La Razón de la Proa

ARGUMENTOS

El ocaso del régimen del 78

Cuando tanto se habla de una "segunda transición", sería bueno dejar aparte latiguillos propagandísticos y panegíricos, para, desde la humildad y el sentido crítico, reconocer los errores que han impedido al régimen del 78 alcanzar sus proclamados objetivos programáticos.


Autor.- Mateo Requesens, jurista. ​​Publicado en la revista El mentidero de la Villa de Madrid (6/ENE/2023). Tomado de Altar Mayor (mayo-junio de 2016), editado por el Hdad. del Valle de los Caídos. Ver portadas de El Mentidero y Altar Mayor en La Razón de la Proa (LRP). Solicita recibir el boletín semanal de LRP.

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El ocaso del régimen del 78

El ocaso del régimen del 78


Tras la abdicación del rey Juan Carlos I y los resultados de las últimas elecciones (Generales de 2016), sin duda estamos asistiendo al fin de una etapa histórica. Generacionalmente así es, y así debe ser. Pero además en nuestro caso, se detectan síntomas de agotamiento del modelo político instaurado con la Constitución de 1978. La crisis económica ha precipitado un innegable cansancio en la opinión pública y un descontento generalizado con los partidos que tradicionalmente se han turnado en la dirección de los designios de España. La irrupción de nuevos partidos en el arco parlamentario, no sólo es muestra de la exigencia de nuevas políticas que terminen con los continuos escándalos de corrupción que salpican al bipartidismo, también refleja una aspiración de un relevo generacional que quiere escribir su propia historia.

Un futuro plagado de incógnitas se abre ante nosotros. Por ello, cuando nos anuncian una segunda transición sería bueno reflexionar sobre el balance de la primera. Desde luego es prematuro hacer un balance final, cuando el desenlace de esta etapa histórica, aún está por escribir. Igualmente sería propio de estúpidos o fanáticos descalificar globalmente los últimos 40 años de nuestra vida política, pues cualquier obra política de tal duración y envergadura, sea la que sea, presenta aspectos tanto positivos como negativos. Ahora bien, eso no quiere decir que haya de aceptarse la mitificación del régimen nacido de aquella Transición.

Ciertamente la Constitución de 1978 se convirtió en la principal garante de la convivencia pacífica en nuestro país, pero creemos que no es aventurado concluir, que vistas las actuales circunstancias del panorama político español, se puede decir que el régimen del 78 ha fracasado en los más trascendentes propósitos que declaró en su nacimiento.

Veamos los puntos sobre los que debemos reflexionar.

Los episodios más oscuros del régimen

Si miramos al pasado, aparecen ciertos episodios, que históricamente han resultado claves para la posterior evolución de la situación política de España, que no resultan muy transparentes. No ha transcurrido todavía el tiempo necesario para indagar en estos sucesos, que los historiadores del mañana, con más sosiego, neutralidad y, sobre todo, con más facilidades, podrán investigar. Por aclarar quedan las implicaciones intelectuales en el asesinato de Carreo Blanco, más allá de la autoría material imputable a ETA. Sería también conveniente conocer el verdadero alcance de la intervención de EE.UU. en el diseño de la famosa Transición, y si el artificial encumbramiento de un PSOE, meramente anecdótico en España durante el franquismo, obedeció a la política de contención del comunismo en plena guerra fría. Sabemos que la socialdemocracia alemana a través de la Fundación Friedrich Ebert y otros terminales, financió abundantemente al PSOE, para que pusiese en marcha su organización, su poderoso aparato de propaganda y al menos la primera campaña electoral socialista, en la recién estrenada democracia española. La cuestión radica en clarificar si esta injerencia extranjera en los asuntos internos de España, contó además con los auspicios de la CIA, temerosa de la preponderancia que los comunistas (única oposición izquierdista activa durante la España franquista), pudieran adquirir en el nuevo régimen.

