Este texto es un resumen de un artículo de Arnaud Imatz, publicado en la revista francesa La Nef en 2021. Se puede leer íntegramente en este enlace. Se sugiere participar con comentarios al final del artículo.

De la Transición ejemplar al deterioro institucional

Durante mucho tiempo, la España de los años 1975-1985 fue presentada como el ejemplo casi perfecto de transición pacífica desde un régimen autoritario hacia una democracia liberal consolidada. Fue un modelo admirado por la prensa internacional y por numerosos observadores occidentales. Sin embargo, con el paso de los años, aquella imagen idílica se ha ido deteriorando hasta dejar paso a críticas cada vez más duras, al resurgimiento de viejos tópicos de la leyenda negra y a una percepción de España como un país débil, dividido e incapaz de sostener su propia estabilidad institucional.

España aparece hoy marcada por graves problemas estructurales: nacionalismos periféricos cada vez más agresivos, separatismos que amenazan su unidad, una economía debilitada por la falta de competitividad, la baja productividad, la rigidez del mercado laboral, el desempleo juvenil masivo, el despilfarro público y el deterioro del sistema financiero. A ello se añadió el efecto devastador de la pandemia, cuya gestión agravó una crisis preexistente y mostró con crudeza la fragilidad del país. Pero el autor insiste en que la pandemia fue solo un acelerador coyuntural: la raíz profunda del deterioro reside en la incapacidad de una clase política cada vez más mediocre, irresponsable y sometida a intereses ideológicos y de poder.

Para comprender por qué todo lo relacionado con la Guerra Civil se ha convertido en un tema de división aún más violento que hace quince años, es necesario volver al espíritu de la Transición.

El consenso democrático y el perdón como fundamento

Existe un hecho fundamental que suele olvidarse: fue la propia derecha procedente del franquismo la que tomó la iniciativa de instaurar la democracia. La Transición no fue una conquista revolucionaria de los enemigos del régimen, sino una decisión deliberada de buena parte de quienes habían sostenido el sistema anterior. La inteligencia política de la izquierda consistió entonces en renunciar a sus posiciones maximalistas y sumarse a un proceso reformista basado en la reconciliación nacional.

La Ley para la Reforma Política, la amnistía de 1977 y la Constitución de 1978 fueron fruto de ese consenso. La Transición descansaba sobre dos principios esenciales: el perdón recíproco y la concertación entre gobierno y oposición. No se trataba de imponer el olvido, sino de impedir que los políticos utilizaran la Guerra Civil como arma partidista. El pasado debía quedar en manos de historiadores y periodistas, no convertirse en instrumento de agitación electoral. En aquel clima resultaba inconcebible que los dirigentes se insultaran llamándose “rojos” o “fascistas”.

Ese espíritu comenzó a resquebrajarse en los años noventa.

La ruptura cultural y el regreso del lenguaje de guerra

La verdadera ruptura llegó en 1996, cuando el PSOE de Felipe González, tras catorce años en el poder, optó por utilizar el miedo como estrategia electoral y presentó al Partido Popular como heredero directo del franquismo y del fascismo. El célebre vídeo del dóberman simbolizó ese cambio de tono. Paralelamente, durante toda la década se consolidó un auténtico dominio cultural de una izquierda neosocialista y posmarxista que convirtió la nación, la familia y la religión en objetivos preferentes de una nueva ortodoxia ideológica.

Autores autodenominados progresistas, defensores del Frente Popular de 1936, coparon universidades, editoriales y grandes medios de comunicación. La Segunda República pasó a ser presentada como mito fundador de la democracia española, mientras toda revisión crítica de aquel periodo quedaba asociada automáticamente al franquismo. Incluso durante los gobiernos de José María Aznar, la derecha aceptó buena parte de ese marco ideológico. Obsesionado por la economía y por evitar cualquier confrontación cultural, Aznar no combatió esa hegemonía y asumió incluso muchos de sus presupuestos simbólicos, creyendo que una continua profesión de fe antifranquista podía desarmar al adversario. El autor considera que fue un error histórico que la derecha terminaría pagando años después.

Frente a ese monopolio cultural surgieron, a comienzos de los años 2000, historiadores independientes que cuestionaron la visión oficial dominante. Stanley Payne, Pío Moa, Roberto Villa, Manuel Álvarez, César Alcalá, Miguel Platón y otros investigadores revisaron críticamente el relato establecido sobre la Segunda República, el Frente Popular, la violencia revolucionaria y la represión de ambos bandos. Sus trabajos insistieron en la responsabilidad de la izquierda en el deterioro de la legalidad republicana, en el golpe socialista de 1934, en las checas, en las matanzas de Paracuellos y en la persecución religiosa, así como en una evaluación más precisa de las cifras de la represión y de las ejecuciones de posguerra.

La llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al poder en 2004 supuso, según el autor, la decisión deliberada de reabrir las heridas del pasado.

