Un paréntesis ante la vergüenza de España
La actualidad impone su urgencia
Escribir para una publicación mensual tiene un inconveniente evidente. Si uno es medianamente disciplinado, no espera a los últimos días para redactar el artículo; incluso puede dejar planificada una serie de entregas unidas por un mismo hilo argumental para dos o tres meses. Pero esa previsión tiene un precio: el riesgo de que la realidad desborde lo escrito y obligue a guardar en el cajón reflexiones que la actualidad reclama con urgencia.
Y pocas épocas han sido tan propicias para ello como la que padecemos. Gobernados por un personaje desleal a su patria, un inepto, un desvergonzado —alguien que encarna a la vez todas esas miserias—, cada semana trae consigo un nuevo motivo para la indignación y el estupor.
Por eso, si todavía queda algún amable lector dispuesto a atender mis escritos, le ruego que me perdone el hecho de intercalar entre mis reflexiones sobre la revolución (I y II) este otro artículo. La actualidad se ha impuesto al calendario. Necesito abrir este paréntesis para dar voz a la indignación que desde hace días me atenaza y expresar una rabia que ya no admite demora. Los acontecimientos de Ceuta han sido el detonante.
Pero lo que aquí me mueve va más allá de un episodio concreto: es la tensión, la impotencia, la íntima agonía de contemplar cómo se degrada, día tras día, la dignidad de una nación mientras quienes deberían defenderla la entregan sin rubor. Hay momentos en la vida de las naciones en los que un acontecimiento aparentemente concreto, aunque gravísimo, descubre bajo la superficie de los hechos una enfermedad más profunda. Una crisis en la frontera, una dificultad diplomática o una convulsión social no son episodios aislados: son señales que revelan el estado moral y político de un pueblo y de sus instituciones.
La frontera como prueba de una nación
Cuando una frontera es puesta a prueba no se examina únicamente la eficacia de unos funcionarios ni la capacidad de respuesta de un Gobierno. Se examina algo más profundo: la voluntad de una nación para defender aquello que es suyo, la firmeza de su carácter y la claridad con la que contempla su propio destino.
Durante demasiado tiempo España ha vivido bajo la ilusión de que los grandes problemas podían resolverse mediante la mera administración de las circunstancias. Hemos confiado en equilibrios internacionales, acuerdos diplomáticos y estructuras alejadas de la voluntad popular. La cooperación entre pueblos es necesaria; el entendimiento entre Estados, conveniente; la paz y la concordia, aspiraciones permanentes. Pero ninguna cooperación puede exigir la renuncia a la propia personalidad nacional, y ninguna nación puede delegar en otros su responsabilidad histórica.
Un Estado digno de ese nombre debe saber proteger a sus ciudadanos, defender sus intereses y actuar con serenidad cuando las circunstancias lo exigen. La autoridad consiste en demostrar, en cada momento, capacidad para cumplir con el deber. Y el primer deber de una comunidad política es garantizar su propia existencia.
Hoy existen nuevas formas de presión contra los pueblos. Las guerras del presente ya no son únicamente guerras de ejércitos enfrentados en campos de batalla. La presión económica, la influencia diplomática, la batalla por la opinión pública y, hoy como nunca, el control de los movimientos humanos forman parte de un nuevo escenario internacional. Los pueblos que no comprendan esta realidad quedarán sometidos a quienes sí sepan interpretarla.
Ceuta y la presión de Marruecos
La cuestión de Ceuta no puede entenderse como una simple emergencia migratoria. No se trata de eso. Hemos padecido una invasión. El sátrapa vecino instrumentaliza a su pueblo, al que maltrata, y a los que vienen de más abajo para presionar a España. ¿Querrá tantear otra Marcha Verde? ¿Querrá convertir a Ceuta y Melilla en ciudades inhóspitas para que sus habitantes actuales huyan de ellas e ir ocupándolas con su población?
Marruecos pretende, además, demostrar ante España y ante el resto de los países no solo que puede controlar, en un sentido u otro, a sus nacionales, sino que la inmigración subsahariana, en cuyos flujos puede intervenir, le supone esfuerzos que considera extraordinarios. Entiende el país norteafricano que el papel de gendarme no le corresponde ejercerlo gratuitamente, al ser este movimiento migratorio fundamentalmente un problema para España y Europa. El doble mensaje resulta evidente si se observa que no eran del mismo perfil los movilizados por Marruecos el 30 de julio —mayoritariamente marroquíes— que los igualmente movilizados y después reprimidos también por Marruecos el 15 de agosto —mayoritariamente subsaharianos—.
