ARAD exige defender Ceuta y Melilla
Desde Argumentos y Razones (ARAD), asociación que defiende los derechos civiles y el hispanismo como factores fundamentales de sus postulados, queremos denunciar, a través de este comunicado, la gravedad de los hechos ocurridos en Ceuta y Melilla.
Una agresión contra la soberanía nacional
El pasado día 30 de julio, nuestra Patria ha sufrido una agresión extranjera en nuestro territorio organizada por la monarquía alauita, con la connivencia del Gobierno español y el probable visto bueno de EE.UU., sin que el Estado, en cualquiera de sus estamentos —ni Gobierno, ni Parlamento, ni Fuerzas Armadas, ni el máximo representante de todos ellos, el Rey— hiciera el mínimo gesto para defender la soberanía y la integridad nacional. Se ha producido una violación de nuestro territorio, sin que se tomaran las medidas oportunas para su defensa.
El artículo 8 de nuestra Constitución dice expresamente:
«Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».
Pues bien, durante dos días se ha permitido la invasión ordenada y dirigida de entre 50.000 y 70.000 extranjeros (mayoritariamente marroquíes) en la ciudad española de Ceuta y un connato de invasión en la ciudad española de Melilla, sin que el Gobierno, ni los partidos de la oposición (el Parlamento), hicieran más que un simple comunicado de prensa; las Fuerzas Armadas mantuvieran un silencio cómplice y el Rey... bueno, el Rey ni comunicado, ni está ni se le espera, no sea que ofenda a su primo, el sátrapa.
La legitimidad histórica de Ceuta y Melilla
Por si alguien lo ha olvidado o lo desconoce debido al sistema educativo imperante en la actualidad, conviene recordar un hecho histórico que a menudo se pierde entre la urgencia informativa: Ceuta y Melilla son españolas desde mucho antes de que existiera el actual Estado marroquí.
Melilla se incorporó a la Corona de Castilla en 1497; Ceuta perteneció a Portugal desde 1415 y pasó a la Corona española en 1580, decidiendo voluntariamente seguir siendo española cuando Portugal se separó de la unidad con España en 1640.
El Marruecos moderno, como Estado independiente reconocido internacionalmente, nace en 1956, tras el fin de los protectorados francés y español, protectorados de los que, además, Ceuta y Melilla quedaron expresamente excluidas por conservar ya su estatuto de ciudades españolas.
No se trata de un matiz menor: las reivindicaciones periódicas de soberanía que llegan desde Rabat se construyen sobre una cronología que los hechos no respaldan.
Una estrategia de presión continuada
Al igual que Hasán II, como rey de los marroquíes, con la Marcha Verde de 1975 se apropió ilegítimamente del Sáhara español, aprovechando el vacío de poder surgido cuando su hermano Juan Carlos I fue nombrado rey de los españoles, su hijo, Mohamed VI, desde su llegada al trono en julio de 1999, ha intentado en varias ocasiones invadir territorios españoles:
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El incidente de la isla de Perejil, surgido entre el 11 y el 20 de julio de 2002, por el que una patrulla de la Marina Real de Marruecos tomó militarmente la isla el día 11 y, finalmente, el día 17, mediante la operación denominada Romeo-Sierra, asaltaron la isla los miembros del Mando de Operaciones Especiales del ET español, a bordo de helicópteros HT-27 Cougar de las FAMET, que detuvieron y desalojaron a los invasores.
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El incidente de la retención de Mohamed VI por la Guardia Civil en aguas españolas, a bordo de una moto de agua, el 7 de agosto de 2014. Cinco días después, el 12 de agosto, ante la inacción de la gendarmería marroquí, se produjo una de las grandes avalanchas de inmigrantes: unas 1.300 personas se echaron al mar en un centenar de embarcaciones, mientras que otras 80 lograban saltar la valla de Melilla.
