diputados de las cuatro diputaciones; la presidencia, ocupada por el presidente de la Diputación Provincial de Barcelona; y el Consejo permanente, que incluía las siguientes consejerías: Caminos y Puertos, Cultura e Instrucción, Agricultura y Servicios Forestales, Beneficencia y Sanidad, Obras hidráulicas y Ferrocarriles, Teléfonos, Política Social, y Hacienda.

Las cuatro diputaciones catalanas cedieron sus competencias a la Mancomunidad pero, en contra de lo esperado por la Lliga Regionalista, el Estado no cedió ninguna de las suyas. A pesar de todo, la Mancomunidad puso en evidencia cómo una gestión honesta y atenta a las necesidades del territorio podía ser eficaz pese a disponer de escasos recursos.

Realizó una importante tarea educativa y cultural fundando escuelas técnicas (de agricultura, industrial, del trabajo, de bibliotecarias, de administración) o creando instituciones de alta cultura como el Institut de Estudis Catalans, al tiempo que fomentaba obras de infraestructuras impulsando las redes de carreteras, de teléfonos y los servicios de asistencia social. De esta forma se incrementó el sentimiento autonomista en amplias capas de la sociedad.  Además, con el apoyo de los ayuntamientos, mejoró el suministro de agua potable, impulsó la formación profesional, promovió la creación de una red de bibliotecas, reconoció la normativa ortográfica impulsada por Pompeu Fabra y estimuló la renovación pedagógica.

La relevancia de la Mancomunitat también residía en su carácter simbólico al representar en una única institución a la totalidad de las provincias catalanas, la primera experiencia de autogobierno desde el Decreto de Nueva Planta, cuyo aniversario Prat de la Riba no olvidó mencionar en su discurso inaugural del 6 de abril de 1914. Se trataba de una baza que la Lliga no dejaría escapar.  El naciente e importante órgano administrativo ayudaría a desarrollar una conciencia catalanista y constituía una primera base con vistas a una futura autonomía de más largo abasto.

Por otro lado, la Mancomunidad de Cataluña también evidenciaba el giro de la Lliga hacia un pragmático pactismo, ofreciendo apoyo parlamentario al gobierno de turno a cambio de concesiones concretas, una estrategia del catalanismo conservador que reencontraremos nuevamente tras la Transición. Prat de la Riba permanecía  en Barcelona transformado en hombre de gobierno, mientras Cambó se convertía en el líder parlamentario en Madrid. La Lliga se hallaba en su momento más dulce. La Mancomunidad de Cataluña fue presidida por Prat de la Riba desde 1914 hasta su fallecimiento en 1917, momento en que la presidencia fue asumida por Josep Puig i Cadafalch.

Tras haber estado Cambó, en 1918, en el gobierno de concentración nacional de Antonio Maura, para resolver la crisis en que estaba España tras la huelga revolucionaria que habían protagonizado la CNT, la UGT y el PSOE, vino el desengaño de no haber conseguido los objetivos propuestos del reconocimiento de una cierta autonomía para Cataluña.

Así pues, rotas de nuevo las relaciones con Madrid, la Lliga y sus dirigentes se volcaron en la campaña en favor del Estatuto de Autonomía para Cataluña, que por primera vez fue defendido por Cambó en las Cortes, el 20 de noviembre de 1918, en uno de sus mejores discursos como señala él mismo en sus Memòries en las que escribe:

 «Era el primer momento en que, después de tanto tiempo de participar en la política española, volvía a tomar la voz en representación de Cataluña”.

El documento fue presentado, el 29 de noviembre de 1918, por el Consell de la Mancomunitat Catalana presidido por Puig i Cadafalch al jefe de Gobierno García Prieto. Ante la mencionada solicitud, las reacciones de los estamentos más reaccionarios de la capital de España no se hicieron esperar. Y así, tras una campaña de desprestigio contra Cataluña y su pretendido deseo de separación, el 9 de septiembre una gran manifestación de signo españolista recorrió las calles de la capital de España.

Dicha manifestación provocó que Pablo Iglesias publicara en El Socialista al día siguiente un artículo en el cual, y entre otras cosas, decía:

«España acaba de presenciar una explosión de patriotismo barato, ¿Y quiénes son esos patriotas? Pues son los que, no han protestado jamás contra los gobiernos por la horrible emigración que padece el país (...) Son los amparadores de caciques, o caciques ellos mismos, que deshonran a nuestra Nación y martirizan a miles de ciudadanos. Son los que persiguen a los obreros que pretenden asociarse y los que emplean la guardia civil cuando demandan alguna mejora. Son, en definitiva, los que no han alzado jamás su voz contra la loca aventura de Marruecos, que ha costado tantos millones y tantas vidas y nos ha desacreditado ante los demás pueblos."

La petición del Estatuto de Autonomía fue discutida en el Congreso de los Diputados y solamente, fuera del ámbito catalán, las izquierdas se manifestaron a su favor.

