Ferraz 50: antes de la tormenta

Introducción de LRP

La historia suele concentrarse en grandes nombres, fechas decisivas y episodios conocidos. Sin embargo, en ocasiones son los lugares concretos y las trayectorias individuales los que permiten comprender con mayor profundidad una época. El texto que sigue toma como punto de partida un edificio de la calle Ferraz de Madrid para adentrarse en uno de los momentos más convulsos de la historia española contemporánea.

A través de documentación, testimonios y referencias bibliográficas, el autor reconstruye el ambiente político y social de la primavera de 1936, marcado por la polarización, la violencia y la creciente sensación de que el conflicto abierto resultaba cada vez más difícil de evitar. El resultado es una reflexión extensa sobre los acontecimientos, sus protagonistas y las interpretaciones que todavía hoy suscitan debate.

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Una dirección cargada de historia

Quién le iba a decir al militar Valentín Ferraz que su epónimo callejero iba a dar tanto juego. Una vía de un kilómetro escaso que empieza en el cuartel de la Montaña y acaba junto a un vertedero reconvertido en uno de los parques más hermosos de Madrid.

Y no quiero referirme a su comienzo, donde el cerillero de aquel bar contaba —con exhibición de lo que decía— que las malformaciones tipo artrosis reumatoide en sus manos se las debía a policías y a falangistas; ni tampoco a su final, donde residen las misiones salesianas, que colaboraron en su día con las falanges del exterior.

No me fijo en el número 70, edificio donde falleció el profesor y fantasioso Tierno Galván; ni en la piñata de las uvas; ni en la sede del PSOE; ni en el centro cultural casi contiguo —donde se toca— cuyo titular es un tal Salazar; ni en el local de los Círculos; ni en la pastelería La Oriental, de vivencias luminosas y bárbaras; ni en el santuario del Corazón de María del 9 de febrero, con el orgullo de las cargas policiales y grisáceas incluidas.

Me voy a fijar, como pretexto, en la residencia que el Opus Dei tuvo en esa calle, Ferraz 50, allá cuando su fundación más o menos, y que produjo —en apariencia— en uno de sus hospedados lo que, pasados los años, hubiera sido un oxímoron: Falange sí, Opus sí.

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La situación

La República tras las elecciones de febrero

El ambiente estaba calentito en toda España tras el bienio estúpido, pero ahora, después de las elecciones de febrero de 1936, la temperatura iba a aumentar.

Tras los comicios que dicen que dieron la victoria al Frente Popular tras un pucherazo acreditado analíticamente (Álvarez Tardío y Villa García), pero que, en cualquier caso, dio la victoria al Frente Popular, empezaron a hacerse reales las promesas de la coalición triunfadora: pasar factura a todos los que no estaban en ella.

La respuesta de los perdedores, en general, y por las manifestaciones realizadas, fue la del respeto, incluso excesivo respeto; la revisión de anteriores consignas confusas por parte de los posibilistas (Ángel Herrera); acaso temor, quizás terror; efectivamente, pánico a la coalición ganadora.

Al punto de que Jiménez Fernández —de los pocos que se creía lo de la democracia— anunció el voto favorable a la amnistía, pieza clave del Frente Popular, por parte de su grupo de la CEDA. O sea, que el miedo guardaba la viña, aunque se disfrazara como medida de pacificación social.

Desde la Falange, que no consiguió ni un diputado —y acaso por ello—, sorprende la conciliación de su comunicado e incluso la apariencia del espejismo de que, con la segunda oportunidad, Manuel Azaña evitara la hecatombe y los muertos.

Sorprende que, tras una campaña de hostilidad, de competencia durísima, con muertos y heridos falangistas de por medio y alguno de la acera de enfrente, Primo de Rivera apareciera esperanzado:

«Azaña vive su segunda ocasión. Menos fresca que el 14 de abril, le rodea, sin embargo, una caudalosa esperanza popular. Por otra parte, le cercan dos terribles riesgos: el separatismo y el marxismo... Si las condiciones de Azaña, que tantas veces antes de ahora hemos calificado de excepcionales, saben dibujar así las características de su gobierno, quizá le aguarde un puesto envidiable en la historia de nuestros días» (Aquí está Azaña, Arriba, 23 de febrero de 1936).

Y, como todo el mundo sabe, allí estaba Azaña con un gobierno de solo republicanos de izquierdas, pero soportado por el Partido Socialista, que no iba a entrar en el Gobierno tras amagos y retromarchas, en una estrategia calculada de aislamiento del alcalaíno, con todos los oropeles que le daba ser jefe del Estado, y con la artimaña de impedir que Prieto se hiciera con la jefatura del Gobierno.

