Ni con 'dineros' encima

¿Se puede permitir España dejar escapar 40.500 millones de euros? La cifra no es caprichosa. Corresponde a la diferencia entre la cantidad asignada por la Unión Europea (UE) a España para el periodo 2014-2020 (casi 71.600 millones de euros) y la ejecutada a fecha de 2021 (poco más de 31.000 millones). El dinero que no se ejecuta o no se justifica correctamente a tiempo hay que devolverlo. Es una lógica sencilla e inapelable.

Hasta la irrupción de la pandemia los dineros que recibían los países miembros de la UE de su presupuesto correspondieron a la suma de los fondos de inversión y estructurales. Estos últimos incluían hasta la ampliación de 2021 al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo Social Europeo (FSE), al Fondo Europeo para la Agricultura y el Desarrollo Rural (FEADER) y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). En el periodo 2014-2020 España ya no tenía acceso al Fondo de Cohesión a pesar de ello todo el detalle que ofrecemos está tomado de la base de datos denominada, precisamente, "de cohesión".

España es el país de la UE con menor porcentaje de ejecución o gasto efectivo del dinero asignado de los fondos europeos. El Reglamento de estos fondos permite estirar su uso hasta tres años después de concluir el periodo de referencia o marco financiero plurianual. En definitiva para el periodo 2014-2020 nos quedaría hasta 2023 para no desaprovecharlos. Hasta el momento el porcentaje de ejecución de España es del 43 %, el menor de todos los socios comunitarios y está casi 19 puntos porcentuales por debajo de le media de ejecución (62,2 %) excluido el Reino Unido. La incapacidad mostrada por las administraciones españolas no es nueva pero sí es recurrente en el tiempo.

La expresión ni con dineros encima se usa en, al menos, dos acepciones: para demostrar desgana ante una propuesta (no lo haría ni con dineros encima) o para mostrar la incapacidad de acometer una tarea (no lo hace ni con dineros encima o ni siquiera cobrando). Parece que aplica la segunda. Nuestra Nación muestra una incapacidad repetida en el tiempo de ejecutar el dinero que recibe de la UE. Las administraciones prefieren devolver los fondos si no están seguras de ejecutarlos correctamente. Efectivamente, con cada euro procedente de Bruselas las administraciones públicas españolas tienen que planificar su uso, ejecutar su gasto, certificar que se ha gastado y lograr que la posterior verificación que se haga del uso del euro sea favorable. De lo contrario el dinero lo tiene que poner el sector público español en lugar del presupuesto comunitario devolviendo todo el dinero recibido.

España sale muy mal en la comparación con los principales países receptores de fondos. Para el periodo 2014-2020 Polonia ha sido el país con más fondos asignados (más de 111.000 millones de euros). Su capacidad de ejecución supera en 20 puntos a la de España (63 % frente al 43 %). El siguiente es Italia (más de 90.000 millones) con casi la mitad ya ejecutada. Pero no hay que irse tan lejos para aprender de una gestión modélica; nuestros vecinos portugueses llevan más del 73 % ejecutado.

Lo más llamativo de esto es que apenas forme parte no ya del debate político (los tecnicismos presupuestarios son poco amables), sino que no forme parte de las demandas de sindicatos y empresarios. Miles de millones devueltos a la UE son miles de oportunidades perdidas de empleo y negocio. Miles de oportunidades para exigir una simplificación de la administración pública que añada capacidad de gestión al rigor en el uso del dinero público. El exsecretario de Economía de la Junta de Andalucía, el profesor Manuel Hidalgo, advertía en 2020 que si no se lograba virtuosismo en la gestión los fondos europeos acabarían volviéndose a perder y eso sería una enorme irresponsabilidad. Llevaba toda la razón.

El Gobierno de España se empeña, sin embargo, en mover el foco de atención desde la cifra de ejecución de fondos a la más favorable que muestra el porcentaje de dinero comprometido sobre el volumen de fondos concedidos. Sin duda el dinero comprometido aún no se ha gastado (no se ha ejecutado) pero si se toma como referencia como el Gobierno desea, sitúa la ratio en el 91,1 % (la media de la UE está en el 103,3 % ya se puede superar el margen hasta en un 10 %). De aceptar el dato de dinero comprometido en lugar de dinero ejecutado como representativo de la capacidad de gestión de los fondos de la UE estaríamos aceptando que España es capaz de ejecutar unos 34.170 millones en año y medio (el límite es diciembre de 2023) a la vez que se ejecutan las primeras entregas de los fondos Next Generation UE (NG-UE) y también las primeras entregas del nuevo marco financiero plurianual 2021-2027. No es creíble.

La realidad es que si le preguntas a cualquier gestor público responsable por sus mayores angustias financieras, te dirá que lograr gastar correctamente los fondos que tiene que justificar a diciembre de 2023; del maná de los fondos NG-UE mejor ni hablamos. El modelo español de gestión de fondos europeos continúa siendo un cuello de botella para su uso. Falta una ágil transversalidad administrativa en los procedimientos; la compartimentación de las administraciones públicas y la falta de lealtad en las zonas de influencia separatista continúan pasando factura a todos. También falta una racionalización del uso de los recursos humanos en la administración desde donde anida la inflación administrativa a donde el personal trabaja atrincherado tras montañas de expedientes. Es difícil de explicarle a una sociedad a la que en muy poco tiempo se ha obligado a realizar cientos de procesos digitalmente, que haya que devolver los dineros por incapacidad de aplicarlos a la generación de empleo y negocio; prosperidad en definitiva. Los políticos harían bien en tener a personal experto en estas cuestiones para poder contribuir más eficazmente a su mejora. Las voces de sindicatos y empresarios deberían oírse con determinación. Aunque sólo fuese un interés propio que acabaría redundando en el interés de la Nación.

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