El escándalo y la vergüenza producidos por la persecución que ejercen separatistas catalanes contra una familia que pretende que su hijo de cinco años reciba clases en español en la proporción que la ley establece ━un raquítico 25% del tiempo lectivo total━, difícilmente pueden sufrirse con calma.

Por más que se procure mantener la templanza a la vista de estos hechos, es evidente que entramos en una zona peligrosísima, pues ante el acoso de unos desalmados a ciudadanos que sólo quieren acogerse a lo que la ley les garantiza, los gobernantes de Cataluña legitiman el acoso y el Gobierno de España se inhibe criminalmente.

De los gobernantes catalanes nada cabe esperar, del Gobierno de España y del partido que lo ocupa, tampoco, sin que quepa hacerse ilusiones sobre otros que pudieran ocuparlo.

Así pues, ante la ley incumplida y no restituida por los poderes que han de hacerla valer, ante la nación dejada a la intemperie por una clase partidocrática corrompida, cualquier español está legitimado para asumir y ejercer la defensa activa y decidida de España fuera de esta amalgama de Corona, Constitución, partidos, taifas e intereses inconfesables en colusión contra el pueblo.

Si toda esta amalgama ha dejado de servir ━si es que alguna vez sirvió para algo━, no puede seguir configurando la realidad política de España y debe ser sustituida urgentemente.

Los riesgos del combate necesario son graves, pero más grave es la amenaza que nos cerca y que lleva mucho tiempo materializándose.

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