La Ley de Memoria Histórica y la versión oficial del pasado

Lejos del estilo moderado de González, Zapatero convirtió la memoria histórica en una herramienta de movilización ideológica. Impulsó la condena internacional del franquismo y alentó una ofensiva política y judicial orientada a presentar la represión franquista como un plan sistemático de exterminio equiparable a crímenes contra la humanidad. La actuación del juez Baltasar Garzón simbolizó ese proceso, aunque finalmente fue desautorizado y condenado por prevaricación.

En 2007 se aprobó la Ley de Memoria Histórica. Presentada como defensa de la democracia frente al franquismo y las ideologías de odio, el autor la considera una norma sectaria y discriminatoria. Aunque reconocía derechos a quienes sufrieron persecución o violencia, imponía al mismo tiempo una visión maniquea de la Historia: la democracia española pasaba a ser heredera directa de la Segunda República y del Frente Popular, convertidos en símbolos casi intocables de legitimidad democrática. Según ese relato, la derecha sería la única responsable de la destrucción de la República y del estallido de la Guerra Civil.

La ley mezclaba realidades distintas —alzamiento militar, guerra civil y franquismo— y exaltaba únicamente a las víctimas vinculadas al bando republicano o frentepopulista, mientras relegaba o silenciaba a quienes sufrieron la represión revolucionaria de izquierdas. Ignoraba las matanzas de Paracuellos, las checas y la persecución religiosa, y negaba de hecho igual reconocimiento a quienes pertenecieron al bando nacional. Además, legitimaba el uso político del pasado bajo apariencia de justicia moral.

La pasividad de la derecha ante la batalla memorial

Cuando el Partido Popular volvió al poder con Mariano Rajoy, nada cambió. Rajoy no derogó ni modificó la ley memorial. Su prioridad fue la economía y la estabilidad financiera, dejando intactas las reformas culturales de la izquierda. Esa renuncia confirmó, a juicio del autor, la incapacidad de la derecha española para librar la batalla cultural y defender una interpretación equilibrada de la historia. La derrota ante el desafío separatista catalán de 2017 y la posterior caída del gobierno evidenciaron también la debilidad política de ese proyecto.

Con Pedro Sánchez, la cuestión memorial adquirió una dimensión aún mayor. Para mantenerse en el poder, Sánchez aceptó apoyarse en la extrema izquierda y en los independentistas, pese a haber prometido lo contrario. La exhumación de Franco del Valle de los Caídos en 2019 simbolizó esa nueva etapa.

La nueva Ley de Memoria Democrática y el riesgo totalitario

Poco después, el Gobierno impulsó el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, destinado a sustituir la ley de 2007. El nuevo texto ampliaba notablemente el alcance de la intervención estatal sobre la memoria: creación de una fiscalía especial, financiación pública de exhumaciones, banco nacional de ADN, prohibición de fundaciones consideradas apologéticas, anulación de sentencias franquistas, retirada de símbolos y nombres vinculados al franquismo, revisión de programas escolares, expulsión de los benedictinos del Valle de los Caídos, exhumación de José Antonio Primo de Rivera, resignificación de la basílica y hasta la posibilidad de destruir la gran cruz monumental. Todo ello acompañado de fuertes sanciones económicas.

Presentada en nombre de la convivencia y la verdad, esta ley supone para el autor un uso todavía más agresivo de la Guerra Civil como arma política. No busca reconciliar, sino imponer una memoria oficial obligatoria. Solo una visión del pasado —la definida por el poder político— sería legítima y democrática; cualquier otra quedaría estigmatizada como franquista o antidemocrática. La historia de media España quedaría así condenada a desaparecer.

El autor sostiene que el alzamiento de julio de 1936 no puede entenderse como origen de la destrucción de la democracia, sino como consecuencia de una legalidad ya quebrada por el Frente Popular. Recuerda que en 1936 buena parte de las izquierdas no creía en la democracia liberal: anarquistas, comunistas y sectores decisivos del socialismo defendían abiertamente la revolución y la dictadura del proletariado. El PSOE había protagonizado el golpe de octubre de 1934 contra el gobierno republicano, y figuras como Largo Caballero o el joven Santiago Carrillo defendían sin ambigüedad la vía violenta hacia el socialismo.

Por ello, presentar la Segunda República y el Frente Popular como fundamento moral exclusivo de la democracia actual supone, a juicio del autor, una falsificación histórica. El Frente Popular español fue revolucionario y extremista, muy distinto del modelo reformista francés. Ignorar esa realidad y criminalizar cualquier investigación crítica constituye una forma de manipulación incompatible con una sociedad libre.

La nueva Ley de Memoria Democrática no sería solo autoritaria, sino propiamente totalitaria, porque pretende reeducar a la sociedad desde el poder, limitando la libertad de expresión, de enseñanza y de investigación histórica. Además, se inserta en un proyecto político más amplio que incluye leyes sobre eutanasia, aborto, educación e ideología de género, todas ellas percibidas por el autor como una ruptura con la tradición cristiana de España.

Así, la memoria histórica deja de ser un ejercicio de justicia para convertirse en una herramienta de división, resentimiento y control ideológico. Lejos de buscar la paz civil, las autoridades alimentan la confrontación permanente y profundizan la fractura nacional. España, concluye el autor, parece avanzar hacia una crisis global —política, moral, demográfica y espiritual— de enorme gravedad.

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