Sombras -sin luces- de un futuro constituyente

No es mi intención, por supuesto, amargar las Navidades a los lectores, pero no está de más reflexionar sobre las trastiendas que se ocultan tras las bambalinas de la actualidad, ejerciendo una facultad de adivinación que espero no se plasme en el futuro. Hablemos, hoy, de constituciones…

La historia moderna de España está sembrada de ellas, incluyendo reformas de reformas, textos adicionales, restablecimientos y proyectos non natos; creo que ninguna otra nación de nuestro entorno presenta tal palmarés de textos legales, muchas veces contradictorios entre sí y salpicados de graves momentos de inestabilidad, con fuertes repercusiones en el teórico beneficiario de la (supuesta) buena intención de los legisladores, en decir, el sufrido pueblo español.

Tenemos en nuestro haber constituciones de todos los colores, que superan con mucho las posibles alternativas entre sistemas presidencialistas, en que predomina el Ejecutivo, y parlamentarias, en la que priva, teóricamente, el Legislativo. Un aspecto importante es el carácter rupturista de la serie, es decir, que cada constitución ha querido ser un punto y aparte, dando la razón a aquella realidad histórica de que los regímenes no se justifican nunca por su partida de nacimiento, sino por su ejercicio; quiero decir, en definitiva, que la duración real de una ley constitucional va a depender de si es capaz de suscitar el acuerdo de una amplia mayoría de ciudadanos al dotarles o no de un marco de justicia, de libertad, de orden y de una evidencia de participación real, por una parte, y, por otra, de responder a una esencia nacional, con las dosis adecuadas de respeto a la tradición y de eficacia en las necesarias transformaciones que demanden los tiempos. Creo que estas condiciones no se han dado, realmente, en ninguna de nuestras constituciones históricas.

Sin entrar en mucho detalle, intentemos un repaso de esta apretada historia constitucional española: la Carta de Bayona (1808), inspirada en las ideas de una Ilustración teñida de bonapartismo y que ni llegó a tener eficacia real; la de Cádiz (1812), liberal, cuyo espectro presidirá gran parte del siglo XIX, con amores y odios superlativos; el Estatuto Real de 1834; la de M.ª Cristina de 1837; la de Isabel II en 1845, seguida de las reformas de 1856 y 1857; la del 64, que restablece el texto isabelino; la de 1869, cuando la Gloriosa; el proyecto federal de 1873; la de 1876 (Primera Restauración), que siguió vigente, de hecho, hasta 1931, pues el Directorio no llegó a plasmar su proyecto de 1923; la de la Segunda República, con las consecuencias que todos sabemos debido a un sectarismo nunca ocultado; las siete Leyes Fundamentales del régimen franquista, abiertas y objeto de sucesivas reformas (1938-1967), y la actual, la de 1978 o de la Segunda Restauración. Popularmente, se puede decir que fuimos de la Pepa a la Nicolasa, y disculpen los posibles errores en los datos, pues cito casi de memoria.

Mucho me malicio que, el proyecto estrella del actual Gobierno, devenido en cabeza de un nuevo Frente Popular, se centra en el sepelio de la actual Constitución cuya la duración en el tiempo se debe a aquel consenso de la Transición, tácito de silencios y complicidades entre la casta política que se fue forjando durante estas décadas (profesor Javier Barraycoa) que ya ha empezado a quebrarse, como se puede comprobar. Los sucesivos Ejecutivos fueron contentando las exigencias de los nacionalismos separatistas y, finalmente, con Rodríguez Zapatero y con Pedro Sánchez los gobiernos españoles han derivado en claras complicidades. Lo cierto es que el Estado de las autonomías diseñado ha sido un verdadero fracaso, y, como dije en un artículo anterior, de aquellos polvos vinieron estos lodos.

Esta complicidad en las intenciones estriba en crear, paulatinamente, con calculadas medidas de iure y sorpresivos decretos de facto, un nuevo proceso constituyente, en el que los protagonistas del nuevo consenso configuren un confederalismo como forma de un presunto Estado español; obsérvese que ni empleo la fórmula oficial de los socialistas, federalismo asimétrico, pues la intención lo sobrepasa con creces: no se trataría de una sola nación que se constituye jurídicamente en varios estados, supeditados al general y común, sino de varias naciones que pactan, temporalmente, vivir bajo un mismo Estado, con contratos susceptibles de ser denunciados y rotos a voluntad de las partes.

Algo de eso ya tenemos en la práctica, pero aún no se le ha dado forma legal, a la espera del proceso constituyente que se va adivinando. De hecho, el confederalismo hacia el que caminan las intenciones del nuevo Frente Popular supondría la desintegración de España como nación histórica, suplantada por los intereses y las veleidades de las oligarquías localistas que, como vienen haciendo, suscitarían en una sociedad, ayuna de conocimientos históricos y trufada de particularismos de toda índole, las emociones instintivas para que los entusiasmos de cada aldea terminaran por ocultar y silenciar cualquier proyecto unitario español y, de paso, europeo.

En esta tesitura, no está de más recordar una añeja cita del profesor Sánchez Agesta sobre el Derecho, que viene al pelo para hacer frente a la situación actual:

El Derecho no es la voluntad del legislador, ni la voluntad general o la voluntad de la clase dominante, sino el orden que nace de las relaciones sociales con un criterio de justicia y que puede ser defendido por el legislador.

Por supuesto, no estamos en esa línea en modo alguno; priva ahora la voluntad de la clase dominante, que acata los proyectos de la globalización por su interés, la voluntad del legislador, centrada en la adulterada mayoría que constituyen las fuerzas del Frente Popular en el Congreso y que se enmascara como una voluntad general de una sociedad mayoritariamente alienada y sumisa.