ARTÍCULO DEL DIRECTOR

Pues tenían razón…

Para qué diantres sirven los partidos políticos que, según el artículo 6º del Título Preliminar de la Constitución aún vigente, son el instrumento fundamental para la participación política y manifiestan la voluntad popular. 

Pues tenían razón…

Pues tenían razón…


Como estamos observando, casi a diario, cuando un grupo o estamento de los muchos que forman parte del entramado de la sociedad creen perjudicados sus intereses legítimos, alían sus esfuerzos y sus lazos, se organizan y lo exponen a la luz pública, ya sea en exhibición por las calles y plazas, de forma airada o festiva, ya en manifiestos con las firmas al pie de sus integrantes y simpatizantes, dirigidos a los políticos, por si estos tienen a bien satisfacer sus cuitas o, por lo menos, plantearlas en las cámaras de debate.

Así lo hemos comprobado recientemente con las impresionantes caravanas de vehículos en muchas ciudades de España en contra del trágala de la Ley Celáa, o con la queja enfurecida del sector de la hostelería, a punto de quiebra y de cierre de persiana; o con los trabajadores de tal o cual empresa en trance de despido, que cortan carreteras y queman neumáticos para llamar la atención de sus conciudadanos; o, incluso, de sindicatos de cuerpos de seguridad del Estado, que reivindican equidad con otros mejor retribuidos…

Si estos y otros sectores sociales tienen reclamaciones y propuestas, y se ven obligados a la publicidad para que se les escuche y atienda, ¿me quieren explicar para qué diantres sirven los partidos políticos que, según el artículo 6º del Título Preliminar de la Constitución aún vigente, son el instrumento fundamental para la participación política y manifiestan la voluntad popular? ¿No vienen a ser, en realidad, aparatos artificiales y artificiosos sobrepuestos a esa voluntad popular que desconocen y que se ve obligada a salir a la calle para que las instituciones del Estado les tomen en consideración?

Es evidente que estamos ante una de las preguntas del millón de la democracia y, depende de la respuesta que le demos, podemos estar en la línea de despreciarla sin más, por carecer de contenido o de proponer justificadamente una autentificación que supere el fingido formalismo del concepto en la actualidad.

La razón de fondo estriba en que una sociedad no está compuesta, sin más, por esos individuos, incomunicados entre sí, que suelen responder cada cierto tiempo fijado al rito de depositar una papeleta en una urna para elegir a unos desconocidos que, teóricamente, los tienen que representar (si las cúpulas lo permiten); una sociedad está formada por las asociaciones de padres y madres de familia, por los sindicatos de cada empresa, por los trabajadores en ERTE, por los gremios de hosteleros, por los círculos culturales, por los clubes deportivos, por los colegios de doctores y licenciados, por los académicos, por las comunidades de agricultores o pescadores, por las agrupaciones de cuerpos de policía o las alianzas de profesionales del mundo del teatro…

Y todos estos son los que tendrían que tener voz y voto, a través de sus verdaderos representantes, en las cámaras legislativas para plantear y debatir sus necesidades reales, sin que ello fuera obstáculo para que otros ciudadanos que lo deseasen pudieran discutir sus ideas políticas, eso sí, sin ofrecer el lamentable espectáculo de cada día.

A esta línea de autentificación de la democracia podemos darle el nombre histórico de organicismo social, término medio justo entre el individualismo liberal y el colectivismo comunista, que ahora pone su énfasis –casi siempre trufado de demagogia– en el amparo de las minorías oprimidas, a la búsqueda insaciable de mayor número de votos para permanecer en el machito.

En esas propuestas de organicismo social han coincidido históricamente (cosa rara en España) sectores ideológicos tan dispares como aquellos ingenuos krausistas, tan vituperados, y los olvidados tradicionalistas, atentos siempre a resaltar la composición natural de la sociedad, socialistas de mente clara y dignos de esta definición como Fernando de los Ríos, republicanos tendentes a una III República como Salvador de Madariaga, y José Antonio Primo de Rivera, tan postergado o tergiversado.

Fuera de nuestras fronteras, no han sido pocos los que aspiraban a esta autentificación democrática, por ejemplo aquellos no-conformistas franceses de la revista L´Esprit, que resaltaban la importancia de los cuerpos intermedios de la sociedad, frente a los partidos políticos y también frente a la moda del partido único.

Pero, tal como están las cosas, soy consciente de que estas líneas de hoy suponen un brindis al sol; no por ello, muchos ciudadanos españoles, y del resto de Europa, están llegando a la conclusión de que los organicistas sociales de la historia tenían razón. Habrá que repetir, lamentablemente, aquella queja de Emmanuel Mounier en su época: A nuestra manera decimos a los políticos: nuestro reino no es de este mundo.

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