El golpe del 23-F, aparece como otro episodio oscuro de aquella Transición. Mucho se ha escrito, y se sigue escribiendo, sobre aquella asonada militar. Lo único que queda claro es que Tejero sólo fue una marioneta manipulada por poderes que estaban muy lejos de servir a la ideología patriótica que profesaba aquel coronel de la Guardia Civil y otros muchos militares, involucionistas o no, que de buena fe apoyaron la intentona. Si el golpe servía a la intención de quitar del medio a Suárez y la UCD para facilitar el triunfo del PSOE, a cambio de que la izquierda aceptase la entrada de España en la OTAN, o si se quería un cambio de rumbo ante la deriva separatista y el terrorismo de ETA, para poner orden en el Estado de las autonomías, o cualquiera de las otras múltiples interpretaciones que por ahí circulan, es una cuestión que ignoramos. Lo que sin duda resulta incuestionable es que el 23-F, lo persiguiese o no, consiguió consolidar el régimen del 78. Tras el golpe no sólo se acalla definitivamente cualquier descontento militar sobre el curso de los acontecimientos, sino que se elimina la influencia pública relevante de cualquier oposición política al nuevo régimen que no estuviera representada por marxistas o separatistas. Situación que perdura hasta la fecha. Se abre así el período más largo de vida constitucional prácticamente ininterrumpida que ha vivido España, pero asociado irremediablemente al absoluto triunfo de la social democracia en España, eso sí, bajo la forma de monarquía.

El escándalo de los GAL, aunque sin duda constituye la página más negra de la lucha antiterrorista en España, no contiene a estas alturas mucho misterio que clarificar. La falta de escrúpulos, la cobardía, indignidad y el descomunal cinismo de quienes condenaban los procesos de Burgos, mientras mandaban a corruptos y mafiosos a hacer lo que sólo la Justicia debía ejecutar, resume la inmoralidad del caso. Que el régimen democrático del 78 acudiese, al fin y al cabo, por muy puntual que fuese, a los mismos métodos que la dictadura militar argentina para luchar contra el terrorismo, mientras el franquismo aplicaba la ley, con la garantía de un juicio público, no deja de resultar paradójico… y triste.

Los atentados del 11-M, constituyen el último de los acontecimientos que más crucialmente han afectado a la marcha de la reciente historia de España, y que precisan de luz[1]. Mucha más luz. Al igual que sucede con el 23-F, dejando aparte cualquier tipo de especulación, el único dato cierto es que tras los atentados y con el ascenso al poder de Zapatero, se inicia la última etapa de demolición de una España entendida como empresa común, precipitándose la amenaza de los desafíos separatistas y radicalizándose la opinión pública en una deriva ultraizquierdista, cuyo desenlace está por ver.


El rotundo fracaso del régimen en sus principales objetivos programáticos

Vamos a creer en la sinceridad de los objetivos bajo los cuales se promulgó la Constitución de 1978, que podemos simplificar a través de tres grandes capítulos, a saber, la superación de las secuelas de la guerra civil a través de la tolerancia y consenso políticos, la optima reordenación de la organización territorial del Estado abandonando el modelo centralista, y la modernización política, social y económica de España a través de la democratización de sus instituciones.


Reconciliación nacional y superación de la guerra civil

Si repasamos el discurso político mantenido durante la Transición, especialmente tras la legalización del PCE[2] y la Ley de Amnistía[3], observamos que se articuló sobre la base de que había que olvidar la guerra civil y liberarse del pasado como lastre, para conseguir la reconciliación de los españoles y la construcción de un horizonte de futuro en el que tuvieran cabida todas las fuerzas políticas. La Constitución de 1978 nació como crisol de ese nuevo horizonte democrático, en el que las rencillas de la guerra civil pasaban a formar parte de la historia[4]. Pero obras son amores…, y pronto se vio que aquella declaración de intenciones se quedó en eso. La reconciliación, se trocó en revancha, y más allá de una rehabilitación del bando perdedor de la guerra civil, asistimos a una demonización del bando vencedor y el régimen que le siguió. Desde los nuevos poderes económicos, políticos y mediáticos, se desató una constante y progresiva purga en la vida social, cultural y política de cualquier personaje o idea que reivindicase los valores de los alzados el 18 de julio o recordase los aspectos positivos del régimen franquista. La infausta Ley de Memoria Histórica proclamada por Zapatero, culmina aquel rencoroso proceso, al que tan sólo le falta derribar el Valle de los Caídos, en lo que, en definitiva, a lo sumo tan sólo ha logrado intercambiar los papeles entre vencedores y vencidos.

Por mucho que se predique lo contrario, el régimen del 78 no ha conseguido dar trigo en este sustancial problema que anunció venía a resolver. Muy lejos de la reconciliación, la guerra civil sigue presente en la conciencia colectiva española como arma arrojadiza, y como instrumento para atizar resentimientos y odios fratricidas en una sociedad que sigue fracturada entre las derechas y las izquierdas. 

