Pedro Sánchez, que llegó al Gobierno mediante una moción de censura amañada y se afirmó en él mediante una elección engañosa, sufrió en su partido una debacle electoral el 28M. Es, pues, lógico y correcto que adelante las elecciones generales para verificar si esa derrota sufrida en los ámbitos municipal y comunitario significa, como parece presumible, que está gobernando en el ámbito nacional contra la voluntad de sus gobernados. Con estas nuevas elecciones se legitimará su continuidad, si gana, o pasarán a gobernar, legítimamente, los en ellas elegidos. Pero, ¿es realmente esa su finalidad al adelantarlas y fijar la fecha?

La convocatoria anunciada para el próximo día 23 de julio, dos días antes de la festividad de Santiago (que se celebra en varias Comunidades, con posible puente), parece responder más bien a otros misteriosos designios de Pedro Sánchez. Su prevista o buscada ventaja en ello se ve muy discutida hoy en los Medios, atentos a muy diversas motivaciones en ese sentido. Pero, tratándose de él, nadie parece sorprenderse de que no se tengan en cuenta los indudables inconvenientes y perjuicios que esa fecha conlleva para los españoles votantes y, lo que es aún más grave, para la representatividad de las Cortes resultantes.

Es evidente que en esa fecha gran parte de los españoles estarán de vacaciones, fuera de su casa y del lugar en que están avecindados, con lo cual se van a ver en la alternativa de votar por correo, de no votar o de desplazarse desde la playa o lugar de vacaciones a su lugar de votación.

Si se elige votar por correo hay que tomarse personalmente la molestia propia de hacerlo. Perjuicio evidente, aparte del riesgo de pucherazo en que se pone la representatividad por la posible venalidad denunciada estos días en tal procedimiento. Y ésta opción del voto por correo es casi obligada para quienes, a estas alturas, tienen ya viajes contratados y pagados, en muchos casos al extranjero. Viajes y pagos que, por otra parte, pueden verse en el riesgo de perder si les corresponde formar parte de alguna mesa electoral. Por eso se suelen evitar estas fechas veraniegas para celebrar elecciones.

Si se opta por no votar, que parece lo más cómodo y previsible, esa representatividad queda también lesionada. Y si, cuando la distancia y demás circunstancias lo permitan, se opta por desplazarse al lugar en que cada cual está convocado se perderá, al menos, un día de descanso y de vivienda ocasional pagada, los gastos de desplazamiento de ida y regreso, con sus riesgos de accidentes, y las demás molestias propias de todo esto. Es decir, los previsibles efectos inmediatos de la fecha fijada serán la necesidad del voto por correo y cierta desmovilización del electorado, lo cual conllevará una menor representatividad de las Cortes resultantes.

De ahí que uno se pregunta, ¿no era posible evitar ese puente de Santiago y haber elegido un fin de quincena o de mes vacacional como fecha de estas elecciones? O, mejor aún, después de tanto tiempo con dudosa legitimidad, ¿no se podía esperar 40 días más, en favor de una mejor representación de las Cortes y del descanso vacacional de los españoles? ¿No se deberá la elección de esa fecha a un afán ventajista? ¿Qué es lo que esconde o persigue Pedro Sánchez? Parece que debería explicar el porqué de esa fecha, si es confesable. ¿Qué compensación obtienen los españoles por el sacrificio que tal fecha les impone en el ejercicio de su derecho a votar? Es un sacrificio que, no siendo indispensable ni explicado, sólo parece responder al afán ventajista de Sánchez, que, con personalista y autoritaria actitud, parece imponerlo como quien dice, porque lo mando yo.

Se trata de una habitual actitud egocéntrica y autoritaria que Sánchez ha manifestado, una vez más, en su modo de anunciar la convocatoria electoral: según se establece en el artículo 115. 1 de la Constitución española, "El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones". Pues bien, como hemos visto esta mañana, él solito, sin haberse producido la preceptiva y "previa deliberación del Consejo de Ministros", ni su propuesta de disolución de las Cortes, ni haber sido ésta decretada por el Rey, con la fijación en ese decreto de la fecha de las elecciones, ha dado todo por decidido y decretado. Los demás a obedecer y callar.

Es un comportamiento irrespetuoso con el Consejo de Ministros, con el Rey, con la Ley y con toda la ciudadanía. Pero esto es lo cotidiano, su modo de gobernar. Tiene el mismo espíritu que lo hecho respecto al Sahara con Marruecos, el empleo constante e inmotivado del Decreto-ley, la personalista concesión de indultos y tantas otras manifestaciones de autoritarismo. Una tendencia cesarista que no parece tener arreglo, y de la que sólo se librará España echándolo del Gobierno.

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