Tras la triste muerte del niño Álex en Lardero (Logroño) por un supuesto asesino a quien se le había concedido la libertad condicional pese a los informes contrarios de la Junta de Tratamiento de su prisión (que son quienes le conocían), el menguante ministro Marlaska seguía repitiéndonos que funcionó el «principio de legalidad». Y además aprovechaba para soltarnos el mantra de que no cabe reformar las leyes en caliente. Vaya... ¿cómo con el impuesto de plusvalía?

Pero al igual que sucede con delitos similares al de Álex, este tipo de sucesos podrían comenzar a solucionarse adoptando una medida bastante fácil. Se trataría de que todos esos influyentes y avanzados progresistas, de comprensivas y permisivas ideas con los delincuentes abandonasen sus cómodos domicilios, donde ahora suelen gozar de altas medidas de seguridad, y se trasladasen con sus familiares a vivir en barrios residenciales que el Estado les asignaría, pero con el mismo nivel de seguridad que padecemos el resto de ciudadanos.

Y para demostrar con el ejemplo la sinceridad de sus nobles ideas, a esos mismos barrios se trasladaría -para que convivieran juntos- a todos los presidiarios que vayan a gozar de libertad condicional pese a contar con informes contrarios.

Los experimentos con champán es mejor realizarlos con el propio, y no con el ajeno.