El régimen del 78 no intentó comprender bajo qué condiciones era posible hacer compatible la idea de un cambio sustancial y la de una continuidad objetiva en la vida política de España. Se limitó a enterrar al régimen nacido del Alzamiento del 18 de julio, presentándolo como algo nefasto y deleznable, o en el mejor de los casos, como digno del olvido. Este deshacer indiscriminadamente todo lo hecho, desde luego no garantizaba un provenir extendido hacía un futuro a salvo de la repetición de los errores, que a lo largo del siglo xix y primer tercio del xx, impidieron o retrasaron el progreso de España. La aparente promesa de reconciliación, se resume en los Pactos de la Moncloa de 1977 entre los partidos políticos que entronizan el consenso capitalista-socialdemócrata. Pero la guerra civil sigue proyectando su sombra sobre la vida política, cultural y social española, constituyendo el punto de referencia a partir del cual se remonta, hacía su pasado legitimador o deslegitimador, toda referencia intrínseca del pensamiento político español actual.


Vertebración territorial de España

Otra de las razones elementales sobre las que se erigió el régimen fue la de solucionar el problema de los nacionalismos disgregadores[5]. El Estado de las autonomías fue vendido como la gran innovación jurídica de la Constitución de 1978[6]. Nacía como panacea para conseguir que, aquello que dieron en llamar nacionalidades, en referencia al catalanismo, galleguismo y bizcaitarraismo decimonónicos, pudiesen sentirse cómodos dentro de España[7].

Como todos sabemos el Estado de las autonomías no frenó en absoluto el terrorismo de ETA[8], ni consiguió que los principales partidos nacionalistas de aquel entonces, PNV y CiU, aceptasen respetar la unidad de España. Muy al contrario, aquellas fuerzas separatistas, que han crecido en número, nunca han cejado en su propósito, aprovechando la autonomía que se les brindaba, más que para articular una convivencia armónica y positiva entre todas la tierras de España, para  construir un aparato de poder omnímodo y profundizar en su visión excluyente, persiguiendo lo español y fomentando toda división[9]. El resultado, sólo un ciego lo podría negar: El Estado de las autonomías ha fortalecido como nunca a los separatismos, consiguiendo que tanto en Vascongadas, donde se ha llegado al extremo de que ETA gobierne una provincia, cómo en Cataluña, donde se plantea abiertamente la secesión, dominen abrumadoramente la opinión pública. Y aunque en Galicia no se ha llegado aún a tales extremos, sin duda lo que no era más que una fuerza testimonial, se ha convertido en una corriente de opinión cada día más preponderante.

Eso sí, lo que no se puede negar es que los separatistas siempre han estado muy cómodos, dentro del régimen, ya que ninguno de los gobiernos de España ha hecho absolutamente nada relevante por frenar su avance. Cómodamente han contado con todo tipo de transferencias de poder, con financiación sin fin, e inhibición del Estado de derecho, para que hacer y deshacer a su antojo no tuviese obstáculo legal ni judicial alguno. Ni PSOE, ni PP, ni UCD miraron nunca a la hora de articular su relación con los nacionalistas por otro interés que no fuera el suyo propio, lo que ha traído como consecuencia, que nunca la razón de Estado se antepusiera a la razón de partido en la labor de gobierno desde la promulgación de la Constitución de 1978. La Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), que en los años 80 tímidamente pretendió introducir cierta cordura en el desarrollo autonómico, fue parcialmente declarada inconstitucional porque una ley estatal no podía limitar los estatutos de autonomía debido a su rango constitucional. A partir de entonces, el traspaso de competencias y de los gastos asociados a su gestión inició una carrera desbocada a la que nunca se ha puesto freno.

Pero es que además, desde el punto de vista organizativo, la desmesurada burocracia autonómica, extendida a todo el territorio nacional, ni ha resultado más eficiente que un estado centralizado, ni ha supuesto una mejora en la prestación de servicios para el ciudadano. Tan sólo económicamente resulta acreditado que implica una carga añadida para el bolsillo del contribuyente[10], por no hablar de las redes clientelares y fuentes de corrupción que se han tejido en torno suyo[11].

Nadie sin un interés egoísta podrá discutir hoy que aquel razonamiento con que la Constitución de 1978 presentaba al Estado de las autonomías, como paradigma de la modernización de la organización territorial del Estado y la vertebración de España, si no estaba profundamente equivocado, desde luego ha fracasado rotundamente. El Estado de las autonomías, nos ha llevado, algunos dirán a la ruina económica, pero sobre todo al colapso político y social de España como nación de ciudadanos iguales ante la ley.


