La Razón de la Proa

LA NEF, NOV/2020

Valle de los Caídos: ¿Por qué tanta polémica en torno a un templo cristiano?

Por Arnaud Imatz (Bayona 1948), historiador y politólogo, es doctor en Ciencias Políticas.

Después de varias décadas de relativa serenidad, España se enfrenta a sus momentos más difíciles después de la Guerra Civil. Atrapada por sus viejos demonios, se hunde inexorablemente en una crisis moral, política, social, sanitaria y económica de una amplitud dramática.


​Publicado en la revista 'Desde la Puerta del Sol', núm 379, de 20 de noviembre de 2020. Traducción: Esther Herrera. [versión original en francés].
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Valle de los Caídos: ¿Por qué tanta polémica en torno a un templo cristiano?

Valle de los Caídos: ¿Por qué tanta polémica en torno a un templo cristiano?


Inaugurado en 1959 por el general Franco y consagrada basílica pontificia en 1960 por el cardenal Gaetano Cicognani en nombre del Papa Juan XXIII, el Valle de los Caídos es objeto de crecientes y numerosas críticas y condenas. Las polémicas sobre su significación y futuro destino han llegado al culmen en 2019, después de la decisión del Gobierno español de proceder a la exhumación del cuerpo de Franco. Pero ¿por qué tantas controversias en torno a este templo cristiano?

Hace ya unos años, Mª Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno socialista de José L. Rodríguez Zapatero (2004-2011) quería hacer con ello «un museo de la dictadura». El presidente del Foro por la Memoria quería convertirlo en museo «de los horrores de la represión». Más radical todavía, el escritor socialista de origen irlandés, Ian Gibson, inconscientemente marcado por los islamistas demoledores de los Budas de Bamiyán, sugería su destrucción con dinamita.

La Ley de Memoria Histórica del 26 de diciembre de 2007 había establecido una conclusión provisional: la Basílica del Valle de los Caídos podría continuar siendo un lugar de culto católico, pero las concentraciones políticas serían prohibidas. Esta solución parecía bastante razonable ya que el monumento, entonces el más visitado de España después del Palacio Real y el Monasterio de El Escorial, era considerado como parte integrante del patrimonio histórico-cultural español. Pero la tregua duró poco tiempo.

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Poco después de su llegada al Palacio de la Moncloa, en junio de 2018, siguiendo el ejemplo de su predecesor socialista José L. Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez reanudó deliberadamente la batalla ideológica y acabó de forma definitiva con el espíritu de la Transición democrática (1976-1982), que había sido unánimemente alabado por la prensa internacional. Desde el 15 de febrero de 2019, el Gobierno de Sánchez se comprometió a proceder lo más rápido posible a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, enterrado cuarenta y tres años antes en el corazón de la Basílica del Valle de los Caídos.

Enseguida, menos de un año después de este hecho, el 15 de septiembre de 2020, la coalición gubernamental social-comunista (PSOE-Podemos) aprobó un anteproyecto de ley de memoria democrática en nombre de la «justicia histórica» y del combate contra «el odio», «el franquismo» y «el fascismo», con el fin de completar y perfeccionar la Ley de Memoria Histórica de 2007.

El gobierno social-comunista español pretende promover la reparación moral de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, «garantizar a los ciudadanos el conocimiento de la historia democrática española» y sancionar con duras multas «la apología del franquismo y la incitación directa o indirecta al odio o a la violencia contra las víctimas del golpe de Estado y la Dictadura franquista».

El terrible resultado de la Guerra Civil y de sus antecedentes (sobre todo con el golpe de Estado socialista de 1934) y el de la represión en uno y otro bando es, a día de hoy, bien conocido por los historiadores. El coste humano se distribuye de forma relativamente equilibrada, aunque no tenga en cuenta la disminución regular del territorio del bando republicano a lo largo de los tres años de conflicto:

71.500 caídos en el bando nacional y 74.000 en el republicano; 57.000 víctimas de asesinatos y ejecuciones sumarias entre los «nacionales», de los cuales 6.964 eran religiosos, y 51.000 entre los «republicanos». Este equilibrio solo se rompió finalmente con las 28.000 ejecuciones de republicanos después del conflicto.

