No hay absentismo en el chiringuito
Supongamos que Vd. ha decidido despedir o no renovar a un empleado por este tipo de abusos, ¿tiene a un candidato para sustituirlo?
En el chiringuito playero o en la tertulia de café, el escaqueo del puesto de trabajo es un concepto tan chicle que se estira como la goma. Pero cuando se habla con rigor –el problema lo merece– se espiga un ramillete de matices. Los detalles, en los que siempre se esconde el diablo, provocan balbuceo y las soluciones mágicas se disipan como el eco en un valle.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el absentismo laboral como «una situación en la que el trabajador no se presenta en su lugar de trabajo, o acude menos horas de lo estipulado, cuando desde la organización se esperaba que acudiera». Admite hasta tres variantes pero la que más preocupa al responsable de recursos humanos y cabrea al resto de plantilla es el injustificado. Es el que se produce cuando el empleado falta sin causa legal que lo respalde ni aviso previo. Los problemas crecen cuando se le intenta poner cifra. Por ejemplo, el reciente resumen del informe elaborado por el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales y la Fundación Justicia Social, no cuantifica ni cifra el absentismo injustificado. El documento completo no es público.
Tomando como referencia los informes más recientes de Randstad Research correspondientes al primer trimestre de 2026, cada día faltan a su puesto de trabajo en España una media de 1,6 millones de personas (lo que equivale a una tasa de absentismo general del 7,2 %). La gran mayoría (1,24 millones de personas) están ausentes por una baja médica o incapacidad temporal certificada. El bloque «sin baja», esto es, las 363.000 personas restantes cada día (aproximadamente un 22,6 % de todas las ausencias) faltan a su puesto de trabajo sin tener una baja médica. Sin embargo, sigamos afinando, las métricas públicas no separan con exactitud qué porcentaje exacto de ese bloque corresponde a un «fraude o falta injustificada» y cuánto responde al ejercicio legítimo de permisos retribuidos no médicos. En la tertulia no se llega a este nivel de detalle pero el gestor público y el empresarial no pueden esquivar el problema.
Lo impreciso del absentismo injustificado obliga al analista a atrincherarse en las cifras de bajas laborales y en este ámbito preocupan varios problemas estructurales para los que los opinadores invocan un quimérico «pacto de Estado». Efectivamente, eso a lo ocasionalmente se llegaba en España antes de que ZP desenterrase el odio guerracivilista y luego anduviéramos echándonos cordones sanitarios al cuello los unos y los otros.
Uno de los pactos que se invocan es solucionar el colapso sanitario. Cuando un trabajador está de baja médica, se le prescribe una prueba de diagnóstico y esta se retrasa debido a las listas de espera del sistema sanitario, el trabajador permanece legalmente en situación de baja. Situación que se prolonga hasta que se le cite para comunicarle el diagnóstico y si procede o no el alta.
¿Cómo se financia la baja médica? Entre los días 1 a 3 (salvo que el convenio colectivo de la empresa obligue a complementarlo), estos días no se cobran; corren a cargo del propio trabajador. De los días 4 a 15, el trabajador recibe una prestación que equivale al 60% de la base reguladora (algo parecido al salario) y es pagada íntegramente por la empresa. A partir del día 16 la prestación se financia con fondos de la Seguridad Social o de la Mutua colaboradora. Así pues, sin pacto de Estado a la vista para reducir las listas de espera, sólo queda seguir con la demagogia de si los conciertos con la sanidad privada es un mercadeo con la salud o una vía de cooperación con el sistema sanitario público colapsado.