Modernización y progreso

Aparentemente parece indiscutible que el régimen del 78 consolidó la democracia en España, homologando su sistema político al imperante en el resto de Occidente. Coinciden los juristas actuales en predicar que la Constitución del 78 ha sido todo un éxito a la hora de consagrar los derechos y libertades recogidos en su Título I, Capítulo II, que concuerdan con los reconocidos en las más avanzadas democracias liberales de nuestro entorno[12].

Ciertamente España se ha incorporado al concierto internacional que le correspondía, primero en 1982 en la OTAN y después en 1986 en la CEE, formando parte relevante de la UE, y participando en muchas de las numerosas actividades de la comunidad internacional. Otra cuestión es que nuestra presencia en las instituciones internacionales, se haya traducido en una influencia real de nuestra política exterior en el concierto internacional. No basta con una participación formal; otros factores intangibles como la lengua, la potencia cultural o científica, el poder económico y militar, o la proyección diplomática, tienen bastante más peso que el hecho de figurar nominalmente en la lista de integrantes de tales o cuales iniciativas internacionales. Y en esta materia, reconozcámonoslo, España no pasa de ser un país de segunda fila, muchas veces mera comparsa, con una diplomacia bastante floja y una capacidad muy limitada a la hora de defender autónomamente sus intereses nacionales[13].

No es este lugar para discutir las bondades del sistema parlamentario, pero es que en todo caso, la tan cacareada democracia española que representa el régimen del 78, al final ha resultado ser una democracia de baja calidad. Algunos diríamos una autentica filfa, donde las oligarquías, dueñas del aparato del Estado, el aparato económico, el aparato cultural y el aparato mediático, han secuestrado la voluntad de la nación en beneficio propio.

Al menos resulta innegable que cada día, desde todos los sectores, son más las voces que se alzan para criticar los déficits democráticos del régimen, que comienza a revelar en toda su extensión el grado de corrupción al que ha llegado. Corrupción que se ha traducido en un desprestigio generalizado de las instituciones, empezando por la Corona y acabando en el Poder Judicial. Y es que parece que el famoso consenso de la Transición al final tenía más que ver con el negocio de unos pocos, que con el bien común de todos los españoles. El régimen del 78, lejos de modernizar el sistema político de España ha supuesto una regresión, al haber caído en la misma dinámica que el turnismo de la Restauración. La democracia española se ha convertido en un Estado de partidos, donde los ciudadanos tan sólo son contemplados como objeto de manipulación y sujeto de tributación. Las amplias redes clientelares que se han tejido en torno a los partidos dejan poco espacio para reivindicar otra modernización política que no sea la de los métodos del caciquismo del siglo xix. Eso sí, afortunadamente hoy en día no dirimimos nuestras disputas políticas a tiro limpio, costumbre que esperemos siga respetándose.

Además, por muy acertadas que sean las libertades plasmadas en el Título I, Capítulo II de la Constitución del 78, cuando un cuarto de la población es incapaz de encontrar trabajo, hablar de la modernidad del Estado social o Estado de bienestar español, parece que también encierra un cierto grado de propaganda. Si en 1975, la tasa de paro en España era del 4,4 %, y en 2016 del 20,5 %, y si entre 1959 y 1973, según el Instituto Español de Emigración, habían salido 1.226.440 españoles para emigrar al extranjero en busca de trabajo, y en 2016 hay 2.183.043 españoles expatriados, no parece que existan muchos motivos para presumir de un Estado social o del bienestar[14].

Pero sería de necios negar que el nivel de bienestar de los españoles ha experimentado una sustancial mejoría estas últimas décadas, la esperanza de vida y la asistencia sanitaria han conseguido un avance importante[15], así como la asistencia social, que alcanza a amplias capas de la sociedad[16], el nivel de educación se ha elevado, multiplicándose exponencialmente el número de titulados superiores[17], y nuestras actuales infraestructuras públicas indudablemente se han situado al más alto nivel[18], por citar alguno de los aspectos más destacados.