Pero, como don Manuel no era un lerdo y don Indalecio tampoco, algo habrá que pensar, además de buscar las manos diabólicas de Gueorgui Dimitrov, Luis Araquistáin y Francisco Largo Caballero urdiendo el colapso.

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El estado de excepción y el clima de inquietud

Y paso a situarme en los comienzos de abril de hace noventa años para hacer una analepsis que, por lo menos para mí, resulta interesante.

Sí, resulta interesante y poco se dice que, además del dictador Francisco Franco, los estados de excepción también se proclamaban en repúblicas democráticas de frente populares. De tal manera que el estado de alarma que suponía poner en cuarentena varios artículos sobre derechos de la Constitución republicana —ni más ni menos que los referidos a detención, libre circulación, inviolabilidad del domicilio, libertad de expresión y derecho de reunión— estuvo en suspenso momentáneamente con Portela; luego siguió con Azaña y más tarde con Casares como presidente del Gobierno y con don Manuel como presidente de la República.

Por lo que quienes aborrecen de una potencial dictadura nacional republicana deberían casar su discurso con la mutilación de derechos que conocen y que les parece muy bien o, por lo menos, no muy mal; o, por lo menos, normalidad democrática.

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Azaña frente a los temores revolucionarios

Manuel Azaña Díaz. 3 de abril de 1936. Cortes de la República:

«Hay un modo, Sres. Diputados, de agredir a la política republicana, del que quiero hacer especial mención, porque estos días está causando estragos-quizá he dicho demasiado: estragos, no;  inquietudes, incertidumbre-por lo menos en Madrid. Es una cosa manifiesta que la pasión de las luchas políticas en que estamos envueltos los españoles desde hace ya años propende demasiadas veces a resolver las cuestiones por la violencia, que ha llegado a infundir en la curiosidad del público no militante en los partidos, cabalmente en el que no milita en los partidos, una presunción de la catástrofe y una sensibilidad irritada y violenta que pone a ]as gentes en una condición tal que las inquieta y no las deja vivir con reposo ; y así, actualmente, conocemos y conoce el Gobierno-porque, al fin y al cabo, el Gobierno no vive en la luna dos corrientes de pánico, una más intensa que la otra ; las dos peligrosas, pero con diferente clase de peligros. Por una parte hay la corriente de pánico a supuestas subversiones posibles del orden social. Mucha gente, mucha, anda por ahí desatentada imaginando que un día de estos España va a amanecer constituida en soviet; que se va a acabar la sociedad española en su organización actual, y que el Gobierno, sorprendido o dominado por una insurrección de esta especie más o menos pacifica, va a coger la Constitución y los símbolos del Poder y se los va a entregar a quien se los pida. Que esto lo piense el vulgo o lo crea el vulgo-y el vulgo tiene unos límites casi planetarios, que esto lo crea el vulgo, no me sorprende, aunque lo sienta ; pero que lo crean, lo propaguen y lo sostengan personas que conocen la política y militan en ella, ya me parece que pasa de los límites de lo licito y de lo tolerable y constituye una agresión».

Entre quienes habían propagado y propagarían aquella mentira que, según Azaña, sobrepasaba lo lícito y lo tolerable y constituía una agresión, estaban, además de Gil Robles y Calvo Sotelo, José Antonio Primo de Rivera, que el 5 de marzo, en el Arriba falangista, se había pronunciado en términos muy distintos:

«Bien claro está que es el comunismo, el que ha dado el carácter a las manifestaciones de los pasados días. En las elecciones  el comunismo ha pasado de tener un puesto en las Cortes a tener trece —sic—. La influencia comunista sobre las Juventudes Socialistas y aun sobre los Sindicatos es cada vez más patente. El avance comunista va cubriendo todas las etapas hacia el predominio absoluto» (Reincidencia, Arriba, 5 de marzo de 1936).

En conclusión primera, lo que para unos era una fatalidad inminente de gravísimas consecuencias, para otros era un disparate y una provocación.

Convendría apuntar —sobre todo para quienes lean libros de historia de la época y sepan del tiempo— que la deriva del sector hegemónico de un PSOE sovietizado hacia el comunismo era evidencia contrastable, por más que el presidente Azaña quisiera verlo de otra forma y lo mismo hicieran numerosos relatores autóctonos o importados que ejercen de historiadores y cuentan sus cuentos.