En la sesión del 12 de noviembre, Antonio Maura pronunció un discurso hostil a las pretensiones catalanas, hecho que produjo como protesta, el abandono del Parlamento de todos los diputados catalanes. Ante este hecho, y para que la defensa de los derechos de Cataluña se viese reflejada oficialmente por parte del P.S.O.E., tomó la palabra Julián Besteiro que afirmó:

«Hemos querido quedarnos aquí para deciros brevemente cual es la posición del Partido Socialista frente al problema de la autonomía o de la nacionalidad catalana. Lo consideramos legítimo; consideramos que si se trata de oponer a su desarrollo un dique, traerá graves trastornos a la vida del país; defendemos ese movimiento como un movimiento libertador, de emancipación de la tiranía del Estado central que todos sufrimos. Pero hay más; el Partido Socialista se compromete a apoyar con todas sus fuerzas el desarrollo del movimiento catalán, preséntese como se presente, porque, la fórmula a que propenden algunos de los líderes de ese movimiento en Cataluña está pensada con vistas a un aumento de la coacción en España y de la sumisión de la democracia catalana, y lo vemos bien claro, tenemos una confianza absoluta en la democracia catalana a la cual prestaremos todo nuestro auxilio o para que no se deje avasallar, y en esa confianza nosotros queremos la autonomía de Cataluña a toda costa. Aunque sabemos perfectamente que el problema no podrá encontrar una solución normal mientras no cambie el Régimen...".

Mencionar que Alcalá Zamora, futuro presidente la Segunda República, en la sesión parlamentaria mencionada le dijo a Cambó:

«Su señoría pretende ser a la vez Bolívar de Cataluña y Bismark de España. Son pretensiones contradictorias y es preciso que S.S. escoja entre una u otra".

Esta postura de Alcalá Zamora, unida a la de Antonio Maura forzó a Cambó y a la Lliga a ir del brazo con republicanos y socialistas, y evolucionar hacia posiciones rupturistas que se contradecían con el moderantismo que había demostrado hasta entonces. Por eso, el 16 de diciembre, y después de la retirada de la minoría catalana de las Cortes, Cambó dijo en Barcelona:  

«Y en esta situación yo os digo: para nosotros, ¿Monarquía? ¿República? ¡Cataluña! Cataluña ha luchado suficientes veces para otros como para que haya llegado la hora de luchar por sí misma. Nosotros no hipotecamos las autonomías de la República, pero no detendremos nuestro paso hacia la autonomía porque pueda caer la Monarquía".

Pero esta postura de Cambó cambió en el año 1922, ya que ante la crisis política, económica, militar y social en que se encontraba España, aceptaría un puesto en el gobierno presidido por Antonio Maura y que constituyó un rotundo fracaso, y no evitó el pronunciamiento posterior del General Primo de Rivera un año después.

En Cataluña los partidos nacionalistas de izquierdas se opusieron desde el primer momento al golpe de estado, mientras que los partidos monárquicos y el nacionalismo conservador respaldaron la acción militar. El caso de la Lliga fue muy significante, puesto que si bien como formación político no intervino en los acontecimientos, sí lo hicieron algunos de sus máximos dirigentes como el presidente de la Mancomunitat, Puig i Cadafalch, que respaldó el golpe con la esperanza de que un nuevo hombre fuerte apoyado desde Cataluña y con el poder del Estado, acabara con conflicto social iniciado con la huelga de la Canadiense y la proliferación de actos de violencia a cargo de los anarquista y de los miembros del Sindicato Libre, y que concediera a Cataluña lo que anteriores gobiernos le habían negado: un estatuto de autonomía.

Así la Mancomunitat de Cataluña dio cuenta pública de las conversaciones habidas entre su presidente y Primo de Rivera antes de que éste partiera para Madrid para hacerse cargo del poder en una nota de prensa que decía:

«El general se ha ratificado en su propósito de dedicar su actividad a la resolución del problema interior de España, dando a las regiones toda la fuerza y toda la libertad compatibles con la existencia de una unidad estatal que ha definido en términos bien precisos, creyendo que en esto está la base firme del renacimiento del país, y ha repetido frases de gran amor a la tierra catalana cuyo problema desea con eficacia resolver".

Pero pronto comprendieron los dirigentes de la Mancomunitat su error de dar soporte a Primo de Rivera, ya que éste inició una política claramente centralista y nacionalista española que supuso entre otras cosas la prohibición del uso oficial del catalán en las escuelas, en las iglesias y en las instituciones.  Al respecto y en un Decreto aprobado el 18 de septiembre de 1923 se afirmaba:

«Exposición. Señor: De los males patrios que más demandan urgente y severo remedio es el sentimiento, propaganda y actuación separatista que viene haciéndose por audaces minorías, que no por serlo quitan gravedad al daño y que precisamente por serlo ofenden al sentimiento de la mayoría de los españoles, especialmente de los que viven en las regiones donde tan grave mal se ha manifestado (...). Artículo 1º. Serán Juzgados por los Tribunales militares, a partir de la fecha de este Decreto, los delitos contra la seguridad y unidad de la Patria y cuanto tienda a disgregarla, restarle fortaleza y rebajar su concepto, ya sea por medio de la palabra o por escrito, ya por la imprenta o cualquier medio mecánico o gráfico de publicidad y difusión, o por cualquiera clase de actos o manifestaciones. No se podrá izar ni ostentar otra bandera que la nacional en buques, edificios, sean del Estado, de la Provincia o Municipio, ni en lugar alguno".

Y así, lejos de concederse la autonomía a Cataluña, la Mancomunitat fue primero desnaturalizada (su presidente Puig i Cadafalch fue sustituido) y después disuelta en 1925.

Por otra parte, el enfrentamiento a la dictadura unía a sectores ideológicos muy diferentes que, si bien estaban de acuerdo contra quien luchar, no lo estaban tanto a la hora de decidir porqué luchar. Entre estos sectores destacaron los republicanos que alcanzaron un amplio consenso uniéndose con los del resto de España para fundar la Acción Republicana en 1926 integrada por el Partido Radical, Acción Republicana, Partido Federal Español y Partit Republicà Català.