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El incidente de acoger, en abril de 2021, en un hospital español, a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, lo que produjo, un mes después, el 17 de mayo, que unas 8.000 personas invadieran Ceuta (en menor proporción también Melilla), cruzando la frontera, la mayoría a nado, por los espigones existentes en las playas de Benzú y El Tarajal.
La inmigración como instrumento de presión política
Es evidente que el Rey de Marruecos utiliza a los emigrantes que intentan llegar a España como elemento de presión, chantaje o venganza en su relación con el país vecino, no importando si esos amagos de invasión producen más de 40 jóvenes ahogados, como en esta ocasión, aprovechando, además, su Fiesta del Trono, donde incluso ha indultado a 1.800 presos (que ya estarán en España esperando vivir de la generosidad española).
Lo más grave de estos días no es solo la magnitud de la entrada, sino la sensación generalizada de desamparo institucional que ha cundido en ambas ciudades. El presidente de Ceuta pidió formalmente al Gobierno que declarara la emergencia nacional y asumiera el mando único con medidas contundentes. El Ministerio del Interior se lo negó y solo tras esa negativa aceptó desplegar refuerzos del Ejército (dos pelotones).
Melilla, aunque esta vez la presión se ha concentrado en Ceuta, vive exactamente la misma incertidumbre: sabe que es la otra mitad de la misma frontera y que lo que ocurre en una puede repetirse en la otra en cualquier momento, sin que hasta ahora haya habido una respuesta estructural que proteja a ambas por igual.
Lo cierto y verdad es que los 85.000 habitantes de Ceuta, durante varios días, han debido soportar la presión de una invasión de 70.000 marroquíes (según versiones): comercios cerrados, la vida completamente paralizada, con unas Fuerzas de Seguridad más preocupadas en golpear a los españoles que insultaban a su presidente del Gobierno por su negligencia que en controlar una invasión en toda regla, en su mayoría protagonizada por jóvenes en edad militar.
La interpretación de ARAD sobre la crisis
Desde ARAD creemos que ya es hora de llamar a esto por su nombre. No estamos ante un simple fallo de control fronterizo ni ante una crisis humanitaria espontánea. Estamos ante un tanteo deliberado de la debilidad del Gobierno español, con el mismo objetivo de fondo que tuvo la Marcha Verde de 1975 sobre el Sáhara: normalizar, a base de hechos consumados y presión demográfica, la idea de que Ceuta y Melilla están perdidas y es mejor entregarlas mediante un proceso a medio plazo, y no reconocer lo que realmente son: ciudades españolas desde hace siglos. Cada oleada, cada descontrol fronterizo repentino que coincide siempre con un desencuentro diplomático, sirve para ensayar hasta dónde puede llegar Rabat sin que España reaccione con firmeza y, como siempre, la respuesta ha sido la pasividad. Y la pasividad, ante un vecino que no oculta sus reivindicaciones territoriales, se paga.
La dimensión geopolítica del conflicto
Este envite no ocurre en el vacío. En los últimos años, la reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla ha dejado de ser un asunto exclusivamente bilateral. Washington reconoció en 2020 la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de la normalización de relaciones entre Rabat y Tel Aviv dentro de los Acuerdos de Abraham, y desde entonces Marruecos ha estrechado su cooperación militar con Israel. En ese mismo contexto, representantes israelíes han llegado a calificar públicamente a Ceuta de "colonia", cuestionando abiertamente la soberanía española justo en los peores días de esta crisis. No hace falta suscribir teorías cerradas sobre quién mueve cada pieza para constatar un hecho incómodo: la causa marroquí sobre Ceuta y Melilla ya no depende solo de Rabat, sino que cuenta con apoyos internacionales crecientes que convierten cada crisis migratoria en munición retórica contra la integridad territorial española. Ignorar esa dimensión geopolítica y seguir tratando cada oleada como un episodio aislado es, precisamente, lo que nos ha traído hasta aquí.