Me voy a limitar —porque si no aburriría a algunos lectores y ya llega el calor— a esto:

“Pero los cálculos le han salido mal a la Ejecutiva. La inmensa mayoría de las Agrupaciones se han pronunciado porque el Congreso se reúna en Madrid y dentro de los plazos reglamentarios por lo menos. El próximo Congreso se celebrará, pues, sin prisas y sin amaños, con la máxima concurrencia del Partido y sin escamotear proposiciones. La Agrupación de Madrid, que ahora preside Largo Caballero, presentará una importantísima para el futuro del Partido Socialista. En ella se repudian las ilusiones del reformismo y se preconiza, como régimen de transición entre la sociedad capitalista y la socialista, la dictadura del proletariado, organizada en democracia obrera. Si esta proposición fuera aprobada, su trascendencia para el porvenir de España sería inmensa” (Leviatán Abril de 1936). Como efectivamente lo fue.

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La estrategia gubernativa contra Falange

En conclusión segunda, lo programado desde el poder contaba con una escalada con acciones claves dirigidas por el DGS Alonso Mallol, alicantino y masón, del gobierno de Azaña.

La primera era la ilegalización de la asociación Falange Española de las JONS; la segunda, el aislamiento de su pieza fundamental, José Antonio Primo de Rivera, aplicando acusaciones en cadena que lo mantuvieran en la trena por el tiempo imprescindible, o sea, hasta que se lo cargaran.

Primero fue un delito de imprenta; luego, un delirante encuentro de armas en su domicilio. Siguiente: la clausura de los locales de la Falange y el tema de si los precintos los habían alterado los falangistas o la cornamenta del director general de Seguridad; de si fue don Manuel Azaña —que apreciaba muchísimo a José Antonio y le enviaba a chirona para protegerle— y así hasta seis, según concluye David Jato.

Momento clave en el asunto: el 12 de marzo, asesinato del falangista Olano y de otro camarada la jornada anterior, y la respuesta contra Jiménez de Asúa —una vaca sagrada—. El principio de acción-reacción-acción se ponía en marcha y el 14 de marzo se produjo la detención de Primo de Rivera, y enseguida el juicio que le retendría encarcelado para siempre jamás y que comenzaba el 22 del mismo mes.

De ello sabemos hoy más gracias a la publicación de la Agenda iure de José Antonio Martín Otín (Diario secreto de José Antonio). Alonso Mallol y su banda lo tenían claro: la presa no se suelta.

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Universidad y militancia política

Viva la Universidad, vivan los profesores. Vivan todos y cada uno de sus miembros... (Del Gaudeamus igitur)

La participación estudiantil en gamberradas, algaradas, festivales nocturnos para deponer gobiernos o manifestaciones políticas es algo antiguo, humano y natural y, ya en el siglo XX, cuando la llegada de alumnos universitarios todavía quedaba restringida a una minoría pudiente, se hacía patente cada vez con mayor fuerza.

El hostigamiento a la dictadura de Primo de Rivera tuvo en la FUE y en sus antecedentes un enemigo considerable, persistente y clave. En este tiempo ya hizo aparición un sujeto contra el que se atentará en el momento oportuno: Luis Jiménez de Asúa.

Expedientado por sus actividades contrarias a la dictadura, acabaría confinado y se integraría en una logia masónica, que era lo suyo. Miembro de la Liga de Educación Social junto con Marañón, Pérez de Ayala o Valle-Inclán, el ilustre eugenésico renunciaría a su cátedra por desavenencias con el régimen primorriverista.

Llegado el cambio, asumió funciones a lo Karl Schmitt en Alemania o a lo Francisco Javier Conde con Franco; es decir, situarse de arquitecto jurídico del sistema o, cuando menos, de aparejador.

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El atentado contra Jiménez de Asúa

Cuando se llega a asuntos más graves que la algarada, el síntoma manifiesta alguna enfermedad preocupante. El tiroteo contra una eminencia del Derecho —Luis Jiménez de Asúa— en plena calle resulta desalentador.

Conocedor de aquello lo fue, y mucho, Manuel Valdés Larrañaga, quien curiosamente, en su justificativa historia de la Falange, manifiesta algo sorprendente. Para Valdés, el ataque a la eminencia no fue para nada obra de la Falange.

Pasó por encima del acontecimiento como si el hecho hubiera sido algo completamente ajeno a su vivencia y a sus conocimientos. De la lectura del testimonio que da este jefe de la Falange, ejemplo vivo de la resiliencia y de la quinta columna, superviviente de matrícula de honor, pudiera concluirse que la motivación del atentado lo fue por la mala docencia de don Luis, porque era corto de vista o por calificaciones indignas otorgadas a sus alumnos.

El que él —Valdés— fuera implicado en los autos judiciales del proceso quizás dé claves ante su particular relato de los hechos («no me consta, no me acuerdo»):

«…También se nos quiso implicar como encubridores de los que habían atentado contra Jiménez Asúa, hecho que no tuvo ninguna relación con Falange Española. El atentado contra Jiménez de Asúa fue realizado por alumnos de su propia clase, quienes ante sí decidieron llevar a cabo el hecho, sin tener ninguna relación de dependencia o afiliación con Falange Española. Entre ellos había quienes eran simpatizantes con la Falange y otros con otras organizaciones políticas. Todos ellos movidos por el clima que ya vivía España».

