León XIV y el límite moral del poder
La democracia pierde su fundamento cuando la ley deja de reconocer una dignidad humana anterior al Estado. El mensaje de León XIV recupera una tradición que sitúa la verdad, la justicia y el bien común por encima de las mayorías.
Entre la crítica legítima y el ruido ideológico
Fantoches de toda laya —que los hay en abundancia y con igual capacidad de estruendo y de ridículo a uno y otro lado del espectro político— han hecho siempre de la descalificación de la Iglesia católica una forma barata de exhibicionismo intelectual. Lanzan invectivas y caricaturas con la desenvoltura de quien confunde la irreverencia con la lucidez y la grosería con el pensamiento crítico. Basta asomarse a sus tribunas o escuchar sus diatribas para advertir que habitan un universo mental ajeno al lenguaje mismo en que se expresa el cristianismo. Hablan de la Iglesia como un daltónico que pontificara sobre los colores o como un sordo que pretendiera juzgar una sinfonía: perciben apenas la superficie y toman por vacío lo que simplemente está más allá de su capacidad de escucha.
Naturalmente, de ello no se sigue que el clero deba quedar al margen de la crítica. Nada más contrario a la tradición intelectual católica, que siempre ha distinguido entre la autoridad espiritual y las inevitables limitaciones humanas de quienes la encarnan. Cuando un obispo, un sacerdote o el propio Papa descienden al terreno de las decisiones prudenciales sobre asuntos temporales, sus juicios son discutibles y pueden ser refutados, compartidos o matizados con la misma libertad con que se discuten los de cualquier otro ciudadano. Faltaría más. Confieso que escribo este artículo tan conmovido por el espectáculo maravilloso que fue la inauguración de la Cruz de la Torre de Jesucristo, en la Sagrada Familia, como asqueado por la poca implicación —y hasta por la complicidad con los perpetradores de mamarrachadas— del clero en el cuidado y la defensa de la basílica del Valle de los Caídos.
Pero conviene no confundir los planos. El mensaje de León XIV, en su reciente visita a España, no pertenece al género menor de la opinión política ni al comentario de coyuntura. No es una consigna partidista ni un editorial al uso. Se sitúa en un estrato mucho más profundo, allí donde se formulan las preguntas decisivas sobre lo que el hombre es y sobre aquello que ninguna sociedad debería olvidar sin correr el riesgo de deshumanizarse. Cuando el Pontífice habla de la dignidad inviolable de la persona, del bien común, de la protección de la vida o de la familia como primera escuela de humanidad, no está proponiendo un programa electoral alternativo, sino recordando que existen verdades morales anteriores al Estado y superiores a las fluctuaciones de las mayorías. Verdades que no nacen de las urnas y que, precisamente por ello, constituyen el único límite capaz de impedir que la democracia degenere en la simple tiranía del número.
La dignidad humana como límite del poder político
El Pontífice ha tomado como uno de los puntos fuertes de su discurso la dignidad humana. Y es que, en España y en prácticamente todo el mundo, vivimos tiempos de una profunda confusión moral. La política parece haberse convertido, en demasiadas ocasiones, en un escenario donde el cálculo táctico y el interés inmediato desplazan a las preguntas fundamentales sobre la verdad, la justicia y el bien común. Las leyes son aprobadas y derogadas por mayorías parlamentarias cambiantes, como si el mero respaldo de los votos bastara para convertir en justo aquello que se aprueba. Sin embargo, la experiencia histórica enseña exactamente lo contrario: una ley puede ser legal y, al mismo tiempo, profundamente injusta.
El cenagal de la política española actual vive sus momentos más putrefactos, y ha contrastado violentamente con la claridad, la emoción y la belleza de diversos escenarios y personajes que han expresado ideas e historias sublimes durante esta visita papal.
España vivió otras épocas mucho más brillantes en el pasado, y León XIV nos ha recordado alguna de ellas. Como lo fue aquel Siglo de Oro español, con su Escuela de Salamanca. La gran aportación de la tradición clásica y cristiana de una España que lideraba el pensamiento europeo consistió, precisamente, en recordar que el poder político no es la fuente última del derecho. Ni el Estado crea la dignidad humana ni las mayorías pueden disponer de ella. Antes de cualquier constitución, de cualquier parlamento o de cualquier gobierno existe una realidad anterior y superior: la persona humana, dotada de un valor intrínseco que no depende de su utilidad, de su fuerza, de su edad, de su salud o de su aceptación social.
