En las 22.629 palabras que contiene el Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética aprobado por el Congreso, la palabra "precio" sólo aparece en tres ocasiones.

• La primera vez es para obligar a los prestadores de servicios de recarga de baterías a publicar los precios de venta al público.
• En la segunda y tercera ocasión lo hace para anunciar que va a cambiar el régimen retributivo para la generación eléctrica renovable establecido por la Ley 24/2013 del sector eléctrico. Lo hace, además, de manera que se antoja contradictoria porque primero dice que el nuevo marco retributivo estará «basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía», para luego precisar que ese marco retributivo estará basado en un mecanismo de subasta que, por su propia naturaleza, requiere precios flexibles.

De la misma forma que no hay desarrollo económico sin acceso a empleos y salarios dignos, no hay transición energética justa si no se logra que la generación masiva de energía redunde en un significativo abaratamiento del precio. Lo contrario es condenar a la pobreza energética a parte de la población y poner una dura barrera al desarrollo económico de toda la industria intensiva en consumo de energía. España registra precios de la energía –particularmente la eléctrica– por encima de la media de la Unión Europea (UE). Tomando como referencia los precios para los pequeños consumidores, el precio de la electricidad en España se mantiene permanentemente por encima de la media tanto si se toma como referencia el precio con y sin impuestos. Los resultados no cambian si se toman los cálculos en términos de poder de compra, esto es, considerando el mismo coste de la cesta de la compra para todos los países de la UE.

Como tantas otras, la política energética de un país debe ser una política de Estado de manera que se mantenga libre de los vaivenes coyunturales de las mayorías de gobierno. Debe mostrar además un nexo muy fuerte con la política industrial. Más incluso, debe estar por encima del debate sobre la magnitud del problema del cambio climático. La contaminación de la atmósfera derivada de la quema de combustibles fósiles para producir energía para consumo final debe ser suficiente motivo para cambiar la matriz energética (conjunto de tecnologías que la generan) al margen de ideologías. Pero no a cualquier precio o, más bien, sin considerar precio alguno. Para ser precisos, el Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética está alineado con lo dispuesto en el Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) según el cuál el 74% de la energía eléctrica generada en 2030 debe ser renovable. Tanto en lo previsto en el PNIEC como a la luz de los precios de mercado, el objetivo anterior se lograría con el desarrollo acelerado de las plantas de generación fotovoltaica y eólica, por este orden. En ambos casos, se trata de tecnologías cuyos costes de producción variables (los que se modifican según los cambios en la demanda) son prácticamente nulos.

Resulta contraintuitivo intentar entender que España mantiene unos elevados precios de la electricidad cuando cada vez tiene más peso la generación de la misma con un coste de producción próximo a cero. Sólo para una sociedad desinformada es posible seguir argumentando de los costes de inversión para poner en marcha estas plantas y los costes para garantizar que no haya apagones, son tan grandes que la electricidad sigue siendo muy cara pese a que el precio del combustible –el sol o el viento– es cero. Digo que es contraintuitivo especialmente cuando se recurre a explicar la subida del precio de los carburantes para el transporte en función de la oscilación del precio del crudo de petróleo. En definitiva, el precio del combustible primario explica la subida que pagamos en la gasolinera, pero sustituir carbón por sol a precio cero no permite reducir la factura de la luz. Esto no tiene un pase.

Entrando un poco más en el fondo de la cuestión, la transición a un sistema eléctrico principalmente basado en tecnologías renovables requiere garantizar el suministro con las denominadas tecnologías de respaldo. Estas tecnologías son las que permiten gestionar la producción de energía en función de la demanda sin depender de factores climáticos como las horas de sol o viento. España ha decidido prescindir de las tecnologías de respaldo nuclear y de carbón. Para la primera se ha establecido una moratoria para el año 2035. Para las segundas, sólo se mantendrá abierta la central térmica de Aboño en Gijón, propiedad de EDP.

Así las cosas, la seguridad del abastecimiento eléctrico basculará sobre las centrales de ciclo combinado y las hidráulicas de bombeo; ambas tecnologías muy caras. Baste un ejemplo: para explicar cómo se alcanzó recientemente el precio pico de 114€ por megavatio/hora hay que recordar que hasta cinco horas seguidas estuvieron las centrales de bombeo contribuyendo a marcar el precio del mercado mayorista. La transición energética ha venido envuelta en una cierta atmósfera de euforia poco propicia a la crítica constructiva. Una crítica que debería hacernos esperar que –a modo de ejemplo– las 3.000 horas de irradiación solar al año de las que dispone Andalucía deberían ayudar determinantemente a abaratar el precio de la electricidad teniendo en cuenta que el precio que se paga por su uso es prácticamente cero. No hay transición energéticamente justa sin distribuir socialmente los beneficios de usar un combustible limpio y casi gratuito.