Con lo del clima, completamente de acuerdo; con lo otro, no.

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Acción, reacción y espiral de violencia

Visto lo visto, la respuesta no fue ordenada, es verdad, por la organización falangista, pero en el clima en que se había entrado la actuación autónoma de personas vinculadas a organizaciones políticas resultaba evidente. En la espiral de violencia se veía involucrada la Falange.

Vamos, que era normal que a dos estudiantes que pasean un grupito de socialistas les identificara por la calle y les matara; o que fueran quemadas dos iglesias como respuesta a lo de Asúa, además de las casi doscientas que ya llevaban.

Como normal era que a Alfredo Martínez, todo un filántropo médico del reformismo republicano de Melquíades Álvarez, se lo hubieran cargado en Asturias pistoleros izquierdistas, lo que motivó un sentido escrito en El Sol porque, además de la canallada en sí, el asesinado, que era un hombre bueno, se adelantó a José Antonio en lo de que ojalá fuera su sangre la última.

Todo ello entraba en la más absoluta normalidad, tal y como nos cuentan los que relatan a posteriori. Todo normal.

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11 de marzo

Se produce el asesinato de Juan José Olano, falangista, y Enrique Valsovel, falangista también aunque para algunos tradicionalista —y con la matanza, poquito antes, de cuatro obreros falangistas en la plaza de toros de Goya— la tarde del 11 de marzo en la calle de Alberto Aguilera, tiroteados por la espalda después de ser cacheados e identificados con naturalidad absoluta por socialistas —la calle es nuestra—: «Vosotros sois fascistas, seguid». Y tiro al fascista.

La respuesta así la cuenta Jato:

«Al día siguiente, por la mañana, Alberto Aníbal, José María Díaz Aguado, Alberto Ortega y el propio Guillermo, sobre un viejo automóvil propiedad del hermano de Aníbal, esperaron armados ante el domicilio de Jiménez Asúa, en la calle de Goya… La euforia de Alberto Ortega, muy conocido en la Facultad de Derecho, en donde había sido elegido tesorero de la Federación Deportiva, motivó su detención y la de una serie de camaradas que habían colaborado en el servicio: Ramón de la Peña, Jesús Azcona y Luis Revuelta».

Para el seuista queda clara la causa del atentado, la autoría y la colaboración.

Uno de los detenidos, Alberto Ortega Arranz —que será condenado y asesinado cuando le llegue la hora—, «conocido fascista», pequeño, rubio y de ojos pardos, era sobrino de José María Martínez de Velasco, presidente del Gobierno en la República y jefe del Partido Agrario, que el 22 de agosto del 36 también sería masacrado en el asalto a la Cárcel Modelo de Madrid.

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Alberto Ortega y la residencia de Ferraz 50

Alberto Ortega Arranz —Alberto José María de nombre completo para los que creen en la cábala y se verá por qué— había nacido en Espeja de San Marcelino, un barrio de Guijosa, en la provincia de Soria, en 1916, donde su padre ejercía como médico.

Enviado a Madrid a estudiar Derecho, se le buscó lugar de alojamiento en la calle Ferraz 50, en la residencia DYA (Derecho y Arquitectura), un lugar que adquiere connotaciones especiales porque se trata de un espacio pionero del Opus Dei: «Primera iniciativa apostólica de carácter institucional de fieles del Opus Dei».

Alberto compartía habitación con Adolfo Gil Alcañiz, futuro arquitecto de iglesias. A las ocho de la mañana marchaba a hacer deporte o a oír misa en la capilla que se había instalado en la residencia.

En Fuentes para la historia de la Academia y de la Residencia DYA, de Constantino Anchel, se ve con detalle y se pone en ruta:

«En las Cartas recibidas en DYA hay un apartado que comprende aquellas recibidas por monseñor Escrivá, del director de la Academia o de otros residentes. Procedían de gentes que frecuentaban DYA o de sus padres. Fechas que comprenden desde finales de 1933 hasta julio de 1936, entre ellas una de Ángel Ortega Arranz» (sic).

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La preparación del atentado

En aquel ambiente, normalizado y lúdico, el ejercicio de actuaciones autónomas queda más que entendido. El de Asúa viene a ser un ejemplo. La copiosa tenencia de armas, en este caso una pistola y una ametralladora, pone de manifiesto el grado de enfrentamiento y la búsqueda del momento en que actuar. El hecho de que se hiciera en pocas horas, tras el asesinato de Olano, indica que Asúa estaba entre los objetivos potenciales, pero que el ataque había sido decidido muy poco antes de realizarse.

