Crisis y desastres como espejo del desorden autonómico

Cada vez que nos sacude un desastre natural (DANA, por ejemplo) o sobrevenido por causas siempre ignotas (covid, apagón…), se producen una serie de fenómenos de naturaleza política que, por consabidos, todos esperamos: 1) debate inmediato sobre a quién corresponde adoptar medidas de emergencia; 2) cruce de atribuciones entre poderes autonómicos, locales o nacionales; 3) desbarajuste en la aplicación de medidas; 4) acusaciones de las administraciones entre sí y fuego cruzado de los partidos, que llevan las desgracias humanas a la política; y, de fondo, clamor de las víctimas, que, a menudo, también es aprovechado para un rendimiento partidista.

De fondo: el Estado de las autonomías. Cuando este se entronizó, las justificaciones oficiales eran las siguientes: a) acercamiento de la Administración al ciudadano; b) eficacia ante problemas; fundamento de un Estado de derecho moderno; c) satisfacción de los alegatos historicistas de cada comunidad; además, agilidad, buen hacer, transparencia, solidaridad… y, ante todo, invocación a los valores democráticos.

Promesas iniciales frente a la realidad política

A poco que juzguemos la evidencia, llegaremos a la conclusión de que no se ha cumplido ni una sola de esas grandes esperanzas, en tanto, además, que la democracia ha degenerado en partitocracia, en caciquismo, oportunismo político y/o personal, centralismos autonómicos por doquier y, en suma, múltiples desengaños, sin contar con el incremento exponencial de la insolidaridad territorial y el crecimiento de los nacionalismos separatistas.

Creo que a estas alturas no hay ni un solo partido (ni siquiera el díscolo Vox) que se cuestione públicamente la oportunidad del Estado autonómico; de hacerlo, además de abrir la caja de los truenos, los territorios gobernados por cualquier partido constitucional montarían en cólera, y los ciudadanos, soliviantados por sus respectivos caciques, declararían la guerra a los osados enemigos del autonomismo patrio.

Un consenso político difícil de cuestionar

Permítaseme que, a riguroso título personal, me cuestione la persistencia del invento autonómico y pueda clamar por su sustitución o, por lo menos, su reforma a fondo. La primera pregunta es sobre la necesidad de mantener una organización autonómica del Estado; de hecho, en la práctica, solo es beneficiosa para aquellas comunidades con predominio ideológico y de poder de los nacionalismos identitarios, pues, confiando en sus mayorías, van haciendo objeto de chantajes continuados al gobierno central de turno para obtener transferencias jugosas, amparadas en las contradicciones e imprecisiones del Título VIII de la Constitución, especialmente en sus artículos 148, 149 y 150; así, se lleva a cabo un constante debate en términos de soberanía más que de autonomía, lo que constituía una barrera infranqueable, al decir de Ortega y Gasset en su alegato en el Parlamento de la Segunda República.

Por otra parte, se está produciendo una especie de contagio suicida para España, pues otras comunidades que no presentaban síntomas de efervescencia nacionalista los van adquiriendo. La aberración jurídica y política de convertir España en una nación de naciones subyuga a los partidos de izquierda; en versión socialista es ese federalismo asimétrico, que en realidad es un confederalismo, preludio de la desintegración nacional.

Nacionalismos y deriva del modelo territorial

¿Es necesario el autonomismo para descentralizar el Estado, que eso sí es conveniente? Acudamos a los clásicos: no hay problema en conceder amplia autonomía a un territorio en que esté firmemente asentada la idea de unidad de España; entonces sí se pueden relajar los lazos administrativos y aun políticos, al existir la seguridad de que la medida no será utilizada para la secesión.

¿Solo a las regiones históricas (nacionalidades para los redactores de la Constitución) se les puede conceder autonomía? ¿El café para todos soluciona el problema? Ya vemos que no. Opinamos que una verdadera, eficaz y adecuada autonomía debería tener como objeto los municipios y las comarcas, lo que haría frente a ese verdadero centralismo de las comunidades autónomas, y sería más fácil combatir los asomos de caciquismo.

Alternativas: descentralizar sin fragmentar

Apuntamos también un dato histórico, aunque resulte incómodo: la configuración autonómica del nuevo régimen español vino impuesta desde fuera, un trágala más, como otros muchos, evidente menos para quienes siguen creyendo aquello tan manido de «la Constitución que nos hemos otorgado los españoles». Sería conveniente un estudio histórico serio e imparcial al respecto…

Como ya hemos apuntado, hoy en día estas reflexiones son brindis al sol, pues, tras muchos años de apostolado, muchos españoles siguen prefiriendo su patria chica a la Patria grande, atentos al sonido de las gaitas y no al de la lira.

Artículo extraído de la revista Lucero de la Hermandad del F. de J., de enero/marzo de 2026.