En este contexto adquieren una especial relevancia las recientes apelaciones del papa León XIV a la centralidad de la dignidad humana. «Toda sociedad auténticamente justa se edifica sobre el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana», ha afirmado el Pontífice. Y ha añadido una idea de enorme trascendencia política y jurídica: esa dignidad «precede a toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento». Con ello no hace sino recoger una tradición intelectual que hunde sus raíces en Aristóteles, el Derecho romano, el pensamiento cristiano y, de manera eminente, en autores españoles como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto o Francisco Suárez.
La Escuela de Salamanca defendió una tesis revolucionaria para su tiempo: que existen derechos inherentes a la persona por el mero hecho de ser persona. Frente a cualquier absolutismo, sostuvo que ni el rey ni la comunidad política poseen un poder ilimitado. La ley positiva es legítima cuando se ajusta a la ley natural; cuando la contradice, pierde su fundamento moral. No es una doctrina confesional en sentido estricto, sino una afirmación racional sobre la existencia de bienes humanos básicos que ninguna mayoría puede destruir sin erosionar la propia civilización.
La historia ofrece ejemplos elocuentes. Hubo épocas en las que la esclavitud fue legal y socialmente aceptada; también lo fueron la segregación racial o la persecución de minorías religiosas. El hecho de que millones de personas apoyaran esas instituciones no las convirtió en justas. Si el criterio último de la moralidad fuese el número de votos, cualquier atropello podría legitimarse mediante una mayoría suficientemente amplia. Las democracias degeneran así en una forma refinada de relativismo, donde el derecho dejaría de ser un límite al poder para convertirse en un simple instrumento de este.
El aborto y la diferencia entre «algo» y «alguien»
Por eso resulta imprescindible recordar que la política no consiste únicamente en agregar preferencias individuales, sino en buscar el bien común. Y el bien común, como ha señalado el propio León XIV, no es la mera suma de intereses particulares. Es el conjunto de condiciones sociales, jurídicas y culturales que permiten a las personas, a las familias y a las comunidades alcanzar su propio desarrollo. En cierto modo, el bien común es la expresión social de la dignidad humana.
Esta concepción tiene consecuencias prácticas. Obliga a mirar a los más vulnerables no como una carga, sino como una medida de la salud moral de una sociedad. La grandeza de una civilización no se mide por su producto interior bruto ni por la sofisticación de sus tecnologías, sino por la manera en que trata a quienes no pueden defenderse por sí mismos: los pobres, los enfermos, los ancianos, las personas con discapacidad y los niños, nacidos o todavía no nacidos. Y también todas aquellas realidades que la sociedad actual rechaza porque no se ajustan a sus estándares de perfección.
Preguntaba el Papa a sus señorías dos cuestiones fundamentales: «¿Qué modelo de hombre revelan las leyes que aprueba un parlamento? ¿Qué modelo de sociedad vamos a construir con esas leyes?»
La cuestión del aborto voluntario ilustra con especial claridad este debate. A menudo se presenta como una disputa exclusivamente religiosa o científica. Sin embargo, existe un planteamiento más elemental, accesible a cualquier persona al margen de sus convicciones teológicas o de sus conocimientos biológicos. Es la distinción fundamental entre «algo» y «alguien», entre un «qué» y un «quién».
Nos recordaba Julián Marías cómo el lenguaje común revela esa diferencia. Cuando escuchamos un golpe inesperado preguntamos: «¿Qué ha sido eso?». Pero si llaman a la puerta, preguntamos: «¿Quién es?». La intuición humana distingue espontáneamente entre las cosas y las personas. Las cosas tienen un valor; las personas poseen dignidad. Las cosas pueden sustituirse; las personas son irrepetibles.
El hijo que está por nacer participa de esa condición personal. Lo que biológicamente es procede de sus padres y de los elementos materiales que constituyen su organismo. Pero él mismo no se reduce a esa composición. Es alguien nuevo, un sujeto llamado a decir «yo» y a ser interpelado como «tú». Constituye una realidad inédita que se incorpora al mundo, no una mera prolongación del cuerpo materno. De hecho, la experiencia ordinaria del lenguaje vuelve a ofrecer una pista reveladora: una mujer dice «estoy embarazada» o «voy a tener un hijo»; no dice «mi cuerpo alberga un tejido extraño». El embarazo es una relación profundamente personal antes que un simple proceso fisiológico.
Reducir al concebido a una parte disponible del cuerpo materno implica transformar a una persona en una cosa. Y esa cosificación no afecta únicamente al no nacido; termina proyectándose sobre toda la sociedad. Si el valor de la vida depende de circunstancias externas —la autonomía, la salud, la capacidad cognitiva o el grado de desarrollo—, entonces nadie posee una dignidad verdaderamente incondicional. El recién nacido, el anciano con demencia avanzada o el enfermo en coma quedarían igualmente expuestos a que otros decidieran si su existencia merece protección.
