La democracia no pertenece al grupo o partido gobernante sino al pueblo de una nación soberana. Hace muchos años, al inicio del Gobierno de Felipe González, los que ejercíamos el oficio conocimos una frase de Alfonso Guerra luego muy comentada: «A España no la va a conocer ni la madre que la parió». Aparte de los cambios que lógicamente trajo la llegada de la izquierda al Gobierno, no se produjo intranquilidad notable para un periodo que inició el recién elegido presidente asistiendo a una misa en un cuartel. Nada que ver con lo que vivimos hoy. Entonces el poder se ejerció desde la mesura de lo posible y de lo legal. Se seguían las normas, se respetaba la Constitución recién estrenada, se valoraba el sistema de Monarquía parlamentaria y al Rey, que acababa de intervenir, decisivamente para la democracia, el 23-F.

Sánchez ha arrasado con casi todo y lo que aún sigue en pie lo mantiene en una provisionalidad que aspira al derribo. Ha acabado, de hecho, con la división de poderes. El Poder Ejecutivo va copándolo todo. Al frente del Poder Legislativo ha colocado a una especie de delegada del Gobierno que hace lo que le pide el jefe, incapaz de reprochar los insultos a unos jueces, pero dispuesta a quitar la palabra a los que parece no considerar sus diputados cuando deberían serlo todos. Al Poder Judicial lo tiene acosado tras lesionar el prestigio del tribunal de Garantías, limitar la acción del CGPJ, mintiendo sobre por qué la oposición no considera fiable el sistema de renovación que propone el Gobierno. Además ha dañado la independencia de órganos consultivos a los que no se escucha.

Tenemos una Fiscalía General del Estado y una presidencia del Consejo de Estado bajo la mirada del Tribunal Supremo, que en este último caso anuló el nombramiento y en el primero sentenció que el titular había incurrido en «desviación de poder». Obviamente el Gobierno no hizo caso. Igual ocurre con los jueces. Cuando un juez es acusado de cercanía al PP se olvidan sus actuaciones en significados casos que afectaban a ese partido. Los jueces que dan la razón al Gobierno o al PSOE son los buenos, los que investigan al PSOE o a sus socios son los malos. Y así todo.

La ocupación de empresas públicas de SEPI se ha acelerado colocando en sus presidencias no a técnicos sino a políticos del PSOE, con el resultado de malas gestiones y grandes pérdidas. Pensemos en Correos. El último ejemplo es Hunosa, con un senador socialista al frente. Ya sólo quedan tres empresas con auténticos gestores y no políticos socialistas. Sánchez quiere controlar también el poder económico. Ya les llegará el turno a las grandes empresas privadas. Venezuela es el espejo.

Certero un titular en portada del diario gubernamental al día siguiente del pleno de la amnistía: «La derecha independentista vota contra el proyecto que antes había acordado». Se reconoce que Junts, fundamental en un proyecto supuestamente «de progreso», es la «derecha independentista». Otra repetida falsedad que cae.

El presidente está dispuesto a cubrir la subasta de Junts. Tiempo al tiempo. Proclamó que serán amnistiados «todos los independentistas porque no son terroristas» y, convirtiéndose en juez, tribunal y poder judicial al tiempo, anunció que lo ocurrido en Cataluña, sobre todo en Barcelona, con motivo del golpe de Puigdemont y su tropa, no fue terrorismo, «como sabe todo el mundo». O sea, él.

Parece que no está tan seguro como Sánchez un tal Rubén Wagensberg Ramón, señalado como cerebro del asalto a El Prat. Declaró que tenía pánico. No sé si tras cambiarse de calzoncillos huyó a Suiza, no a Cuba, ni a Venezuela, ni a Corea del Norte. Le comprendió y animó Marisu Montero, vicepresidente; qué menos. Este diputado de ERC, secretario de la Mesa del Parlament, no será sustituido y seguirá cobrando los seis mil euros mensuales que le pagaremos usted, yo y el conjunto de los españoles. Una vergüenza. Y él, sin dar golpe, paseando tranquilamente a orillas del Lemán.

Tras sus últimas ocurrencias Sánchez se encamina a brindarnos otro plagio esta vez histórico. Nos dirá, según frase atribuida a Luis XIV: «El Estado soy yo». Y lo peor es que será cierto. Ya utilizó al Rey, impropiamente, para decir ante los diplomáticos lo que él diría como presidente. Todo es muy insoportable. Y muy cansino.