RAZONES Y ARGUMENTOS

¿Tiene sentido una mala copia de los pactos de La Moncloa?

Los hombres de Estado siempre han tenido muy en cuenta lo que los economistas señalaban. Dígase a Churchill con Keynes, en 1941, para paliar el impacto económico de la guerra; o a Adenauer con Eucken, para reconstruir Alemania. (...) En el proyecto actual del Gobierno Sánchez no hay la menor noticia de que fueran los economistas los que iniciasen la tarea de ofrecer soluciones de política económica, al revés de lo ocurrido en 1977. (...) ¿Interesa una resurrección de unos Pactos de La Moncloa, sin economistas, los cuales además resolvieron problemas económicos totalmente diferentes de los actuales?...


Publicado en el núm. 141 de 'Cuadernos de Encuentro', verano de 2020.
Revista editada por el Club de Opinión Encuentros.
Ver portada de Cuadernos de Encuentro en La Razón de la Proa

¿Tiene sentido una mala copia de los pactos de La Moncloa?

Conviene señalar por qué surgieron antecedentes obligados para los Pactos de La Moncloa. Un caos económico colosal, además, amenazaba a nuestra economía en 1977. Esta etapa que exigió, al mismo tiempo, cambios políticos, ha recibido el nombre de Transición.

Existía una crisis bancaria muy profunda. Como nos señala Rocío Sánchez Lissen, el 10 y 11 de noviembre, como consecuencia de los problemas de la organización bancaria española, «fueron creados por el Gobierno, el Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorros y el Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios, ambos previsto en los Pactos de la Moncloa, y que tenían por objeto hacer frente a la crisis bancaria que estaba empezando a producirse y que afectó, en pocos años, a 51 bancos en España. Esta situación crítica por la que iban a pasar muchos bancos, fue motivada por no haber hecho caso a las recomendaciones contenidas en la Ley de Ordenación del Crédito en la Banca de 1962».

En ella, se incitaba a que la Banca Mixta española dejase de serlo. Si se dedicaba a operaciones de activo o pasivo a corto plazo, no debería financiar activos a largo plazo, tratando de controlar parte sustancial de la realidad industrial y de los servicios del país. El que se apoyasen maniobras de tipo monopolístico creaba rigideces que, pronto o tarde, acabarían deformando el mercado interior, aparte de reducir la competitividad, de facilitar la inflación –con sus enlaces con el Banco de España y la financiación de la deuda pública–, a más de disminuir las posibilidades, como efectivamente sucedió, de soportar las consecuencias de una crisis económica importante que surgía, entonces, a partir de la crisis petrolífera generada por la guerra de Yom Kippur.

La inflación que se había desatado en España en aquellos momentos, con todas sus consecuencias perturbadoras, lo indican estas cifras: el incremento porcentual sobre el año anterior del coste de la vida había sido, en 1974, del 13,7%; en 1975, del 17,9%; y en 1976, del 17,7%. Aparte de esta perturbación, la organización bancaria en su conjunto experimentaba una crisis que, de paso, se llevaba por delante a alguna institución muy importante, como fue el caso del Banco Español de Crédito.

Se intentó salvar esto, a través de un conjunto de decisiones derivadas de los Pactos de la Moncloa, pero como no supieron estudiarse adecuadamente la situación de las cajas de ahorros, a pesar, por ejemplo, de la advertencia que había hecho Jaime Terceiro en Información Comercial Española, la crisis acabó afectando muy fuertemente a este sector, y eso después de los referidos pactos.

No sólo la inflación y la crisis bancaria se vinieron abajo, sino también  multitud de sectores –debido a una crisis industrial y de servicios–, apareciendo, complementariamente, una fuerte crisis en el mercado laboral. Como consecuencia de la Transición, la política iniciada a partir de la muerte de Franco, inmediatamente había ampliado otro proceso que puede denominar de «transición en el mundo sindical», muy bien estudiado por Fernando Suárez González, y que provocó lo que Víctor Pérez Díaz denomina la Ampliación de «los mecanismos de voz». Estos son muy variados, van desde una huelga, a una manifestación pública; desde un pasquín, a un mitin.

El derrumbamiento de entonces, experimentado en el sistema sociopolítico heredado a finales de 1975, significaba una considerable ampliación de tales «mecanismos de voz». En un artículo de Nicolás Sartorius, entonces dirigente fundamental de Comisiones Obreras, titulado Balance y perspectivas sindicales (1976-1977), se observa, con una no disimulada satisfacción, que presenta cifras de huelgas, imaginando la posibilidad de –bajo ese amparo– obtener ventajas económicas y lograr alteraciones profundísimas, desde el punto de vista político. Escribía Sartorius: «Según cifras estadísticas, se produjeron (en 1976) 1460 “alteraciones” (885 en 1975) que afectaron a 349.530 trabajadores (56.371 en 1975) y 101.714.666 horas de trabajo perdidas (10.355.170 en 1975) es decir, casi el doble de huelgas, 6 veces más huelguistas y 10 veces más horas de trabajo perdidas».

