Una ciudad que vive al límite

Ceuta atraviesa una situación que difícilmente puede reducirse a un problema migratorio. Cuando una ciudad fronteriza empieza a percibir que su seguridad, su convivencia y hasta las expectativas de quienes quieren construir allí su futuro están en cuestión, el problema adquiere otra dimensión. La sensación de abandono se extiende entre unos ciudadanos que reclaman algo tan elemental como que el Estado ejerza su responsabilidad y garantice que una frontera española no quede convertida en una zona de incertidumbre permanente.

Las consecuencias no son únicamente visibles en las calles. También alcanzan a la economía, al comercio y al mercado inmobiliario, mientras crece entre parte de la población la inquietud ante un futuro que algunos empiezan a contemplar lejos de Ceuta. Resulta difícil pedir a los jóvenes que permanezcan y desarrollen allí sus proyectos vitales si perciben que las instituciones no están ofreciendo respuestas proporcionadas a la gravedad de lo que sucede. Las visitas oficiales, por numerosas que sean, pierden todo significado cuando no se traducen en decisiones concretas.

Marruecos y la política de la dependencia

El problema adquiere una dimensión todavía mayor cuando se observa la relación de España con Marruecos. La gestión de la frontera no puede quedar subordinada indefinidamente a las necesidades diplomáticas, económicas o migratorias de Rabat. Una cosa es mantener abiertas las vías de cooperación y otra muy distinta aceptar que la defensa de los intereses españoles dependa de la voluntad de un Estado vecino. Ceuta necesita una frontera eficaz, previsible y respaldada por una política nacional inequívoca.

La paradoja resulta especialmente difícil de explicar: mientras Ceuta reclama mayor protección, España y la Unión Europea continúan profundizando su relación estratégica con Marruecos. La cooperación económica, comercial, migratoria y de seguridad puede ser necesaria, pero no debería convertirse en una excusa para relegar los intereses de quienes viven en la frontera. Si después de una crisis fronteriza la respuesta consiste en estrechar todavía más los vínculos con quien controla el otro lado, es legítimo preguntarse dónde quedan las garantías para los ciudadanos españoles de Ceuta y Melilla.

Los ciudadanos no pueden pagar la factura

También resulta imprescindible revisar con transparencia las políticas de acogida y el papel de las organizaciones que participan en ellas. La solidaridad con personas vulnerables no está en discusión; lo que debe discutirse es cómo se administran los recursos públicos, qué resultados producen y qué controles existen. La ayuda humanitaria no puede convertirse en una política sin límites ni en un mecanismo que termine haciendo recaer sobre las comunidades fronterizas todo el coste económico y social de decisiones adoptadas lejos de ellas.

Ceuta no pide privilegios. Pide Estado, seguridad, control fronterizo y una política nacional que no convierta a sus habitantes en los primeros perjudicados de acuerdos diseñados en función de intereses ajenos. Su situación debería importar a toda España porque su frontera no es exclusivamente ceutí: es también frontera española y europea. La cuestión de fondo, por tanto, no es elegir entre humanidad y firmeza, sino recordar que una democracia debe ser capaz de proteger sus fronteras, defender a sus ciudadanos y ofrecer respuestas antes de que la incertidumbre termine convirtiéndose en desesperanza.