Lo tuyo es mío y lo mío, también.

En el BOE del 20 de enero de 2021 se ha publicado el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Hasta ahí bien, sería difícil encontrar a alguien que no le pareciera adecuado el título, pero el encanto se rompe al leer su contenido y más concretamente con referencia a lo estipulado en materia de ocupación ilegal de viviendas, donde se ha dado un paso más para proteger a los okupas, ahora eufemísticamente llamados, por dicha norma, “habitantes sin título”.

Más concretamente, con dicho precepto se modifica la ley antidesahucios para blindar a los okupas, que no hayan utilizado la violencia para usurpar inmuebles durante el estado de alarma.

Pero, aunque se maquille la ocupación con eufemismos, se hable de no violencia y se temporalice durante el estado de alarma, el ejecutivo socialista-comunista sabe perfectamente que una vez arrebatada la vivienda a un tercero, salvo que sean sorprendidos in fraganti tras cambiar la cerradura, es muy difícil echar a los okupas de la misma, debido al enmarañado procedimiento judicial cuya resolución puede tardar hasta tres años, con el daño económico y moral que este tipo de acción ilegal supone para los propietarios del inmueble ocupado.

En definitiva, estamos ante un fenómeno totalmente incoherente, aunque se quiera presentar como normal, lo que no lo es. Todo parece indicar que nuestros actuales gobernantes han interpretado mal el pasaje del libro del Génesis donde dice: «Te ganarás el pan con el sudor de tu frente», interpretando que: «Te ganarás el pan con el sudor del de enfrente». En este sentido, cabe citar literalmente las palabras de Winston Churchill: «Los cristianos decían “Todo lo mío es tuyo"»; los socialistas dicen “todo lo tuyo es mío"».

Amparar la ocupación de viviendas, además de vulnerar los principios jurídicos del concepto de propiedad, puede suponer apoyar otros delitos vinculados al respecto. Es conocido que detrás de la ocupación de algunas viviendas hay bandas criminales cuyo modus operandi consiste en buscar pisos vacíos, cambiarles la cerradura, conectar los fluidos a las acometidas, para ofrecer posteriormente, previo pago, dichas viviendas a “habitantes sin título”, bien sea como residencia o para el cultivo indoor de marihuana.

En definitiva, si el actual gobierno socialista-comunista tiene intención de atender las situaciones de vulnerabilidad social y económica de aquellas personas o familias que lo padezcan –de hecho, es su obligación–, pueden construir viviendas de protección oficial, promover los alquileres sociales, destinar partidas presupuestarias para subsanar las necesidades de la población en dificultad social, desarrollar políticas sociales preventivas, políticas activas de empleo y un largo etc., es decir, hacer su trabajo con eficacia y eficiencia, en lugar de proteger e incentivar normativamente la ocupación ilegal de viviendas. Se supone que estamos en un Estado de derecho, aunque en ocasiones da la impresión de todo lo contrario. También sería conveniente, que pusieran la mirada en nuestros vecinos europeos, donde es impensable la ocupación de la propiedad privada y que, en caso de ocurrir, los okupas, son inmediatamente detenidos por la policía y posteriormente juzgados.

Aunque dichos políticos tengan la plena garantía de que sus viviendas no van a ser ocupadas, y quizás también las de sus afines, la empatía debe ser una constante permanente en el gobernante y, en este caso, ponerse también en el lugar de quien se encuentra ocupada su propiedad y de las consecuencias que ello le conlleva, salvo que la máxima del actual gobierno pudiera ser, sin que lo sepamos: Tout pour le peuple, rien par le peuple.