Vuelta al lugar legítimo que corresponde

La situación actual de España, fruto de tres años de acción gubernamental, que podría ser la conclusión de este artículo –y también deseo perentorio–, es descrita con precisión quirúrgica por Antonio Bascones, en un artículo en El Debate (La España apoptótica) y definida como «un proceso de autodestrucción desmesurado e infinito, que lleva a una apoptosis celular; es decir, a una destrucción de los basamentos morales y éticos que sustentan una sociedad dinámica y estable».

Excelencia en progresismo

España pasa por un mal momento también en lo económico y no solamente debido a Putin, pese a que los palmeros en parlamentos y terminales mediáticos acaban de descubrir como de nuevo cuño desde la invasión de Ucrania.

Un paro elevadísimo; los combustibles y la energía convertidos en artículos de lujo; la inflación y todos los precios disparados; sueldos que apenas llegan a fin de mes, etc. Y todo ello bajo un gobierno socialcomunista apoyado por separatistas y defensores de terroristas declarados acérrimos enemigos de España que viven opípara y parasitariamente de ella.

Pero al menos hay algo en lo que alcanzamos la excelencia universal: el progresismo. Progresismo de vanguardia y en todos los ámbitos. Progresismo tanatófilo, proabortista y proeutanásico que gusta de cavar fosas y desenterrar a ciertos muertos. Progresismo escolar con contenidos que rozan la corrupción de menores y que elimina los suspensos para igualar a todos por abajo. Progresismo anacrónico y manipulador de nuestra historia de raíz cultural cristiana. Progresismo que justifica y protege a quienes asaltan nuestras fronteras. Y, sobre todo, progresismo con perspectiva de sexo.

Una nefasta visión que, ignorando la gravísima crisis, anuncia, por ejemplo, que dedicará 20.319 millones de euros a «impulsar las políticas feministas de forma transversal»; es decir, regará con generosas subvenciones a esa legión de blindados chiringuitos, que, si alguien osa criticar, conduce a ser incluido en la lista de potenciales asesinos de mujeres.

En España, los personajes grotescos o personajillos de izquierdas actúan con un despotismo, que ni siquiera es ilustrado –porque una parte representativa son zotes entreverados de manifiesta indigencia intelectual y cultural–, que tienen como principal lema «el que no piensa como yo es fascista».

Es déspota y/o fascista el de pensamiento liberal y el periodista crítico. Es fascista quien propugna el mérito y la excelencia por el esfuerzo. Es también fascista quien condena la usurpación de la propiedad privada por okupas y que una ley estatal consiente. Una ley que, según el consejero de Justicia de Madrid necesita ser reformada de manera urgente, ya que está permitiendo, «gracias a una serie de lagunas, que quienes cometen este tipo de delitos, se benefician injustamente de la situación de indefensión en la que muchas veces quedan sus víctimas, ante unos hechos muy graves».

Y ¿cómo se ha llegado a esto? Por la concatenación en el tiempo de varios disparates que no responden a la verdad; no es que sean opinables para unos u otros. Son simplemente mentira. Y así nos luce el pelo.

El primer disparate, impulsado en principio por Rodríguez Zapatero, es la mal llamada hoy en día memoria histórica, que está tratando por todos los medios deformar y ocultar una verdad incontrovertible como fue la victoria de las fuerzas nacionales frente al comunismo.

El segundo es la educación en la escuela pública que, hoy más que nunca, está en una situación peligrosa en zonas de España como las Vascongadas y Cataluña, donde desde hace más de treinta años cuenta con el consentimiento de gobiernos centrales complacientes del PP y PSOE.

El tercero, hacer oídos sordos al ataque inmisericorde que se está haciendo desde gobiernos populistas de América a la conquista española en el continente, desde donde se viene enseñando una historia de España totalmente falsa. Y aquí surge la pregunta, ¿hay acaso que renunciar a la España de casi dos mil años, su grandeza y que siempre resurgió en los momentos más críticos de su historia? Ha llegado el momento de acabar de una vez con esta vergüenza que está tomando carta de naturaleza.

El cuarto, el silencio vergonzoso en determinados aspectos de la economía, la política y su impacto social, mientras se publican grandes titulares que ensalzan prestaciones de muy dudosa o imposible aplicación –puro humo del peronismo más rancio– en una prensa y un duopolio televisivo debidamente regados de favores.

Es pues notorio que vivimos una crisis social, de la familia y del sistema educativo, además del económico. España está regida por un gobierno sectario e incompetente nacido para el sectarismo y la confrontación. La inepcia vuelve a regir el destino de España.