Por lo que a nosotros, los españoles, concierne, lo sucedido en la invadida y españolísima Ceuta plantea una pregunta mucho más amplia: ¿posee España una verdadera política propia para afrontar los desafíos de su tiempo? En el Congreso de los Estados Unidos ya se señala a Ceuta y Melilla como ciudades situadas en territorio marroquí, aunque bajo administración española, y se habla de un posible nuevo estatuto futuro para ambas poblaciones. Estados Unidos, Israel, la Unión Europea, Marruecos… ¡Demasiados amos a los que rinden vasallaje nuestros políticos de izquierda y de derecha!
Humanidad sí, debilidad no
El proceder humanitario y justo debe guiar la acción de cualquier sociedad civilizada. Pero ser humanitario no puede confundirse con ser débil. Tampoco la justicia puede imperar en ausencia de un orden. Una nación fuerte es aquella que sabe unir la defensa de la dignidad humana con la defensa de sus responsabilidades colectivas y del bien común.
Marruecos es un país vecino y lo deseable sería que España pudiera mantener con él relaciones de cooperación y entendimiento. Pero una cooperación verdadera solo puede existir entre naciones conscientes de sí mismas, no entre una nación que decide y otra que ni siquiera responde a las agresiones. La relación con Marruecos exige una política basada en la claridad y en la fuerza de la razón —también la razón de la fuerza, si fuera necesario— y no en el sometimiento al chantaje. ¿Qué le debe Sánchez al rey de Marruecos?
La diplomacia no debe consistir en evitar dificultades y conflictos a toda costa, sino en defender una posición justa con serenidad y firmeza. Y más allá de Marruecos, España y la comunidad internacional deberían preguntarse qué están haciendo para que los países del sur puedan ofrecer a sus ciudadanos unas condiciones dignas de vida y desarrollo, en lugar de perpetuar modelos basados en la explotación de sus recursos naturales y de sus poblaciones en connivencia con regímenes tiránicos y dictadores de Estados fallidos. ¿Qué está haciendo realmente la comunidad internacional para que los más pobres del sur no sientan el deseo de abandonar sus hogares en busca de una vida mejor en el norte del derroche?
Ceuta y Melilla, memoria y frontera
Ceuta y Melilla son lugares donde la historia, la geografía y la política se encuentran. Son símbolos de una presencia española que no puede entenderse únicamente desde la administración del presente, sino también desde la memoria de muchísimas generaciones. Un pueblo necesita una conciencia histórica que le permita comprender de dónde viene y hacia dónde quiere caminar. La historia no debe ser una cadena que inmoviliza, pero tampoco una herencia que se abandona por comodidad. Los pueblos que desprecian su pasado terminan perdiendo las fuerzas necesarias para construir su futuro.
Pero la cuestión de España no está únicamente en sus fronteras exteriores. Existe también una frontera interior: aquella que separa una sociedad con espíritu de lucha y sacrificio de una sociedad resignada. No atravesamos solamente una crisis política o económica. Existe una crisis más profunda: una crisis de valores, de cultura y de confianza. Una sociedad que abandona sus raíces, desprecia su herencia cultural, deja a sus jóvenes sin horizonte y contempla impasible la división y la fractura social corre el peligro de perder algo más que su personalidad.
Esa crisis se manifiesta también en las condiciones concretas de vida. Algún día habrá que hablar de esas otras fronteras interiores que delimitan determinados barrios marginales, donde se viven problemas que no afectan a los barrios céntricos y residenciales. Habrá que hablar también de las fronteras que nacionalistas catalanes y vascos ponen en sus territorios a la lengua, a la bandera y a la convivencia de todos. Y no menos importante será hablar de la exposición de toda nuestra costa sur a la impunidad con que operan los narcotraficantes, con los que no existe voluntad de acabar.
La dignidad de quienes sostienen España
Una nación tampoco puede conservar su dignidad si abandona a quienes la sostienen con su trabajo cotidiano en Ceuta como en cualquier otra ciudad de España; o en cualquiera de sus olvidados campos, ahora pasto de las llamas. Una patria no es solamente compartir una historia: es también una responsabilidad compartida y un caminar unidos. Los trabajadores, los pequeños empresarios, los agricultores, los ganaderos, los policías, los sanitarios, las familias y todo aquel que busca servir a los demás y abrirse camino con su esfuerzo deben encontrar en el Estado una estructura al servicio de todos, y no un obstáculo distante cuyos gobernantes se toman vacaciones en tiempos de emergencia nacional.
