La España de los reinos de taifas

Conviene aclarar desde el inicio de mi reflexión que no soy un devoto admirador de nuestra Carta Magna, todo lo contrario, considero que es un texto que ha permitido el desastre nacional que estamos sufriendo. Sin embargo voy a citar el artículo 2, párrafo 1, del Título Preliminar de la Constitución. Dice así, conviene recordarlo, dado que se trata de la legalidad vigente: “La Constitución se fundamenta en la INDISOLUBLE UNIDAD de la nación española, patria común e INDVISIBLE de TODOS los españoles (…)”. Si somos honestos y conscientes de lo que está ocurriendo es completamente falso lo señalado. Es letra mojada sin crédito ninguno, una simple declaración de intenciones que no se está haciendo cumplir.

España está siendo desmembrada, quebrada y, con la indiferencia y la complacencia de los partidos, ha sido abandonada a su suerte como empresa común con un mismo destino universal como nación. La Patria está en gravísimo trance de disolución. El proclamado imperio de la ley es una pamema, un párrafo literario con aires de distinción jurídica al que se ha querido dar importancia estética. No pasa de eso a la luz del permanente desafío secesionista y, a la falta de arrojo e indiferencia en la defensa de la unidad nacional. Sencillamente, no se cree en ella.

Desde que se aprobara y promulgara esta norma de rango mayor, España se define como un Estado de las Autonomías, o Estado Regional, que es un modelo intermedio entre el estado unitario centralizado, de época franquista, y un modelo descentralizado republicano. Por tanto, un híbrido caracterizado por ser un pastiche mezcla de lo unitario y lo descentralizado. Es decir, una nación fragmentada en diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. La unidad ha estallado por los aires y han surgido los reinos taifas, una amalgama de territorios donde cada cual funciona de forma separada.

Aquella quimera de alcanzar la solidaridad entre las regiones es tan falsa como el espíritu monárquico declarado, de manera descarada, por los socialistas, defensores de un modelo federal de estado. Los llamados “constitucionalistas”, verdaderos ilusos, creían que esta primera descentralización administrativa paliaría los desequilibrios existentes entre los distintos territorios. Cuarenta y dos años después se demuestra todo lo contrario, la brecha se ha acrecentado y el enfrentamiento se ha acrecentado.

No se ha conseguido ninguna igualdad entre los españoles. Así, hay comunidades históricas que disfrutan de ventajas que otras no pueden. No son lo mismo los catalanes que los extremeños, no viven igual los vascos que los castellano-leoneses, por citar unos ejemplos. Cataluña y la Comunidad Vasca disfrutan de márgenes de autogobierno y provechos evidentes que otros compatriotas no tienen el placer de saborear. Se ha llegado a la España vaciada, despoblada y envejecida del interior (las dos Castillas, Extremadura, Aragón, interior de Andalucía y Comunidad Valenciana), siendo la dorsal mediterránea, el eje del Guadalquivir y del Ebro, la cornisa cantábrica y Madrid, los polos de desarrollo y crecimiento demográfico y social.

Todos sabemos que, a menor volumen de población, menor peso político y, en consecuencia, mayor desigualdad económica y social. En todos los repartos el criterio poblacional prevalece sobre otros considerandos como la extensión, o el interés social.

El modelo sólo es fallido políticamente, administrativamente, es insostenible económicamente. Una elefantiasis administrativa dilapida miles de millones de euros en gasto corriente. El derroche de recursos es sangrante, crónico y de aumento creciente. Las cifras son apabullantes en lo que se refiere a los dispendios presupuestarios autonómicos:

Andalucía (32.195.391); Cataluña (29.337.105); Madrid (22.776.618); Comunidad Valenciana (22.435.393); Comunidad Vasca (11.851. 773); Galicia (11.534. 494); Castilla y León (9.484.475); Canarias (8.883.481); Castilla-La Mancha (8.199.791); Murcia (5.800.296); Aragón (5.588.194); Islas aleares (5.457.749); Extremadura (5..210.359); Asturias (4.459.766); Navarra (4.312.086); Cantabria (2.853.763); La Rioja (1,454.043), esto sin contar a Ceuta y Melilla. Más de 140.000 millones de euros de gasto anual. Todo un despilfarro imposible de mantener y que tampoco garantiza una mayor igualdad entre los españoles. La diferencia es brutal.

Según el PIB per cápita, Madrid cuenta con 34.916 euros –la mayor–, frente a Extremadura –la menor–, que es de18.174. La media nacional es de 25.854 euros. 12 regiones se encuentran por debajo de esa cifra. Los españoles más ricos y, por este orden serían: madrileños, vascos, navarros, catalanes, aragoneses, riojanos e isleños de Baleares. Los demás, los más pobres irían desde el -5,5% de Castilla y León respecto de la media, al -31,7% de los extremeños. Una diferencia de 68,2 puntos porcentuales entre los más potentados y los más humildes. ¿A esto se puede llamar equilibrio?

Es verdaderamente sangrante si, además, el concepto de pago de nóminas devora gran parte de las cantidades presupuestadas. Ocho comunidades destinan más del 50% del total: Castilla-La Mancha (51,2%); Andalucía (50,6%); Extremadura (50,5%); Murcia (49,1% del presupuesto y el 54,5% de los ingresos); Aragón (48,8% del presupuesto y el 52,5% de los ingresos). La Comunidad Vasca y Castilla y León tienen unos porcentajes cercanos, todos ellos muy superiores a los que consumen las administraciones de los 37 países más desarrollados (OCDE), cuyas cifras se sitúan en un 22 %. España ocupa el cuarto lugar en el ranking europeo y el octavo a nivel mundial en el pago de las nóminas públicas.

Es urgentísimo que se imponga una reestructuración de las administraciones públicas que, a título personal, deberían desaparecer recentralizando de inmediato competencias básicas como sanidad, o educación. El modelo autonómico es una causa evidente del déficit público y, en consecuencia, de la deuda. La lectura de este gigantismo desproporcionado, descontrolado y en progresión es, que se ha creado un régimen clientelar afín al sistema diseñado.

En esto da igual el signo político de los gobiernos regionales. Los partidos mayoritarios, también los regionalistas y nacionalistas, participan del festín y la orgía de un gasto impúdico., obsceno y descomunal. No importa España, no importa la población, interesa dinamitar la unidad nacional para obtener un beneficio económico, un afán de lucro y atender a intereses espurios, por bastardos e ilegítimos. El sentimiento identitario de ser español ha desaparecido. Se ha construido el estado de la desigualdad, el cacareado Estado Social y de Derecho ha desarrollado un sistema de castas, donde los políticos y sus arrimados –que son muchos– viven esplendorosamente a costa del sufrido contribuyente, sin reparos de ningún tipo. El Estado de Bienestar es un estado de desecho y de malestar.

El camino hacia la III República se ha iniciado. Un golpe de Estado se ha venido gestando desde la llegada al poder de Pedro Sánchez y, desde la coalición con los comunistas, su segundo Gobierno del Reino de España avanza hacia la desintegración de nuestra Patria. Tiempos de penalidades y tragedias se avecinan. España está al borde del precipicio, la supervivencia individual –en el mejor de los casos– y la destrucción de la identidad nacional española es una batalla que se está perdiendo.

Un triste final, sin pena, ni gloria, se entrevé en el horizonte, cada vez más cercano, cada vez más trágico. La España de los reinos taifas, con sus virreyes, cortesanos paniaguados y charlatanes parlamentarios, son el primer paso hacia una ruptura irrevocable. Mi pregunta, más una interrogación retórica, es ¿No es posible evitarlo? Yo creo que sí.