Fronteras seguras, Europa responsable
La gestión migratoria exige humanidad, legalidad y responsabilidad. Las decisiones de cada Estado afectan a toda la Unión Europea y ponen a prueba la confianza sobre la que se sustenta el proyecto común.
Un desafío que trasciende las fronteras
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar una regularización extraordinaria que ya supera 1,2 millones de solicitudes, muy por encima de las previsiones iniciales, ha reabierto el debate sobre la política migratoria europea. Cuando un Estado altera de forma unilateral un equilibrio que afecta al espacio Schengen, las consecuencias dejan de ser exclusivamente nacionales. La libre circulación exige responsabilidad institucional y una coordinación que preserve la confianza entre los socios de la Unión.
La preocupación expresada por diversos gobiernos europeos evidencia que el fenómeno migratorio no puede abordarse desde una perspectiva exclusivamente interna. La inmigración irregular plantea retos que requieren respuestas comunes y previsibles. La protección de las fronteras exteriores, la seguridad jurídica y la integración efectiva de quienes llegan constituyen pilares inseparables de una política migratoria seria. Sin ellos, aumenta la percepción de desigualdad entre los Estados y se resiente la cohesión del proyecto europeo.
Europa necesita liderazgo y coherencia
A esa controversia se suma el silencio de la Comisión Europea, cuya reacción ha sido considerada insuficiente por quienes reclaman una actuación más firme. Las instituciones comunitarias deben actuar con el mismo criterio ante situaciones equivalentes. La percepción de que determinadas decisiones reciben un trato más permisivo por razones de oportunidad política debilita la autoridad de Bruselas y alimenta la desconfianza entre los Estados miembros.
La credibilidad del proyecto europeo depende de que las normas comunes se apliquen con igualdad y sin excepciones de conveniencia. No puede haber confianza sin coherencia institucional. Si la Comisión tolera actuaciones que cuestionan el equilibrio migratorio de la Unión mientras exige mayor rigor a otros gobiernos en circunstancias similares, corre el riesgo de erosionar su propia legitimidad y de profundizar las divisiones políticas que amenazan la estabilidad europea.
Una respuesta desde el humanismo social
Desde una perspectiva inspirada en el pensamiento joseantoniano, la cuestión migratoria no puede reducirse únicamente a cifras o estrategias electorales. Toda persona posee una dignidad inviolable, pero también toda comunidad política tiene el deber de proteger el bien común y garantizar la convivencia. Ello exige unas fronteras ordenadas, una inmigración regulada conforme a las necesidades reales de cada nación y unas políticas que favorezcan la integración sobre la base de derechos y deberes. Del mismo modo, Europa necesita recuperar una política decidida de apoyo a la natalidad y a la familia, fortaleciendo su propio relevo generacional sin convertir la inmigración masiva en la única respuesta al envejecimiento demográfico.
Ese mismo enfoque invita a afrontar las causas profundas de los movimientos migratorios. La mejor política migratoria comienza en los países de origen. En lugar de resignarse a importar mano de obra barata procedente de naciones empobrecidas, Europa podría impulsar una auténtica política de cooperación para el desarrollo, favoreciendo la creación de riqueza, la formación técnica, el fortalecimiento institucional y la capacidad de cada pueblo para administrar sus propios recursos. El objetivo no debería ser facilitar la emigración permanente, sino ofrecer oportunidades para que millones de personas puedan desarrollar un proyecto de vida digno en su propia tierra.
Una nueva misión para Europa
Quizá haya llegado el momento de explorar una vía más ambiciosa. Europa necesita una nueva misión civilizadora basada en la cooperación y no en la explotación. Salvando las enormes diferencias históricas, podría inspirarse en el ideal humanista que muchos identificamos con la empresa hispánica en América, donde, junto a luces y sombras propias de toda obra humana, se desarrolló un proyecto de integración cultural, jurídica y religiosa que dio origen al concepto de la Hispanidad.
Frente a los modelos coloniales posteriores, impulsados con frecuencia por una lógica predominantemente extractiva o imperial, la Europa del siglo XXI podría promover una presencia internacional orientada a crear prosperidad, transmitir conocimiento, impulsar infraestructuras, favorecer el desarrollo empresarial y fortalecer las instituciones locales.
No para dominar otros pueblos, sino para contribuir a que ninguno de ellos se vea obligado a exportar a sus hijos como único recurso económico. Una cooperación de inspiración humanista y cristiana convertiría el desarrollo en la mejor garantía de paz, estabilidad y auténtica justicia social.