Porque un pueblo dividido entre quienes se apoltronan en sus seguridades y quienes viven cada día en la incertidumbre y la inseguridad termina perdiendo aquello que pretende defender: su unidad y su permanencia. Los pueblos no desaparecen solamente cuando pierden riqueza o poder. También desaparecen cuando dejan de creer en aquello que les dio forma. Puede recuperarse una economía dañada. Puede reconstruirse una institución debilitada. Pero es mucho más difícil devolver el alma a una comunidad que ha perdido el sentido de su propia dignidad.
Y la fortaleza de una nación no depende únicamente de su capacidad para proteger su territorio. Depende también de la solidez de sus instituciones y de la confianza que los ciudadanos depositan en ellas. Cuando esas instituciones dejan de cumplir la función para la que existen, o renuncian a ejercerla, la nación comienza a perder cohesión incluso antes de perder poder. Es precisamente desde esa perspectiva desde la que conviene detenerse en una de las instituciones fundamentales del Estado: la Corona.
La Corona ante la legitimidad
Toda nación necesita instituciones fuertes, pero también instituciones legítimas ante la conciencia de sus ciudadanos. Las formas políticas deben responder siempre a una pregunta fundamental: ¿sirven realmente al bien común? La existencia de instituciones heredadas por tradición —o por otras causas— plantea un debate que ninguna sociedad madura puede evitar indefinidamente: el equilibrio entre continuidad histórica y legitimidad de ejercicio. La tradición puede aportar memoria y estabilidad, pero la legitimidad política necesita también la adhesión consciente de los ciudadanos.
Cada vez que se compara la monarquía española con las jefaturas del Estado de las principales repúblicas europeas queda al descubierto una evidencia incómoda: nuestro rey es absolutamente prescindible. No gobierna, no decide, no veta leyes, no puede convocar referendos, no puede disolver las Cortes ni dirigir la política exterior o de defensa. Aunque se vista con toda clase de uniformes y luzca deslumbrantes medallas, galones y distinciones, todos sabemos cuáles son sus poderes.
Todo es un mero disfraz. Es un peón —subrayo la palabra: peón— absolutamente sumiso al presidente del Gobierno. Ya sabemos que su función se reduce, en esencia, a representar al Estado y poner su firma donde otros ya han decidido. ¿De verdad una sedicente democracia del siglo XXI necesita de esta figura? España conserva una institución hereditaria cuyos principales argumentos para existir son la voluntad del denostado general Franco, la tradición de una forma de gobierno o los consensos y cambalaches de una transición teledirigida.
Pero ni los cambalaches ni la tradición formal de una institución, recordémoslo: «gloriosamente fenecida» —hay tradiciones de fondo actualísimas y vitales—, han sido nunca razones suficientes para mantener privilegios. Menos aún, supongo, la obediencia a la voluntad del dictador maldito, fenecido hace más de cincuenta años. Paradójicamente, hoy, en la supuesta democracia en la que vivimos, buena parte del Estado está secuestrada por un poder ejecutivo que deslegitima a los jueces, desprecia al parlamento y juega a su antojo con el propio monarca.
Recuperar una idea de España
España no necesita únicamente reformas administrativas ni soluciones pasajeras. Necesita recuperar una idea elevada de sí misma. Una nación es una comunidad histórica con deberes compartidos, con una cultura recibida y con una responsabilidad hacia las generaciones futuras. Y esa idea no puede separarse de quienes sostienen diariamente la vida nacional con su trabajo, ni de quienes la defienden en sus fronteras, ni de quienes educan a sus hijos, ni de quienes mantienen vivas sus ciudades y sus campos (hoy pasto de las llamas).
Patria no es una palabra decorativa: es una responsabilidad. Comunidad no es una consigna: es un deber. Y libertad nacional no significa vivir de espaldas al mundo, sino poder decidir el propio destino sin aceptar el vasallaje.
La defensa de Ceuta no es solamente la defensa de una frontera, que también y en primerísimo lugar. Es la defensa de una idea: que España tiene derecho a existir con voluntad propia, a decidir su camino y a participar en el mundo desde la dignidad de quien sabe quién es. Porque un pueblo puede superar muchas dificultades materiales, pero cuando pierde la voluntad de permanecer como continuador de una idea de Patria, lo ha perdido todo. Ya solo le resta entregarse a los mercaderes de turno para que lo vendan al mejor postor.
Una frontera no es solo un límite: es una responsabilidad gravísima. ¿Quién la va a asumir si fallan los gobernantes?