Si de renta per cápita hablamos, en 1975, España se situaba en el 81,3 % de la media europea, mientras que en 2014 era del 91 %. Ciertamente la economía española ha crecido entre 1975 y 2014 un 78,7 % tomando los datos de la Penn World Table[19]. Pero el poder adquisitivo de los españoles, según Eurostat, se situó el año 2014 en el 87,5% de la media europea, lejos del 92,6% en que llegó a estar en 2005. Y lo que es más significativo, se sitúa en niveles muy parecidos a los que existían en 1975 (un 86,4%), lo que refleja los escasos avances que se han producido en términos de convergencia económica con Europa, ya que seguimos prácticamente igual que en los años 70[20].

Y si hablamos en términos de igualdad económica, España no ha avanzado nada desde 1973, ya que según el índice Gini, que mide el grado de igualdad de las sociedades, en 2012 el coeficiente de desigualdad en España era del 0,350, sustancialmente mejor que en 1985, cuando era del 0,371, pero por debajo de la mejor serie histórica, ya que, en 1973 España obtuvo su mejor resultado con un 0,329[21].

En términos tributarios, diremos que si la presión fiscal suele definirse como el conjunto de los impuestos y cotizaciones sociales recaudados durante un año, expresados como proporción del PIB del mismo año, su evolución en España entre 1965 y 2010 se ha traducido en un incremento de 17 puntos porcentuales, pasado del 14,7 % en 1965, al 31,7 % en 2010. Pero si hablamos de esfuerzo fiscal, un sueldo neto de 1.679 euros paga actualmente en España un tipo impositivo real del 40,71 %, impuestos indirectos aparte. Este umbral tributario coloca a nuestros contribuyentes en el mismo nivel que Finlandia (43,90%) o Suecia (42,46%). Pero, ¿la calidad de nuestros servicios públicos, comparados con las prestaciones de los países escandinavos, es proporcional a este esfuerzo fiscal? Respóndanse ustedes mismos, y recuerden que en 1970 la deuda pública española era del 11,3 % del PIB, mientras que en 2015 es del 99 %.

A la vista de estos someros datos, discutibles si se quiere, pero relevadores de un realidad, creo que sin duda no se puede negar la modernización social y económica de la sociedad española, pero muy lejos de los triunfalismos que el aparato de propaganda del régimen pretende.

Recapitulando lo hasta ahora dicho, cuando tanto se habla en estos momentos políticos de una segunda transición, sería bueno dejar aparte latiguillos propagandísticos y panegíricos, para desde la humildad y el sentido crítico, reconocer los errores que han impedido al régimen del 78 alcanzar sus proclamados objetivos programáticos. Si sinceramente se pretende la regeneración del sistema político español, para no repetir aquellos errores hay que remendar sus causas. Más allá de apariencias mediáticas, declaraciones televisivas, o indignados alborotos, la labor de regeneración, exige identificar con rigor aquellas causas para edificar un futuro que reviva de manera inclusiva esa empresa común que un día fue España.



[1] Aunque sin la misma transcendencia política, el incendio del Hotel Corona de Aragón, que acabó con la vida de 78 personas el 12 de julio de 1979, constituye otra de las páginas oscuras de la Transición. En su día, las autoridades de la UCD (Adolfo Suárez presidía el primer gobierno constitucional, con Iñigo Cavero Latailla, como Ministro de Justicia, Ministro del interior, Antonio Ibáñez Freire y Ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún) consideraron que el incendió se originó de manera fortuita, descartando el atentado, pese a que tanto ETA como el FRAP reivindicaron su autoría. Tuvieron que pasar 30 años para que el Tribunal Supremo, a instancia de familiares de victimas, reconociese que el incendio no fue accidental. El atentado obviamente iba dirigido contra los muchos jefes y oficiales del Ejercito, que con sus familias, se encontraban allí alojados con ocasión de la entrega de los despachos de la Academia General Militar de Zaragoza. Los medios de comunicación han relegado al total olvido aquel episodio, y nunca han buscado respuesta a las muchas preguntas por responder que suscita el que fue el atentado más cruento de la historia de España hasta los luctuosos sucesos del 11-M.


[2] Aunque ningún reconocimiento de las propias atrocidades cometidas, ni petición de perdón se produjo, decía Marcelino Camacho: «nosotros, precisamente, los comunistas que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie».


