Las 'verdades oficiales'.

Por pura lógica, los hechos del pasado deberían quedar abiertos a la investigación de los historiadores y eruditos, con el fin de que, con las fuentes fidedignas y los datos reales, pudieran ser conocidos por los interesados, que ojalá fueran todos los habitantes de una nación, ávidos de saber de su historia, de sus personajes, de los aciertos y de los errores que cometieron sus antepasados y sacer lecciones provechosas de todo el conjunto.

Luego estaría, por qué no, la labor de divulgación, a cargo de periodistas o escritores de novela histórica, cuya labor también debería ser libre, con respeto, eso sí, a la verdad histórica y, por supuesto, a la dignidad de todas las personas. Caben, tanto en estos divulgadores, como en los profesionales de la ciencia histórica, variedad de interpretaciones, y la objetividad no está reñida con la visión particular que cada uno tenga de un hecho, de un proceso o de una figura. A eso se llama libertad de expresión y libertad de cátedra.

Pero hay que tener en cuenta que los acontecimientos históricos están concatenados con el presente; los tres momentos del tiempo ━ayer, hoy y mañana━ forman un continuum indisoluble muchas veces, del mismo modo que la historia personal de cada uno está influida por su trayectoria y, de alguna manera, tendrá peso en el futuro. El presentismo, hoy en boga, es a todas luces una actitud irresponsable.

Pero, volviendo a la historia colectiva, lo malo es cuando, en contra de esa objetividad mencionada y de las legítimas visiones personales del historiador o del divulgador, el Poder establecido decreta qué es lo que ocurrió en el pasado y qué es lo que no se puede opinar sobre los hechos históricos. Evidentemente, estas verdades oficiales tergiversan, manipulan, distorsionan, sea mediante el silencio, sea mediante un sesgo determinado. La razón está en la mente de todos y ya se ha convertido en una frase tópica pero muy real: quien controla el pasado, domina el presente y se hará con el futuro.

Estos interdictos del Poder pueden referirse a toda una época, a toda una serie de personajes o a una determinada circunstancia; pero, a menudo, se impone una verdad oficial sobre un hecho concreto, una fecha. Pensemos en las siglas conocidísimas del 23-F o del 11-S, por no extendernos. Más cercanamente, observemos el silencio impuesto sobre el origen de la covid-19, que nadie se atreve a romper…

El ciudadano medio acepta la verdad oficial sin debatirla, y, cuando lo hace, recurre a ese tono de voz bajo, muy bajo, inaudible, propio de quienes viven bajo sistemas de tiranía; nunca se sabe de dónde puede venir un soplo, una delación, a resultas de la cual la persona pasa a ser considerada como desafecta. Quienes vivimos bajo la bota del separatismo en Cataluña sabemos de amigos y compañeros de trabajo que, incluso en tertulias de bar o en reuniones informales, bajan ━inconscientemente━ la voz cuando se trata de manifestar discrepancia con lo dispuesto.

Defendemos la libertad del historiador, del divulgador, del escritor; propugnamos, asimismo, la objetividad que debe presidir su labor y su derecho a manifestar sus opiniones, siempre que quede claro que son tales opiniones y no verdades oficiales.

Creemos que la historia de España debe ser conocida con sus luces y sus sombras, con sus grandezas y con sus miserias. Y nunca utilizada como instrumento de división, de rencor o de revanchismo.