La aberrante Ley Trans

La última de las aberraciones en el delirio patrio surge gracias a la ocurrencia del ministerio del ramo. El texto de esta ley sitúa en los 12 años la edad para decidir el sexo, sin atender a los fenómenos psicológicos que tienen lugar durante el paso de la adolescencia a la edad adulta, que ocasiona, a decir de psicólogos y psiquiatras, en no pocos casos, un daño irreversible.

Es un proyecto tan sectario que cuenta con la firme oposición incluso de amplios sectores del feminismo, que ven en su articulado, al reducir la condición de mujer a una simple manifestación de voluntad, un ataque directo a la propia esencia de la lucha por la igualdad entre los sexos.

La memoria histórica de la desmemoria

La Ley de Memoria Democrática que el PSOE ha pactado con Bildu desoye el aviso de la Comisión Europea de que el nazismo y el comunismo son ideologías condenables por los millones de muertos que han causado. En la documentación del Congreso sobre este anteproyecto de ley se incluye la resolución comunitaria; sin embargo, el proyecto de ley del Gobierno ignora esta premisa y sólo habla del nazismo.

El plano económico

Con Sánchez han vuelto los desequilibrios: la deuda está en niveles nunca vistos en los últimos cien años –va camino del 140% del PIB–; el déficit estructural, en lugar de bajar, que es lo que reclama la Comisión Europea, crece; la recaudación se sostiene por el efecto de la inflación, pero no por verdadera pujanza económica; y la prima de riesgo española vuelve a ser un problema. Todo apunta a que la crisis ha llegado para quedarse y no habrá recuperación con políticos infantiles para sociedades adolescentes.

Mientras Pedro Sánchez se daba un festín de propaganda personal con la Cumbre de la OTAN en Madrid, tan positiva para Occidente como discreta para los estrictos intereses nacionales, España se sumergía en la oscuridad de la inflación con un terrible dato sin precedentes desde hace 40 años y llegaba al 10,2% según cifras oficiales.

De cada 1.000 euros que tenga un ciudadano, por retribución o de ahorro, los sobreprecios le han quitado 102, un empobrecimiento galopante y dramático para el que no se divisa fin: los expertos no descartan ya que se alcance incluso el 12% y que se mantenga en torno al 7% todo lo que resta de año y el próximo también. La deuda sobre el PIB es hoy de 1,452 billones de euros y un ritmo de endeudamiento de 80.000 millones al año no hay país que lo resista. Pero, al parecer, sobra el dinero para mantener con 600 euros mensuales a los que llegan de otros países y no han cotizado ni un solo día a la Seguridad Social que les atiende y ampara. Es el precio a pagar para mantener el gobierno.

Un buen comienzo, para revertir la situación siquiera en lo simbólico, sería comenzar por apretarse el cinturón en la llamada industria política y en el conjunto de la Administración Pública, en un Estado hipertrofiado (349 diputados y 256 senadores, más sus equivalentes en chiringuitos autonómicos y de la administración, provincial, comarcal y local) que derrocha ingentes cantidades del presupuesto en nombre de servicios esenciales como la Sanidad o la Educación que acaban, en realidad, en sostener un sector improductivo deudor de peajes políticos y sindicales.

Según el INE, cuando Sánchez accede a la presidencia del Gobierno en junio de 2018, había 19,3 millones de trabajadores en España. En ese momento, suponía 3,1 millones de autónomos, 3,1 millones de empleados públicos y 13,1 millones en el sector privado.

Para el INE, el mayor generador de empleo es el sector público que ha crecido un 11,2 % y empleado a 350.400 nuevos puestos de trabajo, frente al 2% de autónomos (63.000 empleos) y la empresa privada con 327.000 empleos y un crecimiento del 2,5%. La Administración Pública ha creado el 47,3 % de los puestos de trabajo, con 350.400 empleos netos hasta marzo de este año. De ellos, 500 puesto de trabajo indefinidos y 349.900 temporales.

Por todo ello, la deuda pública engorda 270 millones de euros cada día desde hace 2 años; es decir, 200.000 millones de euros, por lo que Europa advierte de la necesidad de retornar a la disciplina fiscal. Insólito y sin parangón en países occidentales; la Administración supone el 51% del PIB nacional.

Porque si es grave el empobrecimiento y agudo de la sociedad española, que ya es masivo y no ha terminado, resulta escandaloso que los únicos que se salven de la quema y renuncien a apretarse del cinturón sean los responsables, cuando no culpables, del tétrico paisaje que nos rodea.

España podría ser rescatada al concluir el verano.