[3] La ley de amnistía de 1977, a diferencia de lo que supone la caterva de ignorantes que pulula hoy en día por toda clase de medios, blogs o páginas web, no fue una ley de punto final, al estilo de la promulgada tras la salida de la dictadura argentina. Al contrario, se promulgo para que los criminales, como Carrillo, responsables durante la guerra civil de atentados de lesa humanidad, pudieran regresar a España sin problemas. Sí constituyó una Ley de punto final para los actos de terrorismo y violencia cometidos anteriormente por los diversos grupos subversivos que, como ETA, FRAP, etc., habían empezado a actual en el tradofranquismo. Decía aquella norma que todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis, resultaban amnistiados. Ciertamente también abarcaba los actos no violentos tipificados como delitos políticos durante el franquismo, y por supuesto, aunque entonces a nadie se le ocurriese, (la ley debe ser igual para todos, aunque algún exjuez estrellado no lo entienda así), los  supuestos delitos políticos ejecutados por el bando vencedor de la guerra civil.


[4] El Rey Juan Carlos I, decía en el discurso de promulgación de la Constitución de 1978: «si los españoles sin excepción sabemos sacrificar lo que sea preciso de nuestras opiniones para armonizarlas con las de otros; si acertamos a combinar el ejercicio de nuestros derechos con los derechos que a los demás corresponde ejercer; si postergamos nuestros egoísmos y personalismos a la consecución del bien común, conseguiremos desterrar para siempre las divergencias irreconciliables, el rencor, el odio y la violencia, y lograremos una España unida en sus deseos de paz y de armonía».


[5] El mismo 22 de noviembre de 1975 Juan Carlos I, en su discurso de proclamación como rey, aludía a este problema: «un orden justo, igual para todos, permite reconocer dentro de la unidad del reino y del Estado las peculiaridades regionales, como expresión de la diversidad de pueblos que constituyen la sagrada realidad de España. El Rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno en su cultura, en su historia y en su tradición». En diciembre de 1976 Adolfo Suárez, aclara en Barcelona cuáles eran las intenciones del nuevo monarca, al decir que «la región, como unidad, ha de satisfacer las legítimas aspiraciones de afirmación de la personalidad de los pueblos, pero tiene que ser, además, un modo y un medio para la eficaz prestación de servicios públicos y para el progreso de la nación entera. Institucionalizar la región, no es sólo una necesidad de la hora presente, sino un reto de futuro en la organización del Estado». El nefasto Clavero Arévalo, responsable del café para todos, insistía como ministro en julio de 1977, «el Gobierno entiende como autonomía el reconocimiento de la personalidad de un pueblo».


[6] Antonio Fontán, ministro de la UCD, en enero de 1980, intentaba explicar el alcance del nuevo artefacto constitucional: «Es cierto que el nuevo Estado de las autonomías está destinado a ofrecer semejanzas funcionales con algunos de los modernos Estados que se llaman federales, como el bund de la Alemania Occidental. No es menos cierto, sin embargo, que en el orden de los principios de la filosofía política se distingue claramente de ellos y dista mucho más todavía de las federaciones o confederaciones de Estados, como Norteamérica o Suiza, acercándose más bien al Estado regional previsto por la vigente Constitución de la República italiana».


[7] Gregorio Peces Barba en abril de 1981, decía que uno de los objetivos centrales de la Constitución de 1978 «era la solución del problema de la organización territorial del Estado, con solución a los problemas de identidad vasca, catalana y gallega, además de afrontar los desequilibrios territoriales entre todas las partes del territorio español».


[8] «El Partido Nacionalista Vasco se compromete a pacificar Euskadi en un año si se aceptan nuestros planteamientos en el título VIII de la Constitución», decía en junio de 1977 Marcos Vizcaya, representante del PNV en la Comisión Constitucional del Congreso. Sus  pretensiones eran la creación de los Tribunales Superiores de Justicia, asumir competencias en orden público, trasferencia de sanidad y seguridad social, reconocimiento de los regímenes económicos forales y puertas abiertas a mayores transferencias. Sobran los comentarios ¿verdad?


