Ley de Memoria Democrática (I): Consideraciones generales. 

Tras su ⎼por otra parte, infumable⎼ retahíla de frases preñadas de farfolla buenista, la Ley de Memoria Democrática no supone avance alguno en el campo de las libertades: al contrario, en otra vuelta de tuerca de la Ley de Memoria Histórica de 2007, las coarta, empezando por la libertad de opinión, siguiendo por la libertad de información y terminando por la libertad de asociación.

Tampoco representa un avance en materia democrática, pues olvida que muchos de los que aquí se opusieron a Franco entre 1936 y 1975: los supremacistas/terroristas vascongados, los pistoleros libertarios, los secuaces de Companys, los filobolcheviques de Largo Caballero, Negrín, Carrillo, etc., no lo hicieron en nombre de ninguna democracia, sino de totalitarismos de diferente signo (caso del comunismo, condenado en el Parlamento Europeo).

Ni mucho menos en lo que se refiere a la verdad, ofuscándola antes que buscándola, imponiéndola antes que propugnándola: ¿o caso establecer por decreto relatos únicos, unidireccionales y obligatorios del pasado no es un modus operandi característico de las peores tiranías?

Socialmente, esta ley es polarizadora, no conciliadora, reproduciendo ⎼en nuestros días y de manera artificial⎼ la fractura existente en la España de los años 30 del pasado siglo XX.

Desde el punto de vista educativo-cultural, liquida el pluralismo en el ámbito escolar, requisito imprescindible para la transmisión de cualquier conocimiento, y condiciona el libre desarrollo de la disciplina histórica, la cuál precisa tanto del libre contraste entre las diversas tesis existentes acerca del pasado como de las fuentes que sostienen a éstas.

En cuanto a sus pretensiones, diríase que el texto aprobado por el Gobierno socialpodemita, y si nadie lo remedia, refrendado en el Congreso por sus socios de la no-España, busca perseguir todas aquellas ideas que no concuerden con lo que se entiende por un sistema demócrata-liberal, lo que no deja de ser per se contradictorio amén de incoherente, máxime cuando en la actualidad se mira para otro lado respecto a no pocas manifestaciones antidemocráticas que se producen en nuestro país: homenajes a etarras y golpistas catalanes, por ejemplo.

De hecho, dicha ley abre la puerta a que en un futuro cercano se prohíban libros, reportajes, conferencias, etc., que cuestionen el "relato oficial", siempre con la excusa de considerar "delito de odio" la apología del franquismo; en ese sentido, lo mejor sería ya directamente resucitar la antigua Censura, así los autores sabrían a qué atenerse.

Y lo que resulta más grave, habla de honrar a la totalidad de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, pero establece una jerarquía asimétrica entre las mismas, discriminando a las del Régimen anterior, para las que se exigen reparaciones y responsabilidades, de las asesinadas por el bando frentepopulista, para las que se elimina cualquier tipo de reparación y responsabilidad.

En resumen, la Ley de Memoria Democrática constituye un engendro orwelliano de apariencia legal infectado de revanchismo con el que manipular y/o borrar cualquier episodio de nuestra Historia reciente que no concuerde con el siniestro pensamiento de sus muy sectarios pergeñadores.

Parafraseando a Tzevetan Todorov: «Ninguna institución superior, dentro del Estado, debería poder decir: "usted no tiene derecho a buscar por sí mismo la verdad de los hechos y aquéllos que no acepten la versión oficial del pasado serán castigados". Es algo sustancial a la propia definición de la vida en democracia: los individuos tienen el derecho de saber, y por tanto de conocer y dar a conocer su propia historia. No corresponde al Estado prohibírselo o permitírselo».

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