Un tema que parece intocable son las subvenciones, que, desde la Transición, se vienen otorgando a sindicatos de clase y patronal, y a partidos políticos, que, en buena lógica, deberían sustentarse con las cuotas y aportaciones de sus afiliados. Creo que no existe un paralelo del caso con otros países considerados serios. Y máxime en la situación de emergencia económica en la actualidad y, peor, en el futuro.

Si bien los tambores de guerra suenan a lo lejos, –cada vez más tenues en la prensa española–, un estado de ánimo colectivo de cambio parece apoderarse de la sociedad española. El miedo a la guerra solo es un síntoma entre muchos: la inflación galopante, la deuda suicida, la impunidad okupa, el paro estructural, el precio de la energía, el despilfarro gubernamental generalizado, el aumento de la delincuencia, la colonización de las instituciones, las mentiras diarias…

División de opiniones o funambulismo en el gobierno

Medio gobierno es anti-OTAN, pro-soviético, de Putin, pro-Polisario. Medio gobierno es anti el otro medio. Y las dos mitades juntas son anti-España, lo peor de nuestra historia, y encima capaces de enfrentarnos a enemigos que se odian entre sí.

Hay que deslegitimar al comunismo en, y desde el poder, en voz alta. Pero también desde la base social de los ciudadanos. Sin complejos. Sería la primera meta, la primera gran conquista. Desde un plano de revisión histórica –empíricamente demostrable–, partiendo de sus inicios, la Revolución de Octubre –el comunismo– es el mayor peligro para la humanidad. Y así lo reconoce la Unión Europea.

En algo que sí hay acuerdo de Sánchez con separatistas, filoetarras y comunistas de diverso pelaje es la conquista de las instituciones; el Gobierno ha dado el primer paso para reformar el CGPJ y colonizar el Constitucional. En este sentido, fuentes del CGPJ señaladas por Libertad Digital denuncian que «estas leyes sirven para dar estabilidad al sistema y no para beneficio político». Otros precedentes con la Abogacía del Estado y la Fiscalía General no apuntan a nada nuevo, como los casos del CNI y el CIS. Es de señalar la indiferencia del Gobierno ante las quejas y avisos de Bruselas, del actual Consejo General, de tres de las cuatro asociaciones de magistrados y de todos los colegios de abogados. Días atrás se consumó el asalto por el control de Indra (empresa tecnológica encargada, entre otras actividades punteras en el sector de Defensa, del recuento de votos).

A causa de una ley electoral manifiesta y urgentemente mejorable, en España, los diputados no representan a los ciudadanos, sino que son meros empleados del jefe de partido, que es también elaborador de listas cerradas de candidatos que imposibilita una operación de acoso y derribo a su líder como la sufrida por Boris Johnson. 

Alejo Vidal-Quadras, en El Debate, sostiene que, debido a esta deficiencia en el ordenamiento jurídico, «los españoles somos hoy prisioneros de una ley que otorga al presidente del Gobierno la capacidad de convertirse en un tirano sin freno ni contrapesos», por lo que toca resignarse y aguantar hasta el final de legislatura a que el señor Sánchez se quede, a diferencia de Boris Johnson –que se ha ido, porque lo han echado–, mientras asistimos impotentes a «la transformación de España en un erial barrido por el viento de la traición, la amoralidad y el despilfarro».

Y es que, como certeramente define Antonio R. Naranjo en El Debate, «la Nación, diga lo que diga Sánchez, es con él un mero Estado, en la terminología de sus socios, que sacrifica su economía, su identidad, su historia y sus esperanzas a las necesidades mundanas, todas deplorables, de su mayor enemigo, sorprendentemente instalado en la cúpula del Gobierno».

Las urgentes reformas necesarias para España deberán hacerlas otros, bien distintos, de los que hoy son sus mayores beneficiados.

Al hilo de lo anterior, y como colofón, es oportuno recordar lo escrito por Miguel de Cervantes hace cinco siglos:

«Querido Sancho: Compruebo con pesar como los palacios son ocupados por gañanes y las chozas por sabios. Nunca fui defensor de reyes, pero peores son aquellos que engañan al pueblo con trucos y mentiras, prometiendo lo que saben que nunca les darán. País este, amado Sancho, que destrona reyes y corona a piratas pensando que el oro del Rey será repartido entre el pueblo sin saber que piratas solo reparten entre piratas».

Ante el panorama presente, y el durísimo que se presenta a muy corto plazo, hay que estar preparados para dotarse de la fortaleza y perseverancia necesaria para revertir la situación. Es apremiante que la cordura y el sentido común vuelvan a imperar en nuestros gobernantes mientras se prepara un perentorio relevo ejecutivo y legislativo por quienes se sientan herederos de la verdadera grandeza de España y la devuelvan al lugar que, por destino y legítima herencia, le corresponde. Ahora, y para siempre.