El centro de la acción de la entonces existente Coordinadora de Organizaciones Sindicales, constituida por Comisiones Obreras, UGT y USO, era fruto de la liquidación de la ya tambaleante Organización Sindical Española (OSE) y el alzamiento de una acción generalizada en todo el país, como respuesta a las medidas económicas del gobierno. El conjunto de toda esta acción originaba un amplio número de mejoras en el terreno laboral, como mayores salarios, jornadas más reducidas, vacaciones y otras ventajas complementarias, con ampliaciones notables.

La eficacia de la acción emprendida, gracias a la ampliación –para seguir el léxico de profesor Pérez Díazde los «mecanismos de voz», se demuestra en las siguientes cifras de subidas de salarios nominales. La ganancia media, que se había incremento en 1973 en el 19,7%, lo hace, en 1976, en el 30%. En términos reales, los beneficios que obtuvieron los trabajadores fueron también fuertes y persistentes; pasaban de un 8,3% en 1973, a un 15,7% en 1976. También aumentó la ganancia media por hora. Sumemos a esto el incremento en la presión fiscal derivada de las cotizaciones sociales, cuyo porcentaje del PIB pasó del 9,1% en 1973, al 11% en 1976.

Pero todo lo que se acaba de señalar afianzaba la crisis. Se heredaba una sustitución acelerada de mano de obra por equipo capital, lo que se tradujo en un aumento del paro de forma fuerte. Añádase que, en tanto en cuanto estas subidas salariales no podían ser repercutidas en precios de los mercados internacionales, significaban simultáneamente no sólo crisis empresariales en España, sino también un aumento considerable del déficit de la balanza de pagos española. Naturalmente, este último hecho complicaba el tipo de cambio de la peseta; pero al ser frenado por disposiciones derivadas de nuestra presencia en el Fondo Monetario Internacional, borraba toda posibilidad de exportación de alguna magnitud. Y esto se complicaba con que, como consecuencia del citado «choque petrolífero» de 1973, el peso del coeficiente técnico energético engendraba perturbaciones adicionales, de las cuales, la más importante era el incremento del desempleo y el referido golpe a las exportaciones.

La amenaza engendrada por lo que ocurría en la contratación de la mano de obra, daba la impresión de que podía ser muy importante, al contar con el apoyo del PSOE. Esto se denunció de modo claro por el Servicio de Estudios del Banco de España y tuvo como colofón la polémica desarrollada en El País entre el importante dirigente socialista Enrique Barón y el entonces gobernador del Banco de España, Álvarez Rendueles, quien señalaba que nuestra subida de salarios iba por delante de los incrementos europeos de remodelación de la mano de obra y, en general, de los de OCDE. Todo esto repercutía automáticamente en la citada tasa de cobertura de las importaciones por las exportaciones. Esta, que habían sido del 56% en 1972, disminuyó, sucesivamente, al 53,9% en 1973 y al 49,9% en 1976. El porcentaje que en nuestras importaciones significaban los países exportadores del petróleo subió del 11,8% en 1973, al 25,7% en 1976, lo que parecía indicar, además, una preocupante rigidez de compras.

Como era de suponer, descendieron nuestras reservas de oro y divisas. En 1975 eran 5,9 mil millones de dólares, y en 1976 estaban por debajo ya de los 5 mil millones de dólares. Para compensar de algún modo la situación, la peseta inicio una fuerte carrera de devaluaciones. Según la media anual elaborada por el Banco de España, la peseta se había cotizado a 57,41 por dólar en 1975, y a 66,90 en 1976.

Ese fue el momento en que Suárez amplió su gobierno con la incorporación de un notable economista, Fuentes Quintana, como vicepresidente de Asuntos Económicos, el 4 de julio de 1977. El profesor Fuentes, inmediatamente, desde Televisión Española y de manera irreprochable, explicó a todos los españoles la enorme gravedad del momento, y lo ratificó en un discurso perfecto en la cámara legislativa. Inmediatamente, con la colaboración de otro economista importante, Manuel Lagares, pasó a buscar la colaboración de otros economistas significativos, vinculados a los partidos políticos más importantes. Fueron éstos: por UCD, Mariano Rubio; por el PSOE, Carlos Solchaga; por el PSC, Ernest LLuch; por el PSP de Tierno Galván, el profesor Sánchez Ayuso; por el Partido Comunista, Julio Segura y Ramón Tamames; y por AP, Guillermo Piera.

