La banca pública del 15M.

El 21 de noviembre de 2011 el Banco de España intervino el Banco de Valencia y destituyó a su consejo de administración para dar entrada a tres gestores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El banco estaba participado en un 39% por una sociedad controlada por el Banco Financiero y de Ahorros que era la matriz de Bankia. Con la nacionalización del Banco de Valencia comenzaba también la de Bankia y lo hacía seis meses después del inicio de las acampadas que originaron el movimiento del 15M. El Estado controlaría desde entonces más de un 60% del capital de Bankia.

El viejo sueño de la banca pública estaba entre la difusa pero amplia lista de deseos de los que llenaron las plazas españolas hace diez años. Con ese sueño iba el de una banca en la que no cupieran los desahucios con los que a menudo abrían los telediarios. Ni desahucios, ni intereses, ni burbujas, ni especulación pero, eso sí, dinero en abundancia en forma de créditos baratos y refinanciables ad infinutum. En último término y por encima del propio Banco de España, siempre estaría el Banco Central Europeo y sus políticas monetarias ultraexpansivas que lo mismo han servido para trampear por encima de la crisis de 2008 que por la del covid-19.

Una vez que Facebook le reabrió a Félix Ovejero su página gracias a la presión del eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas y a la campaña de Joaquín Villanueva desde la Red Consenso y Regeneración, el intelectual catalán recordaba que el 15M nació como un movimiento «inclusivo», o al menos «todo lo inclusivo que pueden ser este tipo de movimientos». Luego se hicieron con él «aquellos que carecían de una elemental cultura democrática». Pero una vez con el control, aún conservaban en su mochila ideológica la reivindicación de una gran banca pública que ya se había nucleado en torno a la intervención de Bankia por el Banco de España.

¿Qué ha tenido de diferente la gestión de la banca pública respecto de la privada? Una intervención parlamentaria de la diputada de Vox Macarena Olona lo ha resumido con una claridad meridiana al dirigirse a la ministra de Seguridad Social, Yolanda Díaz. El 6 de mayo, el consejero delegado de CaixaBank, entidad absorbente de la nacionalizada Bankia, recordó que el despido de trabajadores estaba incluido en el acuerdo de fusión y que el gobierno tenía conocimiento de ese plan cuando autorizó la fusión. La Junta General de Accionistas de Bankia, mayoritariamente en manos del Estado, aún habiendo podido, no condicionó la fusión con CaixaBank al mantenimiento del empleo de los más de 8.000 trabajadores a los que afectará el ERE. Tampoco se opuso por boca de su representante el día 30 de marzo en el consejo de administración de CaixaBank al acuerdo en el que se fijaba una retribución para su presidente de 1.650.000 euros al año más un bonus de 200.000 euros según resultados.

Ovejero, con la lucidez a la que nos tiene acostumbrados –con y sin página de Facebook– hablaba de la «sobreactuación moralista grotesca, usada estratégicamente» propia de quienes, por ejemplo, defendían con entusiasmo la banca pública para luego respaldar con desparpajo un ERE absolutamente similar al de la banca privada aliñado sincrónicamente con un premio en forma de bonus de 200.000 euros. Todo esto recuerda al castillo de naipes de la crisis financiera de 2008 en la que al tiempo que los bancos quebraban, los directivos que los habían llevado a la bancarrota se embolsaban pingües premios.

La banca española atraviesa por una extraordinaria crisis de rentabilidad. Esto es sabido, como también que cada vez estamos más cerca de una sector muy concentrado y con el consecuente poder de mercado. En ese camino, la banca pública que se fue construyendo, al tiempo que el movimiento del 15M se vestía de morado, no ha mostrado ningún comportamiento diferente al de la privada. El resto es humo.