Tres funcionarios ⎼supongo que más de uno médico del Servicio Murciano de Salud (SMD)⎼ aplicando escrupulosamente los protocolos que la Ley de eutanasia ahora vigente obliga, han realizado la primicia, en nuestra Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de producir la muerte de un paciente con enfermedad incurable en su domicilio. Naturalmente, no se han hecho públicos los nombres de los empleados del SMD ni del fallecido.

Naturalmente, si esos protagonistas lo hubieran sido por salvar la vida a ese mismo paciente (en el caso de que hubiera sido posible) o de un brillante avance médico-quirúrgico, o por un impagable esfuerzo a lo largo de esta inconclusa pandemia, entonces sí, habríamos visto sus brillantes titulaciones, sus caras sonrientes, los aplausos de los vecinos y compañeros… la felicidad de todos.

Pero no, mientras el paciente (mejor dicho, el eutanasiado) reposa al fin en paz, los funcionarios vuelven en anónimo silencio a sus casas a sus hospitales, en espera de “otra otra ocasión”.

Tal vez, alguno de esos colegas, esa misma tarde acuden a un abortorio donde –también bajo el mortífero manto de la ley– acabarán con la vida de un no nacido, de un ser humano (aunque aún no persona jurídica), o de varios de ellos…

Y ésta no es una cuestión de religiones y de curas, aunque también. Es una cuestión del universal derecho a la vida humana, proclamada por todas las leyes civilizadas del mundo, y también por la Constitución Española vigente: todos tienen derecho a la vida.

Y en el ámbito sanitario me escandalizo. ¡Cómo es posible que alguien que se ha formado larga y laboriosamente en la maravillosa tarea de curar cuando se puede; aliviar y consolar siempre pueda cambiar su/nuestra maravillosa profesión, para convertirse en un tanatologista, en un buscador de la muerte.

Porque las leyes están elaboradas para los hombres y, por encima de ellas, está la legitimidad y en el juramento Hipocrático de primun non nocere que nos obliga a todos los médicos.

Lo primero es no hacer daño.