Por otro lado, tomo cuerpo el Estat Català, único grupo político que desde una óptica claramente independentista tomaría una estrategia violenta de oposición a la dictadura, consistente en la insurrección guerrillera, como fue el intento de penetración armada en noviembre de 1926 y que fue abortado por las autoridades francesas antes de que se iniciara. Fue el complot de Prats de Motlló, que convertiría a Macià, tras su detención, en el político carismático que a partir de ese momento sería para un sector del catalanismo.

Por lo que respecta a los comunistas diremos que durante ese periodo seguirían las consignas emanadas desde Moscú y en Cataluña se fundaría en 1928 el Partit Comunista Català al que se uniría en 1930 la Federació Comunista Catalana-Balear del PCE en noviembre de 1930, lo que dio lugar a la creación del Partit Obrer i Campero-

Se realizó en el local de la Unión Republicana en San  Sebastián el 17 de Agosto de 1930, donde,  para tal fin, se reunieron Azaña, por Acción Republicana;  Lerroux, por Alianza Republicana; Domingo, Álvaro de Albornoz y  Galarza por el Partido Radical-Socialista, Alcalá Zamora y Miguel Maura, por la Derecha Liberal Republicana;  Carrasco y Formiguera, por Acción Catalana;  Matías Mallol por Acció Republicana de Catalunya;  Aiguadé por Estat Català; Casares Quiroga, por la O.R.G.A. Asistieron como invitados Sánchez Román y Eduardo Ortega y Gasset y a título personal y sin representación ninguna los socialistas Prieto y Fernando de los Ríos.

En dicha reunión, bautizada como el "Pacto de San Sebastián", se tomaron una serie de acuerdos en caso de que llegase la República. Mucho se ha escrito sobre lo tratado en dicha reunión y aunque no hay acuerdos unánimes, todos coinciden en que allí se establecieron criterios comunes "a cumplir por todos los presentes" sobre la forma futura del Estado Republicano, entre ellos, el engarce autonómico de Cataluña. Este tema, planteado por Carrasco i Formiguera, se resolvió mediante el acuerdo unánime de que el Gobierno de la futura República presentaría a las Cortes constituyentes un Estatuto de Autonomía de Cataluña, previa consulta al pueblo catalán. Miguel Maura, en su libro Así cayó Alfonso XIII, señala:

«Lo que en definitiva prevaleció, con el voto unánime, es decir, incluso los de los catalanes, fue que la República no podía contraer más compromiso previo con Cataluña que el de llevar al Parlamento Constituyente un Estatuto de Autonomía, siempre y cuando el pueblo catalán, consultado mediante elecciones libres, declarase que deseaba esa autonomía. Quedo, pues, bien entendido y remachado que hasta ese preciso momento, Cataluña no gozaría de ningún privilegio en relación con las demás provincias y regiones españolas”.

En definitiva, el "Pacto de San Sebastián", significó el acuerdo para encauzar un movimiento conjunto de acoso y derribo a la Monarquía, el nombramiento de un Comité Revolucionario y de un Gobierno Provisional, compuesto por Alcalá Zamora, Maura, Prieto, Azaña, Domingo, Álvaro de Albornoz y Fernando de los Ríos.

Tras la proclamación de la república y el establecimiento de la Generalitat presidida por Macià, una asamblea de representantes de los ayuntamientos eligieron, en 1931, una Diputación Provisional que nombró una ponencia que en pocas semanas redactó un proyecto de Estatut para Cataluña en Nuria, que fue aprobado en julio y sometido a referéndum municipal y popular el día 2 de agosto, siendo los resultados 74,9% a favor, 0,5% en contra y 24,6% de abstenciones. El Estatut de Nuria constaba de un preámbulo:

«Cataluña quiere que el Estado español se estructure de una manera que haga posible la federación entre todos los pueblos hispánicos"

A continuación se redactaron 52 artículos entre los que se proclamaba que el idioma oficial de Cataluña fuera el catalán, pero en las relaciones con la República el idioma oficial fuese el castellano; que el Estado español se estructuraba en base a diversos Estados federados, entre los que  Cataluña era uno de ellos;  atribuía los impuestos indirectos a la Hacienda central y los directos a la Hacienda catalana y la cultura y la enseñanza, en todos sus grados, eran de competencia exclusiva y ejecución directa por parte del Estado autónomo. Como presión para que las Cortes lo aprobaran, Macià, señaló:

«Si no se aprueba nuestro Estatut, ni en España ni en Cataluña será posible gobernar. Todo lo subordinamos al Estatut y nuestras adhesiones más o menos gubernamentales están supeditadas a su aprobación”.

Por su parte, Francesc Cambó, el líder de la derecha catalanista, manifestó que el Estatut era:

«Plenamente aceptable como base de discusión y casi plenamente satisfactorio en una gran parte de su contenido, aunque el proyecto no está muy de acuerdo con lo que los catalanes votaron en plebiscito, ni tampoco con el proyecto que aprobaron los partidos y municipalidades en 1929. El problema catalán no se planteó nunca en condiciones tan favorables como hoy para ser resuelto, y si la solución normal y armónica no se produce ahora, será difícil resolverla en el porvenir”.