En casa de Aznar, según David Jato, y con la asistencia de Díaz Aguado, Alberto Ortega y Aníbal Álvarez, se decide. A las ocho de la mañana del 12 de marzo, en un coche propiedad del padre o del hermano de Aníbal Álvarez, con matrícula de Madrid 29033 alterada en V-3341, aguardan cuatro sujetos la salida de su vivienda de Jiménez Asúa, en la calle Goya, 24.

El catedrático miope ve desde el portal al coche estacionado y se lo huele, pero la inercia le lleva a no retornar, a seguir andando primero y luego a la carrera. El policía asignado —que desde la defensa que hizo a Largo Caballero el catedrático Asúa lleva protección— y él salen corriendo y reciben una lluvia de disparos de pistola y de pistola ametralladora, que alcanzan a Gisbert en el tórax y en el talón.

El catedrático sale huyendo en zigzag, resulta indemne y se refugia en una carbonería de la calle Velázquez. El policía cae mortalmente herido: «Don Luis, que me han matado». Los asaltantes huyen a pie porque el coche se les ha estropeado y allí quedan un sinfín de pertenencias: un gabán de cuero de uno de los atacantes, un sombrero flexible verde, un maletín de herramientas, cartuchos de escopeta y una pistola ametralladora Royal, de fabricación española, con el cargador vacío.

La pistola utilizada la arrojan en un carrito de niños que hay junto a un portal, recuperada enseguida. Todo ello hoy sería una mina para las investigaciones policiales; entonces menos, pero más que suficiente. El atentado ha sido, logísticamente hablando, una chapuza. Pero las consecuencias, tremendas.

Más aún: si hubiera sido al revés —recuérdese, que la memoria es frágil, quiénes se decía que estaban detrás de los GRAPO—, ¿qué conclusiones venderían analistas y expertos, y algún historiador, acerca de una artimaña enemiga fallida en su objetivo principal para provocar la represión brutal gubernativa? Otra vez la falsa bandera.

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La utilización política del atentado

«Serán las masas las que entrarán tumultuosamente en las guaridas de los pistoleros para no dejar en pie nada» (Mundo Obrero)

Y en eso estamos. El atentado contra Asúa le venía que ni al pelo a los sectores integrantes del Frente Popular. Manifestaban su pesar por la muerte del agente de vigilancia Gisbert cuando sobre este cuerpo —el de los agentes de vigilancia— antaño no habían demostrado grandes reconocimientos. Ahora sí.

Se recordaba que el agente Gisbert estuvo en su momento en Jaca —golpe de Estado, este, honorable, que sabemos que hay golpes de primera, segunda y tercera— con Galán y García Hernández. Incluso el ateo Mundo Obrero hablaba del policía con terminología religiosa, «consagrado —sic— a su custodia», la de Gisbert sobre Asúa.

Manifestaban su protesta la izquierda radical socialista, la Asociación de Impresores, el Sindicato Nacional Ferroviario, la Agrupación Socialista Madrileña y todos los demás, hasta la Juventud de Izquierda Republicana, que daba guardia —que no vela— al cadáver en la Dirección General de Seguridad.

De Izquierda Republicana, una comisión se desplazaba a ver a sus jefes de organización, que regentaban los niveles más altos de orden público, o sea, al director general Alonso Mallol, al ministro de Gobernación Amós Salvador y al presidente del Gobierno Manuel Azaña:

«Para defender la República y contribuir con toda eficacia al mantenimiento del orden, perturbado por los torpes manejos de los enemigos del régimen».

Naturalmente, en el deseo no entraba referencia alguna a Olano o al hecho de que las iglesias de San Luis y San Ignacio hubieran sido quemadas, porque eso, en la dialéctica que se llevaba —la defendida por parte sustancial de sus socios socialistas—, era la consecuencia natural y lógica, mecánica, de la lucha de clases. 

Para El Socialista, en el atentado —que fue una chapuza—: «No se dejó cabo por atar». Y lo emparentaban con la actividad pistoleril en tiempos de Martínez Anido por Cataluña, con lo que contribuían a demostrar que todo era provocación de las derechas y, por tanto, había:

«Necesidad imperiosa de que por parte del Gobierno se adopten medidas enérgicas y rápidas contra las organizaciones a que pertenecen los autores e instigadores de los sucesos referidos».

Todo ello ya estaba, por supuesto, en la estrategia de Mallol. O sea, que no es que le llegara la luz entonces, sino que era menester poner en práctica, en pocas horas. A la una y media de la madrugada del 13 de marzo, viernes, ya había catorce falangistas detenidos por el hecho y se aseguraba que los fascistas a los que se buscaba no habían salido de Madrid.

