Incongruencia

Consecuencia del confuso sistema electoral es el divorcio de una parte importante de la población y el voto a lo 'menos malo' que no por ello deja de ser malo.

Publicado en Cuadernos de Encuentro, de otoño de 2023. Editado por el Club de Opinión Encuentros. Ver portada de Cuadernos en La Razón de la Proa (LRP). Solicita recibir el boletín semanal de LRP.

Consecuencia del confuso sistema electoral y más aún de la tendenciosa aplicación por un gobierno de «Frankestein», que en su seno lleva la contradicción y la necesidad de comprar su permanencia con concesiones ideológicas y económicas a partidos minoritarios y anticonstitucionales, es el divorcio de una parte importante de la población y el voto a lo menos malo que no por ello deja de ser malo.

El sistema de representación exclusivo de los partidos políticos –en revisión europea– exige que la naturaleza, la institucionalización y su funcionamiento estén claros y cumplan su objetivo que es servir de cauce para la asociación voluntaria y libre del caudal de la ciudadanía, con el fin de participar en las tareas del Estado, respetando la independencia de los poderes que lo constituyen.

En modo alguno esta participación puede convertirse en lucha por el poder. Por eso tienen que actuar dentro de unos objetivos y sistemas superiores, que se contienen en la Constitución, que se da así misma la nación, que solo se puede cambiar con los trámites contenidos en sí misma. Ello exige que los partidos políticos en su estructura y funcionamiento cumplan con una serie de principios.

El primero de todos, su constitucionalidad. Jurar y cumplir la Constitución, que se fundamenta en la suprema unidad de la nación, «patria común e indisoluble de todos los españoles», y el imperativo de una historia compartida.

Si esto se cumple, no pueden legalmente formar parte del poder legislativo del Estado los partidos que incumplan o incluso ataquen la Constitución (la unidad de España, la independencia de poderes, la monarquía parlamentaria…). Por cierto, que los países más prósperos, libres, democráticos, y estables son monarquías parlamentarias (Inglaterra, Suecia, Noruega, Bélgica, Luxemburgo, Japón, Holanda, Emiratos Árabes…).

Por lo tanto es inadmisible el pacto de un partido constitucional, con otros anticonstitucionales, comunistas, separatistas… que no solo son antisistema sino que encima imponen su contenido doctrinario legislativo (como la ley trans, la memoria histórica, solo sí es sí, etc.). Todo ello se proyecta sobre el conjunto de la ciudadanía y provoca la estupefacción, y el mal menor.

El tema no termina ahí, hay muchos aspectos más, que exigen la reforma de los partidos políticos y del sistema de representación.

Los partidos en Europa, por sí solos no representan a la sociedad. Esto es un clamor, cuya figura más representativa es Max Beloff, catedrático inglés.

La sociedad ha ido creando sus propias estructuras, que ya no son verticales –los partidos se han convertido en una cámara de intereses personales e ideológicos, las estructuras horizontales basadas en intereses personales no solo en ideologías se han apoderado en la sociedad–.

Parados, jubilados, inmigrantes, jóvenes, feministas, independientes, ecologistas… representan y defienden intereses colectivos independientemente de los partidos. Incluso rechazan su ideología, que siempre es interesada. Esto afecta a los sindicatos mayoritarios, que se han convertido en correas de transmisión de los partidos.

Viven de las cuantiosas subvenciones, actúan al servicio del poder y contribuyen al mantenimiento del sistema socio-económico que histórica e ideológicamente debían sustituir.

Cuando el país de mayor índice de paro de su contorno, fundamentalmente juvenil y mayores de larga duración abandonados a su suerte, contrariamente al especial cuidado en otras altitudes, que llegan por ejemplo a liberarles del pago del IRPF a partir de cierta edad y años de cotización.

El país de mayor deuda que grabará a las nuevas generaciones de alto nivel de inflación acumulada, de mayor gasto público incontrolado, índice inadmisible de presión fiscal, de inmigración ilegal… Resulta que él nos vende un incremento salarial del 3% en el año 2023, que antes de aplicarse ya es sobrepasado por la inflación acumulada.

Todo nos lleva a la necesidad de reformar el sistema representativo, dando cauce a la realidad social. Algunos –entre los que me encuentro– lo venimos propugnando, con el nombre de democracia de síntesis o democracia mixta, que supera la exclusividad de los partidos políticos. Mientras eso llega, de lo que va habiendo diferentes intentos, hay que clarificar la competencia y el funcionamiento de los partidos.

No todo el monte es orégano.

En primer lugar, un partido no es elegido para ostentar el poder absoluto porque ha de respetar como base de la democracia la plenitud e independencia de los poderes del Estado (ejecutivo y sobre todo el legislativo). Los continuados intentos de ocuparlos y subliminarlos al partido y lo que aún es peor, a los mini-partidos (Frankestein), también deja perplejo al ciudadano.

Es necesario que gobierne el partido más votado, sin que sea admisible que lo haga gracias a los inconstitucionales. Esto es tan evidente que en Europa se tiene establecida ya generalmente una segunda vuelta exclusiva para los partidos mayoritarios.

Los partidos deben financiarse –como los sindicatos– con la cuota de sus afiliados.

No es admisible la intromisión de los cuadros de los partidos en los escalafones de la administración, asumiendo funciones ejecutivas (la administración tiene su forma reglamentaria respetando la igualdad de acceso a sus plantillas) y mucho menos la abusiva colocación de enchufados, asesores, como si la propia administración no tuviera personas preparadas que han ganado su puesto con una titulación suficiente y por oposición.

Somos uno de los países con mayor número de empleados públicos; a lo que habría que añadir la abusiva creación de empresas públicas.

La exigencia de las medidas que se propugnan, no solo porque son justas en sí mismas, sino porque además suponen una disminución necesaria del gasto público que ha alcanzado niveles inasumibles.




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