La igualdad ante la ley como principio irrenunciable

Una democracia solo puede sostenerse sobre un principio esencial: todos los ciudadanos son iguales ante la ley, con independencia de su cargo, influencia o proximidad al poder. Esa igualdad constituye el fundamento de la convivencia y la garantía de que las instituciones sirven al conjunto de la sociedad. Cuando una resolución judicial afecta a responsables políticos o a personas de su entorno, la respuesta esperable en un sistema democrático es el respeto a las decisiones de los tribunales y el uso de los cauces legales previstos para recurrirlas, nunca la descalificación sistemática de quienes las dictan.

Las recientes condenas relacionadas con la Diputación de Badajoz han reabierto un debate que trasciende el caso concreto. Lo verdaderamente preocupante no es únicamente el contenido de la sentencia, sino la reacción política que ha suscitado. Convertir una decisión judicial en la prueba de una supuesta conspiración o presentar a los jueces como actores políticos supone desplazar el foco desde los hechos hacia un relato que cuestiona la legitimidad de uno de los poderes del Estado.

Las resoluciones judiciales no nacen de la nada

Conviene recordar que ninguna investigación judicial prospera por el mero hecho de una denuncia. En un Estado de derecho existen garantías procesales, controles y distintos niveles de supervisión antes de que una causa avance o llegue a una sentencia. Cuando se producen imputaciones, aperturas de juicio oral o condenas, ello significa que los jueces han apreciado indicios suficientes o acreditado la existencia de actuaciones contrarias a la legalidad. La procedencia de la denuncia puede ser objeto de debate político, pero nunca invalida por sí misma unos hechos que han sido examinados conforme al ordenamiento jurídico.

En los últimos años, el elevado número de investigaciones, imputaciones y resoluciones judiciales que afectan a responsables socialistas en distintos niveles de la Administración resulta demasiado significativo para ser despachado como una simple coincidencia o una supuesta conspiración. Las buenas prácticas nunca llegan a los tribunales; lo hacen únicamente aquellas conductas sobre las que existen sospechas fundadas de irregularidad o, en algunos casos, responsabilidades ya declaradas judicialmente. Cuando esa sucesión de casos se prolonga en el tiempo y afecta a diversas instituciones, deja de percibirse como una suma de episodios aislados para proyectar la imagen de un modo de actuar que merece una profunda reflexión política e institucional.

La contradicción como estrategia política

Más allá del debate jurídico, la reacción del PSOE ante las resoluciones que afectan a dirigentes o personas de su entorno vuelve a poner de manifiesto una constante de los últimos años: la creciente distancia entre el discurso y los hechos. Frases que en su día se presentaron como compromisos irrenunciables —«Ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho», «Soy feminista porque soy socialista», «Yo no dormiría tranquilo si tuviera ministros de Podemos en el Gobierno», «La amnistía es algo que no entra en la legislación ni en la Constitución española» o «No es que haya cambiado de opinión, es que ha cambiado la realidad»— han acabado simbolizando, para muchos ciudadanos, una forma de ejercer la política en la que los principios parecen adaptarse a las necesidades del momento.

En ese contexto, tampoco sorprende que la defensa de la independencia judicial se convierta en una bandera cuando las sentencias perjudican al adversario y en un motivo de descalificación cuando afectan al propio partido. Esa doble vara de medir alimenta la desconfianza ciudadana y erosiona la credibilidad institucional. Una democracia exige coherencia entre lo que se proclama y lo que se practica. Cuando las palabras pierden su valor y las convicciones parecen depender únicamente de la conveniencia política, el mayor perjudicado no es un partido concreto, sino la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en quienes las gobiernan..