El 6 de mayo de 1932 comenzó en las Cortes la discusión del Estatuto que fue presentado por el gobierno republicano-socialista presidido por Manuel Azaña. El proyecto llevó a apasionantes y prolongados debates en los que intervinieron todos los grupos políticos. El primero en hablar fue Miguel Maura que concluyó su invención diciendo que:

«Ha llegado a la entraña misma de la vida española, debe ser discutido con alteza de miras y cordialidad y es seguro que los electores habrán de pedir cuenta a los diputados del uso que hagan de su mandato”.

Lluis Companys afirmó que no era admisible la desconfianza sobre la capacidad de Cataluña al señalar que: “Nuestra región autónoma, afirmará la unidad de España y logrará la perfecta unión, no conseguida bajo la Monarquía”.

.José Ortega y Gasset en su intervención, seguida de gran expectación dado su gran valoración intelectual, y que ha quedado para la posterioridad por su contenido, señaló:

«Pues bien, señores; yo sostengo que el problema catalán, como todos los parejos a él, que han existido y existen en otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar, y al decir esto, conste que significo con ello, no sólo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles”.

Pero sería la intervención de Manuel Azaña la más trascendental, ya que allanó los baches que ponían los extremismos de uno y otro lado. Señaló:

«Mientras nos mantengamos dentro de los límites de las Constitución, hablar de la dispersión española, por la votación de los Estatutos, es una insensatez. Votada la Constitución, todas las funciones y poderes del Estado tienen una esfera propia, limitada por la Constitución misma, sin que ningún poder dentro de su esfera pueda preponderar sobre los otros y entrometerse en ellos: es una cosa manifiesta que todo lo que haya de hacerse en España por una ley, o que necesite una ley para hacerse, cae por pleno derecho y por virtud de la definición constitucional dentro de las potestad absoluta de las Cortes. De suerte que, por haberse producido la voluntad de Cataluña en un plebiscito, de acuerdo con el Estatuto que se quiere presentar a la soberanía de las Cortes, por este camino de la voluntad de Cataluña se lleva a la soberanía plena y absoluta de las Cortes y a una política autonomista dentro de la Constitución”.

Mientras se discutía en las Cortes el Estatut, el Teniente General José Sanjurjo, animado por carlistas, aristócratas y retrógrados de amplio espectro decidió sublevarse contra la República, el 10 de agosto de 1932. La “Sanjurjada”,  como la historiografía ha querido llamar a este “pusch”  militar nació para paralizar la Ley de Reforma Agraria y la autonomía en Cataluña. Una vez controlado el intento golpista, los diputados se apresuraron a aprobar el Estatut de Cataluña.

Tras muchos recortes sufridos por el proyecto elaborado en Nuria, el 9 de septiembre de 1932 se aprobaba por 334 votos a favor y 24 en contra. En su redactado final el Estatut de Autonomía quedaría reducido a 18 artículos y una disposición transitoria. El Estatut Cataluña se constituía como región autónoma dentro del Estado español; el catalán juntamente con el castellano quedaban fijadas como lenguas oficiales de Cataluña; la Generalitat recibía plenas competencias legislativas y ejecutivas en derecho civil propio y régimen administrativo interno; en enseñanza se preveía la existencia de dos redes paralelas de centros de enseñanza públicos: la del Estado, que mantendría el control de los centros preexistentes y la de la Generalitat que podría crear unos nuevos, pero sin el financiamiento del Estado; los conflictos de jurisdicción entre la administración central y la autonómica serían resueltos por el Tribunal de Garantías Constitucionales; se señalaba que el gobierno central fijaría las normas de la comisión mixta encargada de la transferencia de los servicios, bajo la tutela del presidente de las Cortes y finalmente y de cara a futuras reformas estatutarias, éstas quedaban de acuerdo con la Constitución bajo el control de las Cortes.

Los sucesos acaecidos en octubre de 1934 en Cataluña vinieron precedidos por una serie de conflictos que experimentó el campo catalán lo que produjo una fuerte agitación especialmente en el sector vitivinícola debido a que los aparceros, organizados en la fuerte y potente Unió de Rabassaires reivindicaban las tierras que cultivaban.

En este sentido el Parlament de Cataluña aprobó en abril de 1934 la Ley de Contratos de Cultivo, que tenía como objetivo básico la creación de una masa de pequeños propietarios agrícolas; los rabassaires no podían ser expulsados de las tierras que cultivaban y se preveía el acceso gradual a la propiedad mediante la compra de tierras. La ley fijaba la duración del arrendamiento en seis años y el contrato habría de renovarse a menos que el propietario decidiese cultivar directamente la finca durante seis años. La renta no podía ser superior al 4% del valor de la tierra.

Los cultivadores que hubiesen explotado una finca durante dieciocho años, podrían comprarla a un precio reglamentado en quince mensualidades. Los rabassaires plantadores podrían adquirir la tierra a su valor antes de la plantación de viña. Se calculaba que unos setenta mil payeses podrían acceder a la propiedad en un plazo relativamente corto, gracias a la primera ley reformadora de carácter social aprobado por el Parlament de Cataluña.