No descuidó, tampoco, el mundo sindical. Recuerdo haber acompañado a Fuentes a una reunión con dirigentes de UGT, donde se planteó un debate sobre enlace de la situación con alternativas importantes en la seguridad social. Debo añadir a estos impulsos de los economistas, otro que trascendió a través de la Fundación Ebert, alemana. Me consta que, en un momento muy delicado, en el que Felipe González dudaba sobre el asunto planteado, y un posible abandono de lo que iba a culminar con los Pactos de La Moncloa, fue éste impulsado favorablemente hacia una rectificación, por el ámbito socialdemócrata alemán. Todo esto, políticamente, tenía enlaces muy importantes gracias a la labor de Landelino Lavilla.

El conseguir respaldo de una serie de economistas a estas preocupaciones de los políticos, nos hace recordar aquello que el genial economista norteamericano Milton Friedman señaló: cuando, en un debate sobre cuestiones de política económica, se reúnen tanto políticos como economistas, al cabo de pocos minutos se contempla a todos los economistas en un frente común, discrepando de casi todas actitudes de los políticos. Con esta actitud, los economistas olvidan si son de derechas, de centro o de izquierdas, y los políticos acaban comprendiendo cuál debe ser su camino.

En el caso de España tenemos una muestra clara. El dirigente más importante de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho, intentó frenar la marcha de los economistas en una reunión del Comité Central del partido Comunista, criticando la idea de frenar la subida de salarios (que se vinculaba a los economistas). Recibió de inmediato un sofión intelectual de Julio Segura, al que apoyó de inmediato Ramón Tamames, haciendo suya la postura de estos dos, Santiago Carrillo. Probablemente, en esta polémica también entraba el artículo que Julio Segura había publicado en Nuestra Bandera, donde se evidenciaba, una vez más, que su autor era un buen economista.

Debe agregarse que la proyección hacia el mundo del catalanismo se efectuó a través de otro importante economista, Trías Fargas, que había pasado a estar muy influido por las tesis de Eucker –que mucho habían inspirado a Ullastres– y que por eso, acabaron por seducir y orientar hacia los Pactos de la Moncloa, al PNV.

Debe subrayarse lo señalado, porque en el proyecto actual del Gobierno Sánchez no hay la menor noticia de que fueran los economistas los que iniciasen la tarea de ofrecer soluciones de política económica, al revés de lo ocurrido en 1977. Tengamos en cuenta que, en ese año, desde septiembre, fueron los economistas los que plantearon al gobierno el documento que se convirtió en el inicial y básico para redactar tales pactos. Hubo poquísimas alteraciones en el definitivo que el 8 y el 9 de octubre de 1977 se redactó y se firmó el 25 de octubre de 1977.

Fuentes me dijo: «A la espera de tener que aclarar algo en el último minuto, me dediqué, sentado en el jardín del Palacio de La Moncloa, a contar el número de árboles y sus especies concretas. En ningún momento se me convocó antes del instante de las fotografías».

Únicamente existió una situación diferente y promovida por un economista, el citado Sánchez Ayuso. Éste señaló a Tierno Galván que debía oponerse a los Pactos. Claro que otro economista notable, Ubaldo Nieto de Alba destrozó sus argumentos en una polémica parlamentaria que culminó la tarea.

Lo que se deriva de todo los señalado, es que en la preparación que hace el Gobierno Sánchez, no apela a los economistas, sino sencillamente a los políticos. Y no se crea que no existen economistas valiosos o muy valiosos en estos momentos en España; sus publicaciones lo muestran con claridad.

Por lo tanto, el camino emprendido es, sencillamente, lamentable y además, nace exactamente en el momento en que se inicia un claro proceso de recesión mundial que afecta al proceso globalizador sin el que la economía española está perdida. Claro que, este debate, ya analizado por economistas españoles de variada orientación, parece no interesar al Gobierno, para orientar una adecuada política económica. Mas esto es lo que siempre ha servido para diferenciar los simples políticos, de los estadistas.

Los hombres de Estado siempre han tenido muy en cuenta lo que los economistas señalaban. Dígase a Churchill con Keynes, en 1941, para paliar el impacto económico de la guerra; o a Adenauer con Eucken, para reconstruir Alemania.

Con lo indicado, ¿interesa esa resurrección, sin economistas, de unos Pactos de La Moncloa, los cuales además resolvieron problemas económicos totalmente diferentes de los actuales?


 

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