No podemos permitirnos leer esto como una simple crisis migratoria. Es, también, un ataque a la soberanía española que exige una respuesta de Estado, no de gestión de emergencias. No ha habido una exigencia firme y sostenida a Rabat para que garantice el control efectivo de su propia frontera, ni una estrategia migratoria y diplomática que anticipe estos episodios en lugar de gestionarlos a golpe de titular cuando ya es tarde.
La política de apaciguamiento con Marruecos, mantenida durante años, no ha traído estabilidad: ha traído previsibilidad en la impunidad. Rabat sabe que puede repetir la jugada porque, hasta ahora, no ha tenido coste real. Y en Ceuta, tanto los vecinos como los agentes que sostienen la frontera saben que, llegado el momento, volverán a estar solos frente al colapso.
El precedente del Sáhara y la política de cesiones
Este patrón de cesión no empezó ahora. En marzo de 2022, en plena crisis diplomática por Ceuta y a raíz de aquella otra oleada migratoria, Sánchez envió una carta al rey Mohamed VI en la que España rompía unilateralmente su histórica neutralidad sobre el Sáhara Occidental y respaldaba el plan de autonomía marroquí como «la base más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto, sin debate previo en el Congreso ni consenso con sus propios socios de Gobierno.
El giro fue denunciado como una auténtica traición por el pueblo saharaui —al que España, como antigua potencia administradora, sigue debiendo una salida digna— y distanció a Madrid de un socio histórico como Argelia. Pero lo más llamativo de aquella traición es que se produjo con la pasividad de buena parte de la izquierda progresista, la misma que durante décadas había hecho bandera del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y que, llegado el momento, apenas plantó cara al giro de su propio Gobierno.
Ni el ala más a la izquierda del Ejecutivo logró revertir la decisión, ni el activismo tradicionalmente solidario con el Sáhara consiguió traducir su indignación en una presión política real y sostenida. Esa pasividad selectiva —tan beligerante en otros frentes, tan silenciosa en este— es también parte del problema: una causa histórica de la izquierda española quedó sacrificada, sin apenas resistencia, en el altar de la relación con Rabat.
Aquella cesión no compró estabilidad: compró, como mucho, una tregua temporal. Hoy, con Ceuta desbordada, queda claro que Marruecos ha vuelto a levantar la presión en cuanto le ha convenido. Es la misma lógica que denunciamos ahora: ceder ante el chantaje no aplaca a quien lo ejerce; lo alimenta.
Exigencias de Argumentos y Razones (ARAD)
Por todo lo anterior, desde ARAD exigimos:
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Que el Gobierno español asuma, de una vez, sin ambigüedades ni cálculos electorales, que la seguridad de Ceuta y Melilla y de quienes viven en ellas es una prioridad de Estado y no una gestión de imagen. Eso exige declarar, sin demora, los mecanismos de emergencia cuando la situación lo requiera, en lugar de negarlos hasta que el colapso sea ya innegable.
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Al mismo Gobierno, dotar de inmediato a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de los medios humanos y materiales que sus propios sindicatos llevan años reclamando. No se puede seguir pidiendo a estos agentes que sostengan la frontera de España con lo puesto mientras sus mandos políticos miran hacia otro lado.
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Al Gobierno español, revisar sin complejos la política de cesiones ante Marruecos, que arrancó con la traición al Sáhara en 2022. Aplicación inmediata del artículo 8 de nuestra Constitución, defendiendo, sin ninguna duda, la integridad de nuestra Patria. La experiencia demuestra que ceder no compra estabilidad: compra más presión.
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A las instituciones europeas, un compromiso real con la frontera sur, que hoy es frontera de toda la Unión Europea y no solo de España.
Conclusión
España no puede permitirse que sus ciudadanos en Ceuta y Melilla vuelvan a sentirse solos frente a la frontera. Esa es la línea roja que no se puede volver a cruzar: Ceuta y Melilla son y serán españolas.
Argumentos y Razones (ARAD)
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