No obstante,  la ley contó desde el principio con la oposición de los propietarios agrupados en el Institut  Agrícola Català de Sant Isidre que tuvieron el soporte tanto de la Lliga en Cataluña como de la CEDA en Madrid. Por eso, una vez aprobada la Ley la Lliga instó al gobierno central a que presentase un recurso delante del Tribunal de Garantías Constitucionales, quien finalmente decidió en su dictamen contra la Ley de Contratos de Cultivo. Esto motivó que tras violentas protestas de la Unió de Rabasaires apoyado por la Unió Socialista de Catalunya se llegase a un acuerdo entre la Generalitat y el gobierno central y así el 12 de septiembre el Parlament modificó aspectos secundarios de la Ley lo que permitió su consideración legal por parte del Tribunal Constitucional.

Pero aunque solucionado aparentemente, el conflicto había llegado demasiado lejos y había provocado un claro enfrentamiento entre la Generalitat y el gobierno central sobre sus respectivas competencias. Por eso, la entrada de miembros de la CEDA en el gobierno central, fue interpretado por las izquierdas catalanas, como una declaración de guerra, tanto a Cataluña como al resto de España. En este sentido la Alianza Obrera decretó una huelga general el 5 de octubre en toda España que fue secundada en Cataluña por todos los partidos de izquierdas y por la Generalitat.

La Alianza Obrera se organizó en un comité ejecutivo para Cataluña integrado por un delegado de cada organización participante y con comités locales en los que también se admitían toda clase de organizaciones obreras: culturales, cooperativas, sindicales, etc. Creada como hemos visto como un instrumento de defensa de la clase obrera en una situación de avance de las fuerzas reaccionarias, la idea de la Alianza pronto se extendió por toda España.

Por lo que respecta a la CNT, no participaría en la formación de la Alianza Obrera que se constituyó en Cataluña, pero si que formó parte de la constituida en Asturias juntamente con el PSOE y la UGT.

Para Maurín, posterior máximo dirigente del POUM, como escribe en su libro La revolución española, el movimiento insurreccional en Cataluña tendría que tener el “triple aspecto: obrero, campesino y de liberación nacional”. Y que por lo tanto iniciado el movimiento, la Generalitat pequeño-burguesa solo tenía una perspectiva de salvación: ponerse en marcha hacia adelante con todas las consecuencias.

Por otra parte, hay que destacar el hecho de que la actuación de la CNT ante los acontecimientos de octubre en Cataluña se caracterizó por una pasividad que prácticamente fue general. En Barcelona se mantuvo desde el comienzo de una manera ostensible al margen de la rebelión. Los motivos hay que buscarlos en las malas relaciones que mantenía con la Generalitat. Especialmente con Josep Dencás, Consejero de Seguridad y líder de Estat Català.  Así, veían en éste y sus "escamots" unos enemigos potenciales y no ocultaban que los consideraban claramente "fascistas" al servicio de un hipotético nacional-socialismo catalán, con Dencás como "jefe" supremo.

Iniciada la huelga los dirigentes de la Alianza Obrera, entre los que se encontraba Rafael Vidiella en nombre de la FC del PSOE, se entrevistan con Companys la noche del 4 de octubre. Se le trasmitió el mensaje de que la formación del gobierno reaccionario de Lerroux-Gil Robles constituía un ataque a fondo a Cataluña, al movimiento obrero y al movimiento campesino. Que todas las organizaciones que componían la Alianza Obrera, reunidas en Asamblea deliberante, habían acordado ir a la huelga general, que seguramente no quedaría limitada exclusivamente a Cataluña, sino que se intentaría expandir al resto del Estado.

Los representantes de la Alianza Obrera le transmitieron finalmente a Companys que la huelga no debía tomarse como un acto contra la Generalitat y su gobierno, sino que iba dirigida contra el gobierno que se había formado en Madrid. Y para justificar su posicionamiento, lanzaron su mensaje en octavillas:

«Es necesario en estas horas críticas una acción decidida y enérgica. En este sentido la proclamación de la República catalana tendrá sin duda una influencia enorme, provocará el entusiasmo de las masas trabajadoras de todo el país e impulsará vigorosamente su espíritu combativo. Por eso no se puede perder tiempo. Es hoy cuando hay que proclamar la República catalana. Mañana sería tarde. Conviene que las masas populares lo tengan presente y cumplan con su deber. ¡Viva la República catalana!”

Mientras tanto, Companys, atrapado por dudas metafísicas se ve forzado a ir a la insurrección porque no puede resistir más la presión política que lo desborda y piensa que con la declaración del Estado Catalán que Dencás y la Alianza Obrera le obligan, determinará, sin duda, negociaciones entre Madrid y Barcelona y todo terminará mediante un arreglo amistoso por el cual la Generalitat cederá en sus pretensiones a cambio de recibir más poder.

Así pues, el día 6 de octubre de 1934 el presidente Companys, de acuerdo con su gobierno pero sin consultar al Parlament, proclamó el Estado Federal dentro de la República Federal Española repitiendo el gesto de Macià de abril de 1931.

Desde el balcón del Palau de la Generalitat pronunció un discurso radiado en el que dijo:  

“Los hechos que se han producido dan a todos los catalanes la clara sensación de que la República, en sus fundamentales postulados democráticos, se encuentra en gravísimo peligro. La Cataluña liberal, democrática republicana no puede estar ausente de la protesta que triunfa en todo el país, ni puede silenciar su voz de solidaridad con los hermanos que, en las tierras hispanas, luchan hasta morir, por la libertad y el derecho"      

Con esta declaración y su toma de postura, Lluis Companys y su gobierno se ponían abiertamente en rebeldía frente al gobierno central de Lerroux y a la letra de la Constitución española, al proclamar el Estado Catalán dentro de una República Federal Española.

