Delincuentes, vividores y caraduras amparados por la ley y la sociedad

Estamos llegando a la conclusión de que en España, con las corrientes progres, tolerantes y buenistas que se van infiltrando e imponiendo, sale barato, incluso hasta gratis, el delinquir, independientemente de cual sea la gravedad del delito o de la falta y del daño que se cause.

Hace escasas fechas un individuo de 19 años parece ser que presuntamente, sustrajo (¿se puede decir robó?) 600 metros de cable en la vía férrea del AVE entre Madrid y Cataluña, causando un gravísimo perjuicio a miles de personas y a la propia RENFE. Causó un grave perjuicio a esa parte de la sociedad personalizada en esos miles de usuarios del tren. Pues bien, ¿la sociedad puede resarcirse de ese daño?; ¿se puede someter al causante a una sanción que compense proporcionalmente el daño causado o, al menos, le disuada a él y a otros como él de repetir la fechoría?. Nos tememos que no. Lo lógico sería que se le impusiera una sanción equivalente a ese daño como, por ejemplo, trabajos en obras públicas como carreteras, construcción de edificios tales como hospitales o en las vías férreas a las que ha dañado. Pero no, en España eso se considerarían trabajos forzados y están proscritos en nuestra legislación. Aquí somos muy guais y no sólo no siempre se odia el delito, sino que se compadece y hasta mima al delincuente que, en numerosas ocasiones, no tiene el menor arrepentimiento ni propósito de enmienda. Como, por otro lado, se da en el ámbito del terrorismo.

Otro tanto ocurre con los conocidos como okupas, verdaderos desaprensivos, en la mayor parte de los casos, que invaden una propiedad ajena, donde se instalan descarada y alevosamente, con desprecio absoluto a los legítimos propietarios y a la sociedad. Y no decimos que también a las leyes porque, por lo que parece, las leyes existentes al respecto no sólo no les sancionan ni propician la expulsión inmediata del bien ocupado, sino que hasta parece que les amparan suponiendo, frecuentemente, gastos no reintegrables para los propietarios doblemente perjudicados. Claro que, ¿quiénes hacen esas leyes?

Los denominados grafiteros que, en vez de practicar sus aficiones en el pasillo de su casa o en la alcoba de sus progenitores, se dedican a embadurnar con garabatos o con pintarrajeos horrorosos, totalmente carentes de calidad, buen gusto y estética, las paredes de las ciudades, de los edificios públicos, de las propiedades privadas y de los medios colectivos de transporte, en lugar de hacerlo en espacios expresamente dedicados para ello por las autoridades municipales, coaccionando muchas veces a los propietarios de los locales con amenazas para obtener una compensación económica a cambio de no embadurnarles el cierre de acceso, la puerta o los escaparates. Pero una parte de nuestra sociedad, en lugar de reclamar para estos desmanes una sanción adecuada o el resarcimiento, mediante la limpieza del daño causado, califica esta actividad ilegal como «arte urbano». Pues qué bien.

Hemos dejado para el final la alusión a muchos de los conocidos como youtubers o influencers. Muchos, quizá demasiados, verdaderos vividores y caraduras que, con la complacencia y la complicidad sociales, viven espléndidamente del cuento, del papanatismo de otros, de la falta de criterio y de personalidad y hasta de algo que puede ser considerado como un delito: el más puro de los chantajes. Hemos sabido que los hay entre esta especie quienes se dedican a ir a hoteles o restaurantes exigiendo alojamiento o comida (espléndida en la mayor parte de los casos), a cambio de no desprestigiar o desacreditar al establecimiento en cuestión en las redes, contando con el seguidismo de numerosos (a veces millares o millones) adictos.

Aún siendo infinitos los casos, nos vamos a referir a uno de los últimos conocidos.

En la ciudad de Vigo, un individuo de esta especie, conocido por el nombre de Borja Escalona, según los medios de comunicación que han difundido la noticia, se presentó en un bar haciendo consumición de alguno de sus productos y diciendo, con todo el descaro del mundo que «yo sólo como cosas gratis», manifestando que lo hacía a cambio de hacer promoción del establecimiento, por lo cual les iba a pasar una factura de 2.500 euros, al negarle la encargada del local el gorroneo o pretendida gratuidad de la consumición, aunque en esta ocasión satisfizo el importe del bien consumido.

Pero, ¿quién le había llamado o contratado para que hiciera tal promoción?, ¿con qué derecho se atribuyó tal competencia?

En un comunicado en las redes, la dueña del bar ha denunciado el acoso que ha empezado a sufrir: «Cobrar por nuestro trabajo y no pasar por el aro de esta persona, ha supuesto decenas de puntuaciones negativas en nuestro perfil de Google (personas que nunca han comido ni una de nuestras empanadillas) y llamadas a nuestro negocio insultando a nuestro equipo». El día 9 de agosto, a última hora, empezó a recibir notificaciones de Google con nuevas reseñas. Todas eran valoraciones de una estrella que alegaban haber encontrado pelos en la comida o incluso cables de estropajo. Hasta el momento parece ser que jamás habían recibido quejas de esta naturaleza. ¿Casualidad o venganza?

Según se ha sabido también, el modus operandi habitual de este individuo es el de colarse en lugares, especialmente estadios de fútbol, sin permiso. En Vigo lo intentó en Balaídos, donde los trabajadores de la reforma del estadio le instaron a que se fuera en varias ocasiones por la peligrosidad de la obra.

Están proliferando hasta el infinito este tipo de actuaciones. Gentes que, por ejemplo, lucen, sin que le haya costado ni un euro, ropas de las firmas más prestigiosas, que se las ceden para que esos miles o millones de seguidores (y seguidoras) se vean impelidos (e impelidas) a imitarles y adquieran tales prendas. Para algunos es una forma de vivir sin trabajar y, en algunos casos, hasta de obtener cuantiosos ingresos y pingües beneficios.

Pero lo grave es la existencia en este negocio de pícaros, caraduras y vividores que chantajean a establecimientos de hostelería o empresas e instituciones de diversa naturaleza para obtener beneficios y servicios de forma absolutamente gratuita. Y más grave todavía es que no haya o no se aplique una legislación que prevenga, impida o sancione estas prácticas que, según los casos, son auténticamente delictivas.

Estos pícaros y vividores se conocen muy bien las trampas y triquiñuelas y saben que, por ejemplo, si las consumiciones no sobrepasan determinados importes, no hay ley ni norma que les sea aplicable. Y así, suma y sigue.

Se han perdido o erradicado deliberadamente valores que deberían de ser permanentes, se ha creado un mundo de ficción, del todo vale, de la ley del mínimo esfuerzo, de la carencia del sentido de la honradez y la responsabilidad, de aprovechados que cuentan con el mimetismo de muchas personas, de la carencia de criterio propio, del imperio del qué dirán y de los prejuicios sociales, de las influencias incontroladas de las denominadas redes sociales.

Pero, sobre todo, y como señalábamos al principio, se ha instalado en nuestra sociedad una sensación de impunidad ante las faltas y delitos y que todo vale dependiendo de la ideología en la que cada uno se manifieste estar asentado, de quienes ostenten o detenten el poder, según los casos, y del momento cronológico, histórico o político correspondiente. Los derechos son para quienes no respetan los derechos de los demás.

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