Cataluña y el fracaso de una política migratoria.
Una política migratoria con trasfondo identitario
Cataluña ha experimentado durante las últimas décadas una profunda transformación demográfica. Marroquíes y paquistaníes forman colectivos numerosos, mientras la inmigración hispanoamericana también ha crecido de manera notable. El fenómeno no resulta problemático por sí mismo. La cuestión decisiva es otra: cómo se ha gestionado esa diversidad y si las políticas públicas han buscado integrar a los recién llegados en una sociedad común o incorporarlos a un determinado proyecto identitario.
Durante la etapa de Jordi Pujol cobró fuerza la idea de integrar a los inmigrantes mediante la lengua y las instituciones catalanas. Pero aquella política coincidía con un proyecto nacionalista empeñado en reforzar una identidad diferenciada de la española. Así, la inmigración podía adquirir una utilidad política. El problema aparece cuando el inmigrante deja de ser ante todo un ciudadano que debe integrarse y pasa a convertirse en una pieza de construcción nacional.
Integrar no es dividir
La Generalitat desarrolló diversas iniciativas de interlocución con asociaciones islámicas y de apoyo a trabajadores procedentes de países musulmanes. Algunas respondían a necesidades reales. Pero integrar exige mucho más que reconocer comunidades: requiere educación, empleo, conocimiento de las lenguas y respeto a las normas de la sociedad receptora. Sobre todo, exige un marco común de ciudadanía que impida que la diversidad termine convertida en compartimentos estancos.
La comparación con la inmigración hispanoamericana permite plantear una cuestión, aunque no una respuesta simplista. La lengua y determinadas referencias culturales comunes pueden facilitar la integración. Sin embargo, sería igualmente equivocado establecer una jerarquía entre inmigrantes según su procedencia. Nadie debería ser elegido o rechazado por su utilidad para un proyecto nacionalista. La política migratoria debe atender a las posibilidades de integración y a las necesidades del país.
Ripoll y la tragedia de 2017
Los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 introdujeron una dimensión trágica en este debate. Dieciséis personas murieron y centenares resultaron heridas. La célula estaba formada mayoritariamente por jóvenes de origen marroquí, varios criados en Cataluña, y fue radicalizada en Ripoll por el imán del municipio. La tragedia demostró que residencia e integración administrativa no garantizan por sí solas integración cívica.
Pero sería un error convertir aquel crimen en una acusación contra la población musulmana en su conjunto. La inmensa mayoría nada tuvo que ver con el terrorismo yihadista. La cuestión es por qué unos jóvenes que habían crecido en Cataluña pudieron ser captados por una ideología extremista. El caso obliga a examinar las deficiencias de prevención, integración y detección de la radicalización, sin confundir una amenaza concreta con toda una comunidad.
Cuando una fractura genera otra
El problema tampoco termina con el terrorismo. Cuando determinados barrios o municipios aparecen cada vez más desconectados del conjunto, pueden surgir reacciones políticas igualmente identitarias. Ripoll ofrece una paradoja significativa: en el mismo lugar asociado a la radicalización yihadista terminó adquiriendo fuerza un discurso político radicalmente contrario. La fractura puede alimentar otra fractura, convirtiendo la inmigración en campo de batalla entre proyectos identitarios enfrentados.
Aquí cobra sentido una idea central del pensamiento de José Antonio: España como «unidad de destino». Más allá de las diferencias ideológicas que hoy puedan separarnos de aquel pensamiento, la reflexión resulta pertinente. Una sociedad necesita pluralidad, pero también un espacio común de pertenencia. Cuando ese espacio se debilita, las diferencias culturales, territoriales o identitarias pueden terminar convertidas en fronteras.
Una sociedad común por encima del proyecto
La lección debería ser clara. La inmigración no puede utilizarse como herramienta de ingeniería social ni como recurso para modificar deliberadamente una identidad colectiva. Tampoco puede estigmatizarse a una comunidad entera por los actos de una minoría. La integración debe ser exigente y común para todos: educación, trabajo, respeto a la ley, igualdad entre hombres y mujeres y rechazo de cualquier forma de extremismo.
Cataluña necesita recuperar precisamente ese sentido de comunidad. No se trata de decidir si son preferibles marroquíes, paquistaníes o hispanoamericanos, sino de preguntarse qué sociedad se quiere construir con todos ellos. Una política migratoria responsable debe favorecer la cohesión y evitar que las diferencias culturales se conviertan en compartimentos estancos. Cuando la política convierte a las personas en piezas de un tablero identitario, termina debilitando aquello que debería proteger: la convivencia de una ciudadanía común.