¿Se hubiese perdido el dinero de Bruselas?

​Las expectativas puestas en las ayudas procedentes de la Unión Europea (UE) a través del instrumento financiero «Next Generation-UE» (NG-UE) están sobredimensionadas. Esto puede pasar factura en términos de frustración. Están sobredimensionadas en su importancia relativa y en su velocidad hasta contribuir eficazmente a la recuperación económica.

Por cuantía, los 27.000 millones de euros (M€) que se incluirán de manera extraordinaria en los servicios presupuestarios 50 (Mecanismo de recuperación y resiliencia) y 51 (React-EU) son sólo el 11,2 % del total de gasto en inversión y el 2,4% del PIB del último año económico pre pandemia. Aun así es más de la cantidad que habitualmente destina el sector público español a inversión (unos 20.000 M€). Probablemente parte de este último gasto se reduzca a cambio de la inyección de dinero comunitaria. Un último apunte que no deberíamos perder de vista es que España no ha decidido si va o no a agotar el uso de los 140.000 M€ que nos han correspondido en el NG-EU. Sólo está claro que se utilizarán los más de 70.000 que se corresponden con transferencias sujetas a condiciones suaves. Sin embargo, no está resuelto si se agotará el tramo hasta los 140.000 M€, pues esta segunda parte puede conllevar unas condiciones más estrictas que las que hoy impone financiarse a través de la emisión de más deuda pública. Este último sigue siendo el verdadero pulmón con el que estamos tirando adelante gracias a la política monetaria ultra expansiva del Banco Central Europeo. Una política monetaria que mantiene al Euribor en el -0.5%.

La ayuda fiscal europea del NG-EU está también sobredimensionada porque el tiempo hasta que esté disponible no es poco. De momento aún no está aprobado por la Comisión Europea el Reglamento para la gestión de la misma. Es posible que, sumando retrasos, los fondos no lleguen hasta los últimos meses de 2021 a pesar de que los gobiernos nacionales están adelantando la planificación de su uso todo lo posible. Aquí es donde aparece el asunto de la convalidación del Real Decreto de gestión de estos fondos gracias a la abstención de los diputados de Vox.

El Decreto, aprobado a finales de diciembre, tiene varios aspectos que merecen comentarse. El primero es que crea una Administración paralela para la gestión de estos fondos. Esto supone reconocer de facto que la Administración pública española es incapaz de gestionar con éxito 27.000 M€ de transferencias extraordinarias al año. Pero supone también que los fondos europeos van a seguir dos procedimientos de gestión diferentes según procedan del instrumento NG-EU o del marco financiero plurianual que comienza en 2021 y se extenderá hasta 2027. Por cierto que entre las simplificaciones administrativas está rebajar los requerimientos de impacto medioambiental, algo que no ha levantado la voz siquiera de un piquete de ecologistas.

¿Qué hubiese pasado si el Gobierno no hubiese contado con la abstención de Vox? Pues que hubiese tenido que presentar otro Real Decreto, esencialmente similar, haber pagado el peaje al que nos tiene acostumbrado y que hubiese salido adelante. La no abstención de Vox no hubiese impedido la llegada de estos fondos, pero sí habría complicado mucho el trabajo de las administraciones públicas y las empresas que ahora se afanan en captar estos fondos y –esto es crucial– gestionarlos bien. Aquí hay otro aspecto mollar del asunto.

El portavoz de Vox advirtió del riesgo de que estos fondos mil millonarios acaben en las cuentas de las grandes empresas españolas en una suerte de «capitalismo de amiguetes» como el que hace años denunciaba Albert Rivera. El riesgo no es menor y debe ser subrayado. España ha demostrado estos últimos años ser incapaz de gestionar la totalidad de los fondos europeos a los que pudo tener acceso. Como consecuencia hemos tenido que devolver cientos de millones de euros sin que la opinión pública haya prestado apenas atención a pesar de que Bruselas nos lo ha afeado públicamente. El último caso fue con motivo de la devolución de fondos para el sector turístico hoy tan herido.

Con cada euro procedente de Bruselas las administraciones públicas españolas tienen que planificar su uso, ejecutar su gasto, certificar que se ha gastado y lograr que la posterior verificación que se haga del uso del euro sea favorable. De lo contrario, el dinero lo tiene que poner el sector público español en lugar del presupuesto comunitario. Este es un proceso complejo hasta el punto de preferir devolver el dinero si no hay tiempo para gestionarlo bien antes que producir un quebranto en las cuentas nacionales. Por eso, las administraciones públicas que están adelantando trabajo aún sin estar aprobado el Reglamento por la Comisión Europea quieren presentar a la todopoderosa Comisión Técnica presidida por Iván Redondo, proyectos grandes (puede que no inferiores a 10 M€) antes que una multitud de pequeños proyectos. Esto hay que unirlo a la fórmula que el decreto convalidado la pasada semana utiliza para articular la colaboración entre las empresas privadas y el sector público, los «Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica» (PERTEs) que, en la práctica, van a exigir una dimensión grande a las entidades participantes.

Aunque el Real Decreto y las administraciones ponen mucho énfasis en enrolar a las pymes en estos fondos, lo cierto es que la Administración no tiene capacidad para gestionar centenares de pequeños proyectos. Ni siquiera esta suerte de Administración paralela alumbrada por el Real Decreto. De no lograrse esto último, el impacto en el empleo sería mucho más pequeño. Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 los códigos de cuenta de cotización a la Seguridad Social que sirven como indicador fiable del número de empresas con actividad han caído casi un 7%. Muchas de ellas siguen existiendo como empresas «zombies» pero, en realidad, no emplean a trabajador alguno.

En definitiva, Vox y otros partidos han facilitado el trabajo en la gestión de unos fondos cuya importancia hay que aquilatar correctamente. Este resultado ha descolocado a muchos, incluido a parte de su electorado. Ahora su actuación no puede despacharse con los análisis epidérmicos acostumbrados en los opinadores perezosos. De todas formas está por ver si ha sido una acción episódica o un paso en el camino de combinar una oposición fuerte y una contribución a la gobernabilidad en asuntos de interés nacional.