La defensa de la vida humana, por tanto, no puede entenderse como una reivindicación parcial ni como un interés exclusivo de los creyentes. Es una exigencia de civilización. Una comunidad política que acepta que el más débil puede ser privado de su derecho a vivir porque resulta inconveniente o dependiente corre el riesgo de erosionar el fundamento mismo sobre el que se sostienen todos los demás derechos.
Fronteras, familia y responsabilidad social
Naturalmente, la dignidad humana exige también una mirada responsable hacia otros dramas de nuestro tiempo. El fenómeno migratorio constituye uno de ellos. Desde una perspectiva ética inspirada en la doctrina social cristiana, el deber de un Estado de proteger sus fronteras y garantizar el orden jurídico es legítimo y necesario. Pero esa obligación debe armonizarse con otra igualmente irrenunciable: ofrecer amparo a quienes huyen de la guerra, la persecución o el hambre. La caridad no puede ser una coartada para la imprudencia política, ni la prudencia política puede convertirse en excusa para la indiferencia moral. El equilibrio entre ambas dimensiones es una tarea difícil, pero imprescindible.
Algo semejante sucede con la institución familiar. Frente a una cultura crecientemente individualista, la familia continúa siendo el primer ámbito donde la persona aprende que no vive para sí sola. En el hogar se descubren el cuidado, la gratuidad, la responsabilidad y la continuidad entre generaciones. Allí se transmite una memoria compartida que da estabilidad interior a la sociedad. No es casual que León XIV haya insistido en que «la familia será siempre la primera escuela de humanidad». Una comunidad que debilita sistemáticamente a la familia acaba debilitando también los vínculos de solidaridad que sostienen la convivencia democrática.
La verdad frente a la ideología
En el fondo de muchos de estos conflictos se encuentra un fenómeno más profundo: la sustitución de la realidad por la ideología. Las ideologías modernas tienden a invertir el orden natural de las cosas. En lugar de que la razón se abra a la realidad y la conozca, pretenden que la realidad se adapte a los deseos o construcciones subjetivas de cada época. El resultado es una creciente dificultad para reconocer hechos elementales sobre la naturaleza humana y sobre el significado de la libertad.
La tradición intelectual católica ha propuesto siempre el camino inverso. La fe, lejos de encerrar la razón en un universo autorreferencial, la impulsa a salir de sí misma para encontrarse con el mundo, con el prójimo y con la verdad de las cosas. Cuando la razón se deja iluminar por la realidad, se ensancha; cuando queda atrapada en sistemas ideológicos cerrados, termina por marchitarse. Una cultura que deja de llamar a las cosas por su nombre acaba convirtiendo las palabras en instrumentos de manipulación. De ahí el recurso a eufemismos que suavizan o difuminan la gravedad de determinadas acciones: las vidas humanas se convierten en «material biológico», la eliminación de un inocente en una «interrupción» y las relaciones personales en simples mecanismos funcionales.
Frente a esta tendencia, conviene reivindicar el valor de las palabras verdaderas. Nombrar correctamente la realidad es el primer acto de justicia. La libertad no consiste en imponer un relato sobre los hechos, sino en poder reconocerlos y actuar responsablemente ante ellos. Sin verdad compartida, la convivencia se hace imposible; sin una idea objetiva de la dignidad humana, los derechos quedan a merced de la correlación de fuerzas.
La tradición española ante los desafíos del presente
España posee en su propia tradición intelectual recursos suficientes para participar en este debate con voz propia. La Escuela de Salamanca no fue una reliquia del pasado, sino una de las grandes contribuciones españolas al pensamiento universal. Allí se formularon principios que anticiparon el derecho internacional, la limitación del poder político y la universalidad de los derechos humanos. Recuperar ese legado no significa nostalgia arqueológica, sino redescubrir una concepción de la política subordinada a la ética y del derecho subordinado a la justicia.
En una época dominada por la volatilidad de las mayorías y por la presión de las modas ideológicas, conviene recordar una verdad sencilla: no todo lo que puede votarse debe votarse y no todo lo que una mayoría aprueba es moralmente aceptable. La democracia es un instrumento de gobierno, pero no constituye una fuente absoluta de legitimidad. Cualquier sistema democrático debe reconocer que existen límites que ni siquiera el poder mayoritario puede traspasar, y que esos límites existen independientemente de que cualquier constitución los sancione o reconozca.
Esos límites tienen un nombre: la dignidad inviolable de toda persona humana. Sobre ella se construyen el derecho, la libertad y la convivencia. Cuando se olvida, las leyes pueden conservar su apariencia de legalidad, pero pierden el alma que las hace verdaderamente justas.