La Justicia bajo presión política
La independencia judicial, sometida a una presión creciente
La controversia suscitada por la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de trasladar al promotor de la acción disciplinaria el auto del juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a situar en el centro del debate la independencia del Poder Judicial. Más allá del contenido concreto de la resolución, el episodio refleja una preocupante tendencia: la creciente presión política sobre los jueces cuando sus decisiones afectan a quienes ejercen el poder.
Lejos de limitarse a utilizar los mecanismos procesales previstos por el ordenamiento jurídico, distintos miembros del Gobierno han cuestionado públicamente la actuación del magistrado instructor e incluso han impulsado actuaciones ante el órgano de gobierno de los jueces. Esa reacción resulta especialmente delicada cuando el procedimiento afecta al entorno familiar del presidente del Gobierno, pues alimenta la percepción de que determinadas causas reciben un tratamiento político antes que estrictamente jurídico.
Una preocupante doble vara de medir
Las resoluciones judiciales pueden ser acertadas o erróneas. Precisamente por ello existen los recursos ante los tribunales superiores. Sin embargo, convertir cada decisión desfavorable en una campaña pública de descrédito institucional supone alterar el equilibrio entre poderes que exige cualquier democracia consolidada. La crítica política no puede sustituir a los cauces jurisdiccionales establecidos por la ley.
Esta dinámica adquiere mayor gravedad cuando se observa una evidente asimetría en la reacción de determinados responsables públicos. Las sentencias o decisiones que perjudican a adversarios políticos suelen ser presentadas como ejemplo del correcto funcionamiento de la Justicia, mientras que aquellas que afectan al Gobierno o a personas de su entorno pasan a ser calificadas de persecución, arbitrariedad o actuación impropia. Ese criterio variable erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y convierte a los tribunales en objeto de disputa partidista.
El respeto institucional como garantía del Estado de derecho
También el CGPJ debería extremar la prudencia en situaciones especialmente sensibles. La rapidez con la que abordó este asunto, unida a la imagen de división interna proyectada por el propio órgano, ha contribuido a incrementar la sensación de politización de una institución cuya misión constitucional consiste precisamente en preservar la independencia de los jueces. Cualquier eventual responsabilidad disciplinaria debe tramitarse con absoluto respeto al procedimiento legal y sin transmitir la impresión de responder a presiones externas.
La independencia judicial no implica inmunidad frente al error, pero sí exige que cualquier corrección se produzca exclusivamente por los cauces previstos por la ley y nunca al calor de la confrontación política. Una democracia madura necesita jueces sometidos únicamente al Derecho, no a las expectativas del poder. Defender ese principio resulta imprescindible para garantizar que la Justicia conserve la credibilidad necesaria para resolver con imparcialidad incluso los asuntos de mayor trascendencia política.