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La campaña contra las organizaciones derechistas

El presentar aquello como trama matemáticamente urdida por las derechas se hacía en la publicación donde colaboraba Asúa, La Libertad, que empezaba la jornada despachándose a gusto contra El Debate, porque el posibilismo de esta derecha tampoco era admisible, no fuera a ser que les robaran la patente republicana:

«...estudiado con detenimiento, ultimado en todos sus detalles. Naturalmente, se volvía a buscar la semejanza con el atentado de Eloy Gonzalo contra Juanita Rico y, para que la semejanza fuera completa, en ambos se dibujaba la figura de una mujer entre los criminales».

Mujer que no aparecerá en ninguno de los folios del proceso y que, por tanto, fue invención intencionada del escribidor de La Libertad. A pesar del esfuerzo de la derecha por no hacer mucho ruido tras el 16 de febrero, se vendía que no había encajado bien el pucherazo de las elecciones en un alarde de mal perder. Y Vidarte, Cordero y Anastasio de Gracia, por parte del Partido Socialista, se fueron a ver a don Manuel para denunciar las:

«Provocaciones de que viene siendo objeto la clase trabajadora desde el 16 de febrero por los elementos fascistas y enemigos más o menos encubiertos del régimen».

A la denuncia, implícita en su análisis, añadían la recomendación de lo que debía hacer el Gobierno, que para eso el PSOE le sostenía:

«Imperiosa necesidad de que por parte del Gobierno se adopten medidas enérgicas y rápidas contra las organizaciones a que pertenecen los autores e instigadores de los sucesos referidos».

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La necesidad de venganza

La necesidad de venganza era manifiesta y las advertencias, tajantes: «El terrorismo derechista será rápidamente estrangulado», porque se había permitido la existencia de madrigueras fascistas miméticas a lo ocurrido en Alemania e Italia.

Y para evitarlo allí estaban las juventudes socialistas y comunistas al unísono, siguiendo las consignas del VI Congreso de la Internacional Juvenil Comunista para aniquilar, ya de paso, el reformismo y el centrismo del Partido Socialista con traidores tipo Prieto, Zugazagoitia o el honorable Besteiro.

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La advertencia comunista

Los comunistas, engordando y con las consignas recibidas, le echaban un pulso al Gobierno con la «justicia popular» que tanto ansiaban:

«Si el Gobierno no procede a dictar medidas urgentes y vigorosas, serán las propias masas las que acaben con los crímenes y las provocaciones. Serán las masas las que entrarán tumultuosamente en las guaridas de los pistoleros para no dejar en pie nada».

El que avisa no es traidor.

Aquellos desgarros eran voces lastimeras que daban relato y no verdad. Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío así lo acreditan. José Antonio Martín Otín y Sergio Campos así lo cuentan en Violencia roja antes de la guerra, riguroso estudio, ratio 3:1 de víctimas a favor de la izquierda (¿sorprende, verdad?), pero best sellers de la historia como los del británico Preston divulgan, y por centenares de miles de ejemplares, otra especie: la de que las denuncias fascistas sobre lo que ocurría estaban impostadas por los denunciantes; que, en realidad, los promotores del terror eran ellos:

«Sus denuncias del desorden hallaban una justificación espuria en la violencia callejera provocada por las escuadras terroristas de la Falange. A su vez, las actividades de las bandas falangistas eran financiadas por los mismos monárquicos que estaban detrás del golpe militar».

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La reacción de la CEDA

A los de la CEDA les temblaron las canillas porque los pistoleros de la MAOC —poco divulgados, lo que supone un demérito para su inmenso salvajismo— no eran para pasarlos por alto y, ante las informaciones que suministraban los periódicos de izquierdas, en un escenario de muertos, heridos y edificios destruidos, descubrieron que:

«Con esta calumnia se persigue excitar contra nuestro partido a las masas de izquierdas y lanzarles contra nuestros afiliados y contra nuestros centros».

Lo que hay que valorar como de enorme perspicacia por parte del partido de Gil Robles. Tanta, que jóvenes de la JAP empezaban el trasbordo para nutrir la parte del combate que la Falange utilizaba como implemento imprescindible subordinado a una transformación radical que para nada había entrado nunca jamás en la política de la CEDA.

Se recurría al poder público, o sea, a don Manuel, a don Amós y a don José Alonso Mallol —apañados iban— y a sus gobernadores civiles, que permitían los desmanes de unos y reprimían con fiereza los de otros (un día contaré lo de Segovia y lo del baile El Pensamiento y lo de su gobernador Chacón, por no ir más lejos), recordándoles que tenían obligación de protegerles y que, si fallaban a esta obligación de todo gobierno legítimo —ya tendrían tiempo para demostrar que en eso estaban—, se llegaría a lo que se llegó:

«Que las gentes pierdan su fe en todos los partidos legales con las gravísimas consecuencias que ello entrañaría para la paz del país».

