La sociedad española no ha podido beneficiarse del uso del Big Data del Servicio Andaluz de Salud

En el verano de 2019 el grupo parlamentario de VOX en el Parlamento de Andalucía introdujo en el acuerdo al proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía la realización de un estudio sobre las posibilidades de uso de la base de datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La base de datos del SAS es una de las más amplias del sistema sanitario español. Escrupulosamente anonimizada, la amplitud de esta base permite su análisis desde la perspectiva del Big Data, es decir, un tipo de análisis de datos en el que concurren tres factores: gran volumen, alta velocidad y gran variedad.

La iniciativa se justificaba en que el análisis del Big Data del SAS permitiría una mejora en la calidad de la atención sanitaria identificando las necesidades de los usuarios, abordando su atención en un marco presencial, telemático y digitalizado.

Lamentablemente, la iniciativa –sumamente necesaria vista en perspectiva– ha quedado atrapada en la lentitud burocrática o los celos políticos. En la comisión de seguimiento del acuerdo presupuestario entre VOX y el Gobierno de la Junta de Andalucía celebrada en Octubre de 2019 se decía “Desde la Consejería de Salud (…) se trabaja para la creación de un Área de Big Data…”.

La velocidad a la que se trabaja es tal que actualmente está en curso y no resuelta la convocatoria de contratación de un coordinador/a del área de Big Data. Un proceso de contratación que sólo se puso en marcha el 20 de marzo de este año, con la pandemia ya desbocada y segando vidas. Otra oportunidad perdida –otra más– que no sabemos si achacar a los celos entre gobierno regional y sus apoyos o a la incapacidad de haber llevado la iniciativa más allá.

Lo cierto es que la sociedad española no ha podido beneficiarse del uso del Big Data del SAS que incluía, cuando se escribe este artículo, a 12.175 infectados por Covid-19.

El correcto uso de esta información hubiera permitido anticiparse en el tiempo a las necesidades y, sobre todo, extraer un conocimiento muy valioso para afrontar mejor probables rebrotes de la pandemia hasta tanto no esté disponible masivamente la vacuna o se disponga de un tratamiento terapéutico rápido y eficaz.

El problema es de mayor magnitud cuando se analiza desde la perspectiva del conjunto de España. El que fuera responsable del servicio de urgencias del Hospital de La Paz en Madrid, el doctor César Carballo señalaba el pasado 11 de abril en un programa monográfico sobre la pandemia: “Imagínate que tuviéramos una historia clínica compartida en España (...) tendríamos la mejor base de datos mundial de pacientes con Coronavirus... (pero)... cada comunidad tiene su propia historia clínica ... no se comunican entre ellas“.

Al hilo de esta noticia el también médico y académico Juan Manuel Poyato, experto en gestión de catástrofes sanitarias, señalaba que la fragmentación de la Sanidad en España nos lleva continuamente a inequidades con resultado de graves perjuicios en salud para los usuarios del sistema.

Más aún, el doctor Joaquín Asensio, uno de los médicos de referencia en el extremeño Hospital Parque Vegas Altas añade que otra de las graves contradicciones en la gestión de esta crisis sanitaria por parte del Gobierno es que haya tomado las riendas de la crisis sanitaria mayor que el mundo actual ha conocido un Ministerio de Sanidad que no tiene competencias; prácticamente ninguna.

Al estar transferidas las competencias de Sanidad desde hace más veinte años a las autonomías el Ministerio de Sanidad ni siquiera tiene un calendario de vacunación homogéneo en toda España.

España necesita repensar las barreras que han ido levantando los compartimentos estancos autonómicos. Esto va más allá de cuestionar el modelo autonómico. Es simplemente establecer unos mecanismos de cooperación y de homologación de derechos ciudadanos elementales.

Cualquier sociedad democráticamente madura tiene derecho a abordar estos tipos de problemas que pueden resultar –como ahora– literalmente letales.

La oportunidad perdida en Andalucía en el análisis del Big Data del SAS no es, en absoluto, una cuestión menor. Inmediatamente detrás de la labor de los médicos e investigadores en el área de la salud, los estadísticos y matemáticos resultan siempre cruciales en el control de una pandemia.

Buena prueba de ello es que en el equipo de expertos que –con mayor o menor fortuna– asesora al Gobierno de la Nación hay dos miembros con este perfil: Carmen Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, según los medios de comunicación es una de las mayores expertas en la aplicación práctica del Big Data y la inteligencia artificial de España. Junto a ella figura Miguel Hernán, profesor de Bioestadística y Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Andalucía cuenta con científicos suficientemente capacitados para esto, sin ir más lejos, basta mirar al Instituto de Matemáticas Universidad de Sevilla Antonio de Castro Brzezicki.

Al ejemplo de la oportunidad desaprovechada con el Big Data se une la enésima oportunidad también desaprovechada de recurrir al capital humano del que se dispone. Luego nos cansaremos de oír hablar de la necesidad de vincular los pilares de la administración, los centros de investigación y las empresas, pero en la práctica y en momentos de la verdad como este, poco o muy poco se ha avanzado

Hoy día muchas profesiones trabajamos con acceso a información que está alojada “en la nube”. Sin ir más lejos, la propia declaración del IRPF que cumplimentamos en estos días se realiza en la nube de la Agencia Tributaria.

Con los adecuados protocolos de seguridad, el riesgo de un mal uso de esta información –el big data del SAS– es un riesgo asumible; desde luego muy inferior a los beneficios que la población hubiera podido tener de haber aprovechado la iniciativa puesta en marcha en 2019 o cualquier otra similar.