No es nuestro estilo

Suelen circular por redes sociales, tertulias y confidencias interesadas informaciones sobre la vida privada de dirigentes políticos, utilizadas como arma arrojadiza en una degradación del debate público que excede cualquier discrepancia ideológica. Frente a esa atmósfera de rumor, descrédito y vulgaridad, conviene recordar que la firmeza política no exige descender al lodazal ni asumir las formas envilecidas que parecen haberse instalado en la conversación nacional.

Nos caracteriza, o debería caracterizarnos, un estilo que implica elegancia y rotundidad a la vez. Oponer idea a idea, actitud a actitud, y no convertir la vida pública en un estercolero de insinuaciones, insultos o miserias personales. No es nuestro estilo responder al barro con barro ni aceptar que la política quede reducida al espectáculo de la ordinariez o al comercio de las bajezas humanas.

La incoherencia del poder

La decepción ciudadana se agrava cuando quienes reclaman sacrificios, ejemplaridad o altura moral aparecen rodeados de escándalos, contradicciones o comportamientos incompatibles con el discurso proclamado. Los recientes episodios conocidos en torno a personas relevantes del entorno socialista, investigados o sometidos a escrutinio público y judicial, han proyectado una imagen especialmente perturbadora sobre la distancia entre el relato oficial y determinadas conductas atribuidas.

Pero el problema no pertenece a un solo espacio político. La degradación nace también de la costumbre de justificar cualquier exceso en nombre del poder, de blindar errores y de convertir el interés partidista en criterio supremo. El arribismo, la disciplina de aparato y la impunidad percibida terminan erosionando la confianza de quienes observan, con creciente desengaño, cómo demasiados dirigentes parecen vivir sometidos más a la lógica de supervivencia política que a principios estables.

Los partidos mal llamados «de Estado»

Los partidos llamados «de Estado» han terminado ofreciendo demasiados ejemplos de una práctica política incapaz de distinguir entre interés general e interés propio. Los ecos del caso Kitchen, vinculado a responsables del Partido Popular y juzgado tras más de una década, o la prolongada trayectoria judicial del caso Pujol, reabren preguntas inevitables sobre la lentitud de los mecanismos de depuración política e institucional y la persistencia de responsabilidades sin esclarecer.

Mientras tanto, desde distintos gobiernos y aparatos partidistas se percibe con frecuencia la tentación de neutralizar el desgaste, desactivar controles o desacreditar a quienes cuestionan determinadas decisiones. El ciudadano contempla con inquietud la utilización estratégica de instituciones, las campañas de propaganda o los intentos de presentar como normal lo que debería ser motivo de exigencia pública y severa rectificación.

Los medios y el negocio del barro

No menor responsabilidad corresponde a una parte de los medios de comunicación, convertidos demasiadas veces en extensiones ideológicas de partidos o plataformas de enfrentamiento permanente. Allí donde el periodismo debería contrastar, contextualizar y exigir responsabilidades, proliferan tertulias donde algunos comunicadores parecen más atentos a reproducir argumentarios o a obedecer estrategias partidistas que a esclarecer los hechos.

Existe además un incentivo perverso: el barro vende. La exageración, el escándalo y el morbo movilizan audiencias con más facilidad que el análisis sereno o la deliberación honrada. El envilecimiento de la conversación pública encuentra así una maquinaria eficaz de amplificación, capaz de convertir cada exceso verbal, cada filtración interesada o cada insinuación en combustible para una indignación inagotable.

Una cuestión de dignidad cívica

Quienes profesamos un estilo joseantoniano encontramos razones de sobra para rechazar esta degradación, precisamente porque una política digna exige coherencia entre conducta y palabra, firmeza sin ordinariez y convicciones sin envilecimiento. La crítica política debe existir, y ser contundente, pero jamás confundirse con el desprecio sistemático ni con la demolición moral del adversario como método ordinario de combate.

Sin embargo, el rechazo a esta situación ya no puede pertenecer solo a una tradición política concreta. La decepción ante el deterioro institucional, la incoherencia, el tacticismo y la vulgarización del espacio público debería concernir a cualquier español dotado de sentido común y de vergüenza cívica. Porque, cuando el barro se convierte en costumbre, termina degradándose el país entero.