Companys confesaría a Simeón Vitarde, dirigente socialista y que reproduce en sus Memorias:

«Cuando yo leí la proclama desde el balcón de la Generalitat, lo hice aun en contra de mis verdaderos sentimientos. Dencás me habló de que era necesario proclamar la independencia de Cataluña y de que la única bandera  que debía izarse, después de mi alocución, era la de la estrella solitaria, aquella por la que en realidad  había luchado Francesc Macià.  Yo le dije que eso sería un acto de locura y que no se contase conmigo para esa aventura disparatada. Entonces, por un acto de debilidad mío que sinceramente confieso, me presté, en plan de transigencia, a proclamar el Estat català dentro de la República Federal española”.

El hecho fue tan impactante, que al embajador de los Estados Unidos, Glaude G. Bowers, según narra en su libro Misión en España, le llegó una nota donde se le trasmitía que Cataluña se había independizado de España.

El Estado Catalán de Companys duró diez horas al rendirse el Gobierno de la Generalitat al general Batet, a primera hora del día 7. Cabe señalar que Batet era un militar constitucionalista y que en los inicios de la guerra civil de 1936 sería fusilado por órdenes del general golpista Mola por su fidelidad a la Republica.

Hay que decir, que aunque se produjeron algunos actos de violencia, el gobierno de la Generalitat no se vio desbordado por los acontecimientos. El colofón de todo el proceso revolucionario fue la detención del Gobierno autonómico que fue condenado a treinta años de presidio, que fueron suspendidos la mayoría de los ayuntamientos de Cataluña y que también fue suspendido el Estatuto de autonomía al tiempo que era clausurado el Parlamento. Y aunque la Constitución no fue dejada en suspenso, Cataluña, en muchos aspectos, volvía a recordar los tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera.

Por lo analizado anteriormente, se ve claramente que en Cataluña no había unidad de criterio en cuanto a los objetivos de la Revolución. Así, para la Alianza Obrera se trataba de un movimiento insurreccional que llevara al proletariado al poder, como en octubre de 1917. Por lo que respecta al gobierno de Companys, había los que defendían  la República española, y los que como Dencás, pretendían proclamar la independencia de Cataluña.

En cuando a la postura de los partidos de orden, diremos que la Lliga, tras denunciar que la suspensión del Estatut era tan ilegal como la intentona que había llevado a efecto Companys, acabaría colaborando en los sucesivos consejos designados por los gobernadores nombrados por el poder central como Pic y Pon y Villalonga. A señalar que en esos consejos la Lliga estaría en minoría al lado del Partido Radical y la CEDA.

Finalmente, y pese a los intentos de la Lliga por recuperar de nuevo el Estatut, éste no se reimplantaría de nuevo hasta la victoria de las fuerzas de izquierda en las elecciones de 1936, en las cuales el electorado catalán pasaría factura al posicionamiento efectuado por la Lliga. 

Tras la guerra civil, Cataluña entró en un “bucle melancólico” con la supresión de la Generalitat y el Estatuto de Autonomía, a lo que habría que añadir la imposición del castellano por decreto.

La llegada de la democracia, trajo consigo la vuelta de la Generalitat, la aprobación del Estatut y la hegemonía del nacionalismo moderado de CIU liderado por Jordi Pujol.

Todo iba razonablemente bien hasta que la llegada al poder del socialista Pascual Maragall trajo consigo la elaboración de un nuevo Estatuto de Autonomía con marcados tintes nacionalistas, lo cual supuso que el Partido Popular lo denunciara al Tribunal Constitucional.

Eso, y la llegada nuevamente al poder de CIU presidido por Artur Mas, significó un radicalismo del mundo hasta entonces pragmáticamente nacionalista, que le condujo a posicionamientos independentistas.

El slogan “España nos roba” caló en una gran parte de la sociedad catalana que se radicalizó cada vez con mayor contundencia, sobre todo la burguesía.

El 26 de octubre de 2015 se inició la XI legislatura del Parlamento de Cataluña y Carme Forcadell de Junts pel Sí fue elegida presidenta del Parlamento. Un día después, Junts pel Sí y la CUP registraron una propuesta de declaración en la que instaban a «declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república», que fue aprobada el 9 de noviembre con 72 votos a favor, de Junts pel Sí y la CUP, y 63 votos en contra, de Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya Sí que es Pot (CSQP).

Tras un informe favorable del Consejo de Estado, ​ la Abogacía del Estado presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, ​ que en diciembre de 2015 declaró inconstitucional la declaración por unanimidad.

El 9 de enero de 2016 Artur Mas dimitió para permitir un acuerdo de investidura entre Junts pel Sí y la CUP, cuando todos los partidos políticos daban por hecho que habría que repetir las elecciones autonómicas. Acordaron elegir al alcalde de Gerona Carles Puigdemont (CDC) como presidente de la Generalidad.

El Parlamento de Cataluña creó la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente con el apoyo de JxSí, CUP y CSQEP. La comisión concluyó en julio con el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo catalán y su legitimidad para iniciar un proceso constituyente. ​ El 27 de julio las conclusiones fueron avaladas en el pleno del Parlamento por 72 votos a favor (JxSí y la CUP) y once en contra (CSQEP). El PSC no participó en la votación pero se mantuvo en el pleno, mientras que el PP y Ciudadanos se ausentaron de la cámara.

