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Los cómplices silentes.

Los miembros del grupo parlamentario se limitan a aplaudir, silenciosos y unánimes, sin que uno solo de ellos cuestione los vaivenes y mudanzas a que sus capataces les someten...


Publicado en el núm. 141 de 'Cuadernos de Encuentro', verano de 2020.
Revista editada por el Club de Opinión Encuentros.
También fue publicado en el digital de ABC (29/05/2020)
Ver portada de Cuadernos de Encuentro en La Razón de la Proa


El autor, Fernando Suárez González, es político y jurista. 
De la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Los cómplices silentes.

Los cómplices silentes.


La situación política se degrada a tal velocidad que cualquier opinión corre el riesgo de quedar desvirtuada antes de que la prensa tenga tiempo de publicarla. Si se comenta la combinación parlamentaria de las siete de la tarde, se puede uno encontrar con que ya no es la misma a la mañana siguiente y por eso es difícil resultar certero cuando quien debiera proporcionarnos seguridad practica el sobresalto permanente.

Los españoles necesitamos saber a qué atenernos y en este pandemónium –pandemia aparte– es imposible comentar decisiones que en horas se rectifican hasta reconvertirse en las contrarias o se matizan y desdibujan hasta su más absoluta desfiguración.

Cuando se anuncian insomnios sólo al pensar en ciertas coaliciones y acto seguido se consuman y se duerme apacible y confiado, como del mismo Dios describe el sueño Nicolás Guillén, o cuando se niega terminante y quintuplicadamente la posibilidad de un acuerdo que se firma sin el menor decoro tan pronto conviene al aventurero, parece estéril solicitar coherencia a quien de la incoherencia ha hecho bandera y la considera paradigma de su resistencia y de su habilidad.

Tenemos, sin embargo, la posibilidad de eludir las referencias al protagonista, para intentar otro tipo de consideraciones. La primera obliga a poner de relieve que en el amplio espectro socialista –buena parte del cual ha merecido siempre mi respeto– han surgido algunas objeciones, unas cuantas reservas y hasta ciertas protestas en voz baja acerca de las recientes decisiones de los jerarcas del partido y del Gobierno, pero ninguna procede del grupo parlamentario que se aposenta en los escaños socialistas del Congreso.

Cualquier superficial observador ha podido constatar que se trata de algún jubilado dirigente, de algún eficaz alcalde periférico, de presidentes de comunidades autónomas habituados a nadar y guardar la ropa o incluso de los redactores de un sugestivo escrito que nos ha revelado Álvaro Vargas Llosa y que no sé si es real o fabulado, pero que en todo caso es verosímil.

Se trata de personas o personalidades que no tienen dependencia directa alguna del actual mandamás, del que no necesitan el respaldo. Los miembros del grupo parlamentario se limitan a aplaudir, silenciosos y unánimes, sin que uno solo de ellos cuestione los vaivenes y mudanzas a que sus capataces les someten. No se me negará que es bien curioso que cualquier discrepancia socialista surja fuera de la Cámara y que en ella no encuentre su reflejo lo que sin duda piensan miles de sus votantes.

Ello nos lleva, claro, a la inevitable segunda consideración. Si los representantes socialistas del pueblo soberano tuvieran que someterse, uno por uno y en su correspondiente distrito electoral, al juicio de las urnas, se cuidarían muy mucho de intentar siquiera la justificación de ciertos pactos y las disparatadas concesiones a sus muy peligrosas compañías que, más que peligrosas, fueron letales para colegas suyos.

Podrían tener muy serios disgustos, pero he aquí que esos disgustos se convierten en garantías de continuidad cuando a quien se complace es al líder y no al electorado. La disciplina de partido es muy recomendable, pero solo después de haberse discutido y aprobado una decisión controvertida, y no cuando el diputado se entera por el signo digital de un edecán.

De ahí la tercera consideración: La democracia española tiene un gravísimo problema de representatividad política y ese problema está precisamente en el origen de muchos de los demás. Las listas electorales cerradas y bloqueadas, presentadas por partidos cuya democracia interna es una pura ficción, falsean inequívocamente la verdadera representación política y dejan sin sentido la solemne afirmación de nuestro Tribunal Constitucional, según el cual «los representantes elegidos lo son de los ciudadanos y no de los partidos».

En la lista inabarcable de cuantos han manifestado su rechazo a esa fórmula, prácticamente desde el momento en que se implantó, selecciono tres inequívocos testimonios de otros tantos inolvidables demócratas, tan independientes como perspicaces: Julián Marías, que ya en 1976 proclamó su deseo de votar individualmente a cada candidato, después de conocer su fisonomía moral, Manuel Martín Ferrand, para quien tales listas fomentan la virtud de la obediencia lanar, castigando el talento con personalidad, y Manuel Jiménez de Parga, que las calificaba de cáncer a extirpar, porque además de despersonalizar la representación fomentan el descenso de nivel de los elegidos. Entre mis papeles conservo centenares de opiniones semejantes de autorizados analistas de nuestras deficiencias democráticas.

Conste, por supuesto, que este no es un problema que afecte solo a la izquierda española. La permanente espada de Damocles que denunció antes de irse del PSOE Pablo Castellano como agostadora de la independencia se esgrime con igual desenvoltura en los territorios de la derecha. Quien me conoce sabe que he dedicado años de mi vida, con notorio fracaso, a combatirlos atropellos de la cúpula, que Herrero de Miñón redujo con su ingenio a minarete.

Cuando el problema trascendió a la calle, los partidos intentaron aparentar remedios y recurrieron al maquillaje de unas elecciones internas que llamaron primarias y que no se utilizan para promocionar a los candidatos a puestos de representación, sino para elegir al todopoderoso que los designe a todos. Habría que matizar esto en relación con los senadores, pero bien se han ocupado los partidos de cerrar unas listas solo aparentemente abiertas y, excluidos como están de participar en las actuales componendas, nos privan de la posibilidad de censurarlos, que ni siquiera tenemos en las elecciones del Congreso.

En tiempos de reclusión, que son también tiempos de reflexión, deberíamos reabrir en la sociedad, porque en los partidos no lo van a hacer, el debate sobre la ley electoral. Hay que pedir, por lo menos, la derogación de ese funesto inciso del artículo 96.2 que anula el voto emitido en papeletas en las que se hubieren modificado, añadido o tachado nombres de candidatos comprendidos en ellas o alterado su orden de colocación.

Muy probablemente eso bastaría para que algunos de los elegidos que actualmente se callan y palmean recuperaran su propia estimación.


 

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