Muchas sombras… y pocas luces.

El establecimiento del Estado de las autonomías respondía, en la teoría oficial en boca de sus creadores y mentores, a tres sanas intenciones, de esas que dicen que está empedrado el infierno, a saber: a) acercar la Administración al ciudadano, superando el centralismo; b) dinamizar la sociedad y la gestión de los problemas de los territorios, y c) reconocer los valores peculiares de cada región, de origen histórico, y, a la vez, fortalecer la identificación con la patria común.

La primera de estas buenas intenciones no solo no se ha cumplido, sino que el invento ha ido creando nuevos y variados centralismos territoriales, en los que se han consolidado oligarquías políticas y económicas; municipios y comarcas han sido los grandes perdedores. Por otra parte, ese acercamiento podía venir dado por uso de las nuevas técnicas de comunicación de la Informática…

La segunda intención ya fue defendida por José Ortega y Gasset en su célebre discurso en el Parlamento de la Segunda República: él creía que la obligación de autonomías generales iba a provocar el esfuerzo común, un poner en pie a la España real, frente a la abulia que demostraba la España oficial. Claro que el filósofo no podía suponer que su combate contra el particularismo y en pro de la totalización iba a degenerar, muchas años después, en un aumento exponencial de los más exaltados particularismos, algunos de ellos derivados en nacionalismos irredentos. Tampoco podía suponer, claro está, que un Estado de las autonomías iba a multiplicar, también exponencialmente, el número de legisladores, políticos, consejeros y funcionarios, que supera con mucho al de cualquier nación europea de nuestro entorno.

La tercera intención ha constituido el mayor fiasco de todo el programa inicial. Las oligarquías localistas mencionadas han hecho mangas y capirotes de las auténticas raíces territoriales y han ido creando una artificiosa maraña de tradiciones falsas y mitológicas, al margen o frente al global español, priorizando lo localista frente a lo nacional y unitario: en algunos casos, han sembrado la nociva semilla del separatismo más brutal y el odio a lo español.

Volviendo a Ortega, ya advirtió en su momento que cualquier concesión autonómica nunca debía llevarse a cabo en términos de debate sobre la soberanía, que atañe al conjunto del pueblo español; José Antonio Primo de Rivera, por su parte, afirmó que no había problema en otorgar estatutos de autonomía, siempre y cuando estuviera bien arraigada en esos territorios el sentido de la unidad española.

Es preciso reformar a fondo ⎼reconducir, si se quiere⎼ el sistema autonómico español, delimitando las competencias que el Estado nunca debió de abandonar y las que pueden ser privativas de cada territorio (región, comarca, municipio…); es decir, revisar totalmente el título VIII de la Constitución vigente.

En caso contrario, vamos hacia una peligrosa deriva, ya no a una situación federal, sino hacia un extraño y nocivo confederalismo ⎼que se trasluce tácita o expresamente de las actuaciones y mensajes del actual presidente del Gobierno español⎼, antesala del franco separatismo.

Es decir, el gran riesgo es que se nos caiga de las manos hasta el mismo nombre de España.