El Once de Septiembre de 2016, se realizaron movilizaciones independentistas bajo el lema «A punto», que fueron convocadas por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. A diferencia de otros años, no existió una manifestación unitaria: hubo cinco concentraciones en Barcelona, Tarragona, Lérida, Salt y Berga, cada una dedicada a un eje concreto de la «nueva república».

El 6 de octubre de 2016 el Parlamento de Cataluña aprobó una resolución en la cual se instaba al Gobierno catalán a celebrar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña antes de septiembre de 2017, con una pregunta clara con dos opciones de respuesta. En ese mismo pleno, la cámara legislativa pidió que la Generalidad comenzara con la preparación de las «estructuras de estado» en materias como gestión tributaria y fiscal, educación o prestaciones sociales.

El 14 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional anuló la resolución y denunció ante la fiscal general del Estado a Carme Forcadell, presidente del Parlamento de Cataluña, y a los miembros de la mesa del Parlamento por la posible desobediencia a las sentencias emitidas por parte del Tribunal.

El operativo del referéndum fue dirigido desde la Consejería de Economía por el equipo del vicepresidente Oriol Junqueras encabezado por Josep Maria Jové. ​ La compra de las urnas para el referéndum fue discutida en el seno del gobierno autonómico por primera vez a principios de 2017, llegándose al acuerdo en mayo de que fuera la Consejería de Gobernación, encabezada por Meritxell Borràs del PDeCAT, la que llevara a cabo el proceso de licitación de la compra de las urnas. Pero el concurso quedó desierto porque ninguna empresa se presentó.

Según los periodistas Laia Vicens y Xavi Tedó, autores del libro Operació Urnes, las 10.000 urnas del referéndum fueron compradas en junio por un particular que pagó por ellas 100.000 euros de su bolsillo. Las urnas fueron transportadas desde China hasta el puerto francés de Marsella y posteriormente fueron llevadas a una localidad de la Cataluña Norte, cercana a la frontera con España, a donde llegaron el 7 de agosto. El presidente Puigdemont fue informado inmediatamente y solo un grupo muy reducido de personas supieron del asunto. Poco después se trasladaron a ocho almacenes del interior de Cataluña, y posteriormente a 40 locales más pequeños desde donde se harían llegar a los colegios electorales.

El 20 de septiembre de 2017 la Guardia Civil, bajo orden de la Fiscalía General del Estado, inició una operación policial para detener el referéndum. Los agentes policiales entraron en las Consejerías de Economía, Relaciones Institucionales y Asuntos Exteriores, Gobernación y Asuntos Sociales de la Generalidad y rodearon la sede de la Candidatura de Unidad Popular. El operativo policial dejó a 14 detenidos, entre ellos altos cargos del Gobierno catalán como el Secretario General de la Vicepresidencia, Josep Maria Jové y el Secretario de Hacienda, Josép Lluís Salvadó.

La operación policial fue contestada por simpatizantes del independentismo, que rodearon los edificios en donde actuaban las fuerzas de seguridad del Estado. En otras ciudades y pueblos de Cataluña se realizaron manifestaciones paralelas en rechazo a la intervención de los cuerpos de seguridad. ​ Durante las manifestaciones varios vehículos de la Guardia Civil quedaron destrozados. De hecho, los agentes que cumplían una orden judicial quedaron asediados en el interior del edificio durante 19 horas hasta que lograron salir.​ La secretaria judicial, presa del pánico, salió de manera humillante por un tejado que la comunicaba con un teatro adyacente. ​ Los Mozos fueron acusados de inacción a pesar de las peticiones de la Guardia Civil.

El 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum de independencia a pesar de haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional, aunque durante la celebración del referéndum se detectaron numerosas irregularidades. El Gobierno español denunció que se cambiaron las reglas del referéndum 45 minutos antes del inicio de la votación. Entre las nuevas normas, se incluyó un censo universal con el que cualquier ciudadano podía votar en cualquier centro y se aceptaron papeletas caseras no oficiales y votos sin sobre.

La Policía Nacional y la Guardia Civil entraron en unos 400 colegios electorales para interrumpir la votación y se requisaron las urnas. Se produjeron casos de violencia por la resistencia de algunos ciudadanos, que acabaron detenidos. ​

El 10 de octubre de 2017 el presidente de la Generalidad Carles Puigdemont declaró la independencia de Cataluña en el Parlamento catalán. Instantes después  propuso suspender los efectos de la misma para entablar negociaciones con el Gobierno de España. Tras el pleno, diputados de Junts pel Sí y la CUP firmaron la Declaración de independencia de Cataluña.

 Al día siguiente, el Gobierno de España requirió al presidente de la Generalidad que confirmara si había declarado la independencia, paso previo a la activación del artículo 155 de la Constitución española. ​ Una semana después, Puigdemont no aclaró si había declarado la independencia. ​

El 27 de octubre de 2017 el Senado aprobó dar la autorización para aplicar el artículo 155 de la Constitución española a Cataluña. A continuación, Mariano Rajoy convocó un consejo de ministros extraordinario en el que se aprobó el cese del presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont y del resto de miembros del Gobierno de la Generalidad, la disolución del Parlamento de Cataluña y la convocatoria de elecciones autonómicas catalanas para el 21 de diciembre de 2017.