[9] Nadie mínimamente honesto podía llamarse a engaño de hacia donde caminaba el Estado de las Autonomías. Desde la izquierda Gregorio Peces Barba criticaba en abril de 1981 a quienes se mostraban reticentes ante las autonomías: «el exclusivismo nacionalista español que rechaza el modelo, por considerarlo negador de la idea de que España es la única nación posible, sin entender que existen en España realidades nacionales, que hemos llamado nacionalidades en la Constitución». En mayo de 1984, afirmaba que «no existe ninguna contradicción entre el Estado autonómico y el Estado federal; creo que ambos son lo mismo en cuanto a competencias, atribuciones y funciones. Estaremos en un Estado federal cuando el Estado de las autonomías esté definitivamente construido». Solé Tura, otro de los padres de la Constitución de 1978, también afirmaba poco después de ponerse en marcha las CC.AA, «España no es ni puede ser un Estado federal si no se modifica la Constitución. Pero lo importante no es el nombre, sino la cosa. Lo importante es que el Estado español acabe funcionando como un Estado federal. Y esto es perfectamente posible a partir del actual texto constitucional». Pero este empecinamiento de la izquierda buscado siempre un Estado federal, ha chocado, también siempre, con la realidad de que para el nacionalismo, el federalismo o el autonomismo, solo suponen estaciones desde donde llegar al destino final de la independencia. Conviene recodar que el Derecho a la autodeterminación se pretendió incluir dentro del texto constitucional a instancia de Euskadiko Ezquerra. La propuesta defendida por el diputado Letamendía, fue apoyada por el PNV, ausentándose de la votación de la enmienda para no votar en contra, los representantes catalanes de Minoría Catalana y del Partido Socialista de Cataluña. En el caso catalán, el derecho de autodeterminación se ha reivindicado institucionalmente a través de la resolución 98/III sobre el derecho de autodeterminación de la nación catalana adoptado por la Comisión de Organización y Administración de la Generalidad y Gobierno Local del Parlamento de Cataluña el 12 de diciembre de 1989. En el caso vasco nos encontramos con la aprobación por el Parlamento Vasco de la Proposición no de ley sobre el derecho de autodeterminación del pueblo vasco de 15 de febrero de 1990. Sólo por citar las más tempranas iniciativas institucionales. Pero no hay más que repasar las declaraciones de intenciones que desde la Transición, una y otra vez, cualquier dirigente nacionalista, fuese del partido que fuese, ha venido haciendo, para comprender hacía donde nos conducía el Estado de las Autonomías. Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír.


[10] Por supuesto nuestras universidades, sindicatos, fundaciones y organizaciones empresariales están ocupadas en otras cosas más importantes, y no han tenido tiempo en España durante estos últimos 30 años para realizar ningún estudio objetivo y exhaustivo para analizar la eficacia de las administraciones autonómicas, y la correlación entre el gasto, distribución y remuneración del personal, con la calidad de los servicios y su impacto en el desarrollo económico y social. Lo que sí sabemos es que mantener las autonomías cuesta a cada unidad familiar española 11.000 euros al año. El gasto total de las administraciones públicas por persona ocupada es de 24.374 euros anuales.


[11] El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en 1.661 las causas judiciales abiertas en España por delitos relacionados con la corrupción en el año 2014. Al menos 483 de estas causas aparecían directamente relacionadas con la corrupción autonómica. Y no se debe olvidar que mientras el Estado adelgazaba su ámbito empresarial (privatizaciones, incluida la Banca pública), se entregaba a las CC. AA. un tan poderoso instrumento financiero como las cajas de ahorros, que iba a alimentar un entramado empresarial, ocupado por las clases políticas autonómicas, y que ha desembocado en la grave crisis financiera que ha costado 53.553 millones de euros al contribuyente. Teniendo en cuenta que el 70,5 % del rescate bancario ha sido consumido por las cajas, con CatalunyaCaixa, Novagalicia, Bankia y la CAM a la cabeza, resulta indiscutible el grave daño que las autonomías han provocado a la economía nacional.


[12] Quizá sea este el principal éxito que debe apuntarse en su haber el régimen del 78, pese a la asignatura pendiente del aborto en cuanto a la defensa del derecho a la vida, y los abusos y excesos en cuanto a las interpretaciones de ciertos derechos y libertades políticas. 


