A quienes reclaman una reforma de la Constitución, porque dicen que se aprobó en circunstancias muy diferentes a las actuales, convendría recordarles que su desarrollo normativo en considerables cuestiones fundamentales tampoco se corresponde con lo que se nos alegó en 1978 para aprobarla.

Como por ejemplo, respecto al injusto y vergonzoso trato que reciben la lengua y la bandera española; la muy mermada igualdad de los españoles ante la ley debido a la irrupción de las leyes de violencia de género y de ideología de ídem; el herido derecho a la vida de todos, mediante el aborto y la eutanasia; la desigual fiscalidad de los españoles según el lugar donde residan; la amenazante deriva del Estado de la autonomías contra la unidad de España; etcétera.

En realidad, los desarrollos constitucionales en estos y otros importantísimos temas han supuesto unos cambios tan profundos respecto a la España que nos prometieron, que significan auténticas reformas constitucionales de hecho. Unos cambios que en gran parte se han debido, no para responder a las comunes aspiraciones de la mayoría de españoles, sino al seguidismo de no pocos miembros del Tribunal Constitucional con la línea marcada por los partidos que les nombraron y sus intereses para acceder o mantenerse en el Gobierno.

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