Tras la huida de Carles Puigdemont a Bruselas y la querella de la Fiscalía por rebelión, Puigdemont y sus exconsejeros fueron citados por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el día 2 de noviembre. La juez ordenó el ingreso en prisión provisional del exvicepresidente Oriol Junqueras y ocho exconsejeros de la Generalidad. Por su parte Puigdemont permaneció en Bruselas, siendo citado a declarar ante la justicia belga tras la orden europea de detención y entrega emitida por la justicia española.

El 21 de diciembre de 2017 se celebraron las elecciones al Parlamento de Cataluña, convocadas por el presidente Rajoy en virtud de la aplicación del artículo 155. Las fuerzas políticas independentistas calificaron las elecciones como «ilegales e ilegítimas», pero sí se presentaron. La participación fue la más alta de las registradas hasta entonces: rondó el 80%. Los tres partidos independentistas consiguieron mayoría absoluta al sumar 70 diputados en total: Junts per Catalunya, la formación encabezada por el expresident Carles Puigdemont con el respaldo legal del PDeCAT, obtuvo 34 diputados; Esquerra Republicana de Cataluña, 32 diputados; y la CUP, 4 diputados. Ciudadanos consiguió 36 escaños, haciendo que la suma de los partidos constitucionalistas (Ciudadanos, PSC y PP) llegara a 57 escaños. Catalunya en Comú-Podem, que rechazaba tanto la aplicación del artículo 155 como la declaración unilateral de independencia, consiguió 8 escaños. ​ Tras este resultado electoral se impulsó en una parte de la sociedad catalana la idea de Tabarnia. ​

El Parlamento de Cataluña se constituyó el 17 de enero de 2018 y fue elegido presidente de la cámara Roger Torrent (ERC), quien en su discurso de aceptación del cargo no hizo ninguna mención a la «República Catalana» e hizo un llamamiento para recuperar las instituciones catalanas intervenidas por el gobierno central por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El 14 de mayo por mayoría simple —con los votos de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana y la abstención de la CUP— como nuevo presidente de la Generalidad a Quim Torra, el candidato designado por Puigdemont desde Berlín. Sus primeras palabras tras la votación fueron de agradecimiento al «president Puigdemont» del que aseguró: «Lo investiremos». El 12 de febrero de 2019,  comenzó el juicio a los 18 detenidos por este proceso en el Tribunal Supremo, acusados de delitos de rebelión, desobediencia, sedición y, malversación de caudales públicos.

El partido político VOX ejerció como acusación popular en el juicio. Celebrado entre una fuerte expectación y entre acusaciones de indefensión de los acusados, el juicio fue transmitido en directo a través del portal YouTube. Tras cinco meses de juicio, el 12 de junio fue declarado visto para sentencia. El 14 de octubre de 2019 se dio a conocer la sentencia firme, en la que se condenó a penas de 9 hasta a 13 años de prisión a los enjuiciados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia.

En abril de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Torra por un delito de desobediencia a año y medio de inhabilitación a cargos públicos electos y al ejercicio de funciones de gobierno. Torra anunció entonces que recurriría la sentencia ante el Tribunal Supremo (TS).

El 14 de febrero de 2021 se celebraron las Elecciones al Parlamento de Cataluña de 2021 en las que los partidos independentistas reforzaron su mayoría absoluta (Esquerra Republicana de Cataluña, 33 escaños; Junts, 32; y la CUP, 9) y superaron el 50% de los votos, con una baja participación (del 53%) a causa de la Pandemia de COVID-19 en España. El partido más votado, sin embargo, fue el PSC con Salvador Illa al frente (obtuvo 33 escaños). Vox entró en el Parlament (11 diputados) y Ciudadanos se hundió (pasando de 36 diputados a 6). En Comú Podem mantuvo sus 8 escaños y el PP pasó de 4 a 3. El PDeCAT no consiguió representación. ​

Finalmente, tras tres meses de tensas negociaciones entre los independentistas, el 21 de mayo de 2021 Pere Aragonès fue investido como presidente autonómico tras recabar los apoyos de ERC, Junts y la CUP, convirtiéndose en el primer presidente de la Generalidad de ERC desde la época de la II República Española (Lluís Companys en 1936). El 26 de mayo se constituyó el nuevo gobierno de Cataluña.

El martes 22 de junio el Gobierno de Pedro Sánchez indultó a los condenados en el juicio del procés. Tras conocerse la decisión del Gobierno, el presidente de la Generalidad Pere Aragonès, rodeado por todos sus consejeros hizo una declaración institucional en la que volvió a insistir en su reclamación de amnistía y autodeterminación. «Es la hora de poner fin a la represión, es la hora de un referéndum acordado que cuente con aval internacional como desea una amplísima mayoría de la ciudadanía de Catalunya», dijo. Pero reconoció que la concesión de los indultos «ayuda a generar credibilidad en el camino de la negociación y el acuerdo para resolver el conflicto político». Además, se mostró satisfecho con la medida, porque a su parecer es un reconocimiento «que las condenas fueron injustas». Por su parte, Mònica Sales, portavoz parlamentaria de Junts, socio de gobierno de ERC, se mostró escéptica sobre el diálogo con el Ejecutivo central y declaró que no compartían la idea de que con los indultos fuera más creíble el camino de la negociación.

Mi deseo es que nunca se rompan los siempre imprescindibles puentes del diálogo, porque no se puede admitir que en España y en Cataluña, la inconsciencia pueda ser general y pueda ser eterna.

Si por desgracia fuese así, no me extrañaría que dentro de poco tiempo algún historiador escriba, como quien escribe un epitafio: Hispania fuit.