[13] Que Gibraltar siga siendo una colonia británica, pese a pertenecer Gran Bretaña y España a la UE, sin siquiera haber conseguido una utilización conjunta de la base militar, dice muy poco a favor de la política exterior del régimen del 78. Pero si Gibraltar tiene la disculpa de ser un contencioso enquistado históricamente, el PSOE de Felipe González sacrificó en 1982 las plazas de Ceuta y Melilla en la negociación para la incorporación de España al Tratado de la Alianza Atlántica, quedando las mismas excluidas del ámbito territorial de protección de la OTAN. Marruecos quedaba contento y EE.UU. se quitaba de encima un espinoso problema diplomático entre dos aliados. De nuevo los intereses de España, subordinados a los intereses de partido. Hoy, la guerra fría ha terminado, y la inestabilidad de los países musulmanes, deja en evidencia lo irresponsable de aquella exclusión. Pero el régimen, lejos de subsanar el craso error, persiste en su necedad. En 2012 UPyD presentaba una Proposición no de Ley sobre la protección de la OTAN a toda la población y todo el territorio español, para su debate en la Comisión de Defensa en el Congreso, que PP y PSOE rechazaron. Está por ver si la EUROFOR acudiría en la defensa de las plazas españolas. Lo que queda claro, es que la OTAN no tiene obligación alguna de intervenir en su defensa, tal y como reconocía en 2013 el general de división, Rubén García Servert, con motivo de la inauguración del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) de la OTAN, en la base de Torrejón. En el apartado económico, pese a su complejidad, nadie puede negar que la defensa del interés del sector primario y secundario de España dentro de la UE, es manifiestamente mejorable.


[14] La tasa de paro en España, según Eurostat, era en 2015 la más elevada de Europa, sólo por debajo de la de Grecia.


[15] La expectativa de vida en España es la segunda más alta en la OCDE (después de Japón) y los estudios elaborados con indicadores de la OMS, de la OCDE y de la Comisión Europea muestran que nuestro sistema sanitario se sitúa por encima de la media europea.  


[16] Según el INE, en 2011 existían 453.300 beneficiarios de pensiones no contributivas, 3.042.700 perceptores de la prestación por desempleo y 8.671.000 pensionistas. 


[17] Claro que los resultados prácticos de la educación española nos sitúan por debajo de la media de los países de la OCDE, una y otra vez, conforme se deduce de los sucesivos informes PISA. Y si añadimos que el paro de los titulados españoles triplica la media de la OCDE, pues a lo mejor no hay que tirar tantos cohetes.


[18] Según la CEOE, en el periodo 1995-2012 España ha invertido 580.000 millones de euros en obra civil. En el mismo periodo, Francia invirtió casi el doble (1.076.000 millones de euros), Alemania un 18,5 % más e Italia un 9 % más. Pero la asignatura pendiente española, es la I+D. En 2012, el número de empresas con innovación tecnológica es de 20.815 y los gastos dedicados a las actividades de innovación son 13.410 millones de euros. El ratio gastos de innovación sobre cifra de negocios es de 0,84 en 2012, y el porcentaje de la cifra de negocios de las empresas como resultado de introducir productos nuevos o mejorados representa el 11,81%. Las empresas innovadoras que realizan actividades de I+D son 8.196, lo que representa el 5,2% del total del tejido empresarial español. En 2012, únicamente el 23,2% de las compañías nacionales con diez o más trabajadores apostaron por introducir alguna innovación tecnológica, que representa un 13% menos que la media de la Unión Europea y muy por debajo de otros países de su entorno como Italia, Irlanda o Portugal, que rebasaron el 40%, según las cifras de Eurostat.


[19] La OCDE tiene datos de PIB per cápita de 1975 a 2013 para 27 países. En la clasificación de crecimiento, España es el país número 19. Los tres países que encabezan la lista son Corea del Sur con un crecimiento del 714.6%, Irlanda con un 224.6% y Luxemburgo con el 161.3%. España tiene un crecimiento del 79.3%.


[20] La Fundación de Cajas de Ahorro publica un gráfico muy ilustrativo de la evolución de la convergencia real de la economía española con la europea. Los hechos más relevantes son el crecimiento espectacular de nuestra economía durante los años 60 y primeros 70, tanto en términos absolutos como relativos, que elevaron nuestro grado de convergencia desde un 58,3% en 1959, al 81,4% en 1975. A partir de entonces, este nivel de convergencia se derrumbaría hasta el 70,8 % en 1985, momento en que se produce la integración en la CEE. Desde ese momento, la convergencia empezó a crecer, pero tan lentamente, que sólo hasta 2005 no se logran sobrepasar los niveles alcanzados en los años 70.


[21] El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno. Pese a las importantes diferencias institucionales: dictadura vs democracia y gobierno centralizado vs descentralización, e incorporación a la Unión Europea, las tasas de variación de los índices de desigualdad entre los dos periodos, permite constatar que no existe una pauta uniforme definida en ninguno de ellos, pero, sin duda la reducción de la desigualdad fue más intensa en el primer periodo histórico que en el segundo.


 

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