Lo que resumido en «No fue posible la paz» sería el texto explicativo e impreso de que la guerra se hizo inevitable.

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El proceso

El Madrid de la trama

Van a empezar las detenciones y acusaciones por este caso. El espacio urbano de la trama se reduce a la zona de Argüelles y una parte del centro de Madrid. Los lugares donde se desarrollan los hechos lo componen las rondas, con ligeras prolongaciones hacia la calle Goya o calles del barrio de Salamanca o la Modelo de la Moncloa.

Los bares que formaron parte del atrezo imprescindible: el Miami, el Nautic, el Bakanik, el Sotanillo... Todo ello para completar el Madrid de la Falange.

Los acusados y las declaraciones

En escena van a entrar personajes como Antonio Ortiz Arce, Francisco Roca Cabanellas, Luis Revuelta García, Jesús Azcona, Alberto Aníbal y otros que veremos. Revuelta García, que se convertiría en testigo de cargo, detenido y careado con Ortega, cantó La Traviata e incluso es muy posible que con letra inventada y, tras contar que una hora después del atentado Alberto Ortega le confiesa a su amigo íntimo que él es uno de los del atentado y se van a dar unas vueltas, llega a decir:

«Que habían sido aconsejados por su jefe Sr. Primo de Rivera, que lo mejor para salvarlos era que se refugiara cada uno en casa de los amigos y, después de varios días, cuando la policía estuviera despistada acerca del paradero, entonces era la ocasión y el momento oportuno para salir de España por cualquier procedimiento».

Al final recularía, diría que todo fue invento y que le pusieran a él la pena. Ya era tarde. Encartado, entre otras razones por la declaración anterior, por la filiación política de los acusados y, por supuesto, por la inquina malloliana y compañía, el jefe nacional de la Falange tuvo que prestar declaración sobre el tema el 27 de marzo desde la Cárcel Modelo, de la que no salía, a lo que se ve, para protegerle de un posible atentado:

«Es inexacto hubiese aconsejado a persona alguna y por lo tanto a los procesados la forma más adecuada para sustraerse a la acción de la justicia, ya que no tuvo ocasión de hablar con éstos, si bien conoce superficialmente a Guillermo Aznar, José María Díaz Aguado y a Alberto Ortega, pero que desde luego a Alberto Aníbal no lo había visto nunca».

En conclusión, José Antonio declaró, como había que hacerlo, que no aconsejó que se escondieran ni que se fueran de España y que no tuvo ninguna confidencia sobre el atentado. Miguel Primo de Rivera, a quien dicen vieron con acusados a la una y media de la noche, tuvo que prestar declaración; y Manolo Valdés —que ingresaba y salía de la Modelo una y otra vez, y no por su gusto— también.

Y a lo más que llegaron las pesquisas fue a que socorrieron pecuniariamente para costear una frugal colación a un grupo de necesitados.

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Los testimonios de Ferraz 50

Sabemos del residente por personas vinculadas a la Obra:

«Alberto Ortega Arranz. Había conocido la Academia DYA en Luchana. Luego fue residente en Ferraz. Estaba muy comprometido en actividades políticas de Falange. San Josemaría procuró, en más de una ocasión, aconsejarle que fuera menos impulsivo. En alguna ocasión no le dejó salir de la residencia por la noche; el chico se debatía entre el respeto al Padre y sus actividades; después, le estaba muy agradecido. Pero al final intervino en el atentado frustrado contra Jiménez Asúa, el 13 de marzo de 1936, en que murió un escolta del ministro. Alberto fue condenado a 30 años. (...) Fue enviado al penal de Santoña y —en los primeros días de la guerra, o algo más tarde— lo asesinaron, echándole al mar con una piedra al cuello». (José Carlos Martín de la Hoz)

Todos los empleados de Ferraz 50 serán requeridos, por supuesto, para dar testimonio en el proceso, desde el director gerente Ricardo Fernández Vallespín, que ese día estaba de viaje pero no dudaba en calificar a Alberto Ortega como «formal, serio, trabajador», hasta el botones, cocineros, pinches...

De las declaraciones, que apenas aportan nada, llama la atención la del portero Pedro García Tribaldo, a quien le llegaba el recuerdo en el momento mismo de empezar a hablar: el de haber visto a Alberto Ortega salir de la residencia a las 9:30 del día 12. Y la de Francisco Pons Cano, estudiante de Derecho y profesor de francés, que dijo haber llamado a las 8 de la mañana a Alberto Ortega y que a las 9 le vio por la residencia con un albornoz, lo que desbarataba la posibilidad de que hubiera estado a las 8:10 en Goya, 24. No se lo creyeron.

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La huida a Francia

Mientras se celebra la vista llegan noticias desde San Sebastián del aterrizaje en Biarritz, en una avioneta propiedad de Juan Antonio Ansaldo, con tres pasajeros: Carlos Bushell Blankestein, Victoriano de Aguilar Salguero y Pedro María Fernández Villasara, los tres utilizando nombres falsos de otros conocidos.

Se trataba en realidad de los muy buscados Aníbal, Aznar y Aguado, y consta que José Antonio hizo gestiones para la huida con Ansaldo, a pesar de la fuerte enemistad que se tenían. El fiscal pidió la extradición de los tres viajeros, que no fue concedida, más la de Juan Antonio Ansaldo, que pilotaba la aeronave.

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La fiscalía

Las conclusiones provisionales

Y ahora viene una de esas contradicciones propias de toda acción judicial. El 1 de abril el fiscal José Valenzuela realizaba la conclusión siguiente: Ortega, Aznar, Aguado y Aníbal, por móviles desconocidos, fueron los autores del atentado. Los tres últimos habían conseguido huir a Francia, por lo que se tramitaba la extradición, que no resultaría.

El refugio en Francia había contado con la colaboración de Luis Revuelta, Ramón de la Peña, Jesús Azcona, Manuel Chacel y Manuel Valdés, que se consideraban encubridores, con peticiones superiores a los diez años. A Alberto Ortega se le consideraba autor de asesinato consumado, asesinato frustrado y tenencia ilícita de armas, con petición formal de pena de cincuenta años, que no podría exceder de treinta.

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Las sorprendentes revisiones de 1941

Y tras esta conclusión rigurosa viene la sorpresa porque, en 1941, cuando se buscaban las cosquillas a quienes procedieron siguiendo dictámenes del Frente Popular o así lo pareciese, surgían extraños sucesos, como indagar el nombramiento de uno de los jueces, Manuel Pedregal, ponente para el procedimiento contra Ortega.

Lo que no tenía mucho sentido porque este magistrado murió tiroteado por los falangistas al salir del metro de Chamberí —hoy Estación 0— y pocos días después del veredicto. Le tocó también lo de las cosquillas al fiscal y, curiosamente y de manera poco explicable por la acusación de masón —nada por el juicio de marzo del 36—, se encontró con elementos sorpresivos.

Según documentos presentados en su momento por el fiscal Valenzuela, dos años después de «cautivo y desarmado el ejército rojo...», por una acusación confusa de haber pertenecido a la organización secreta y que podía pintarle mal, muy mal, adjuntaba el giro copernicano que, según él, había dado en sus conclusiones unos días más tarde del 1 de abril de 1936 sobre el caso Asúa.

E incorporaba copias de cómo desde Mundo Obrero y Claridad se le atacó por no ver ningún tipo de cargo contra los procesados por el atentado, llegando a tildar las publicaciones de izquierdas lo ocurrido de «comedia jurídica».

En la investigación sobre el fiscal en 1941 —con documentación que se dice extraviada o por lo menos no presente— se llegaba incluso, por parte de la Delegación de Información e Investigación de la Falange madrileña, a apadrinar a Valenzuela como exmiembro de la Falange (un «vieja guardia» se intuye) y hasta el punto de pintarle casi como colaborador de José Antonio —otro más y seguro que mentira—. «Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas».

Valenzuela logró frenar la embestida, seria y mucho en aquel tiempo y en aquel lugar, porque la conclusión final de la fiscalía, que puede leerse hoy y que supuso el encarcelamiento de Alberto Ortega —por más que Manuel Sarrión y Honorio Valentín Gamazo se batieran el cobre como defensores— y que firmaba el fiscal José Valenzuela Moreno, aparecida el 8 de abril, decía:

«...2.ª Los hechos que se relatan en la conclusión anterior son constitutivos de los siguientes delitos: uno, de asesinato, previsto y castigado en el artículo 412 n.º 1.º del Código Penal vigente; y tres delitos de tenencia ilícita de armas del art.º 1.º, párrafo 1.º, de la Ley de 22 de noviembre de 1934.

3.ª De dichos delitos son responsables los procesados perseguidos en la pieza separada a que esta calificación se refiere, de la manera siguiente: Alberto Ortega Arranz, como autor del delito de asesinato y del de tenencia ilícita de armas.

Como encubridores del delito de asesinato: Luis Revuelta García, Ramón de la Peña Moulié, Jesús Azcona Landa, Manuel Chacel del Moral y Manuel Valdés Larrañaga.»

Los cinco últimos acabarían absueltos. Alberto Ortega, condenado.

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El condenado