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En 1976, durante la instauración de la democracia, la clase política española quería, por encima de todo, superar el pasado. No se trataba de olvidarlo, como se dice hoy demasiado a menudo, sino de mirar resueltamente hacia el futuro y rechazar la instrumentalización del tema para atizar los rencores y las luchas partidistas. Este espíritu de la Transición democrática –espíritu de perdón recíproco y concertación entre gobierno y oposición– ya no existe a estas alturas. El poder y los principales medios ya no quieren ver en ello más que una manipulación descarada de la justicia y de la historia; una cobardía inaceptable.

La nación, la familia, la religión (el catolicismo, por supuesto, pero también el cristianismo en general) han vuelto a ser los objetivos privilegiados de la propaganda. El gobierno de coalición del presidente Pedro Sánchez (socialista en ruptura con la moderación ideológico-cultural del también socialista Felipe González) y del vicepresidente Pablo Iglesias (líder de Podemos, partido de marxistas-leninistas y de populistas de extrema izquierda admiradores de los modelos «bolivariano» o «venezolano») reaniman sin cesar la batalla ideológica y la agitación social.

Con el paso de los años, el Valle de los Caídos se ha convertido en uno de los pilares de la mitología «progresista». Para otros, es también un símbolo de la lucha por la libertad de expresión y de culto. Situado a 58 kilómetros de Madrid, el imponente mausoleo de la Sierra de Guadarrama, donde reposan a partes iguales los restos de 33.847 nacionales y republicanos (entre los cuales más de 21.000 identificados y más de 12.000 desconocidos) fue concebido al principio por Franco y los franquistas como un monumento que debía perpetuar el recuerdo de la «gloriosa Cruzada». Era el punto de vista de la Iglesia y, en particular, el del cardenal catalán, primado de España, Plá y Deniel, en 1945. La componente religiosa había sido, recordémoslo, decisiva en el momento del alzamiento de julio de 1936 y durante toda la Guerra Civil (1936-1939).

Cerca de 7.000 sacerdotes, religiosos y religiosas habían sido asesinados (sin contar los millares de laicos, eliminados por su fe), el culto religioso había sido prohibido (salvo en el País Vasco) y la destrucción de los edificios religiosos había sido sistemática. Quince años más tarde, con los ánimos por fin algo calmados, el monumento había sido presentado oficialmente como un homenaje a los combatientes de los dos bandos «en nombre de la reconciliación». El decreto-ley del 23 de agosto de 1957 ordenaba, por otro lado, sin ambigüedades: «En consecuencia, será el Monumento a todos los Caídos, sobre cuyo sacrificio triunfen los brazos pacificadores de la Cruz».

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Abrigado en el interior de la montaña y coronado con una Cruz monumental, el colosal templo fue construido entre 1940 y 1958. La dirección de la obra fue confiada, primero, al arquitecto vasco Pedro Muguruza, y después al madrileño Diego Méndez. Sus dimensiones faraónicas permiten acoger a 24.000 personas. La nave no mide menos de 262 metros y el transepto culmina a 41 metros. En la explanada exterior pueden reunirse alrededor de 200.000 personas. La majestuosa Cruz, obra del arquitecto Pedro Muguruza, se eleva a 150 metros, altura a la que hay que añadir los 1.400 metros de altitud del Risco de la Nava. Dos automóviles podrían cruzarse en los brazos de la Cruz, que miden cada uno 45 metros de largo.

Juan de Ávalos fue el creador de las esculturas, en particular de las gigantescas cabezas de evangelistas al pie de la Cruz. Antes de la Guerra Civil, militaba en las filas de las juventudes socialistas y tenía la tarjeta de afiliado nº 7 del Partido Socialista de Mérida. Otro detalle curioso, el Cristo que domina el altar mayor y que descansa sobre una cruz cuya madera de enebro fue cortada por Franco, es la obra de un nacionalista vasco, el escultor Julio Beobide, discípulo del célebre pintor Ignacio Zuloaga. Finalmente, un artista catalán, Santiago Padrós, concibió y realizó el impresionante mosaico de la cúpula de la basílica (40 metros de diámetro).

El edificio religioso comprende no solo una iglesia monumental –que fue visitada y admirada por los papas Juan XXIII y Benedicto XVI– sino también una abadía benedictina y una hospedería para los visitantes. Hasta la Transición democrática, había un centro de estudios sociales, cuyo objetivo era estudiar, recopilar y difundir la doctrina social de la Iglesia, con el fin de que inspirara las leyes y la acción de los empresarios y los sindicatos.

La ideología del régimen de Franco estaba marcada, lo sabemos, por la voluntad de reconstruir un Estado, ante todo, católico. Por esta razón, el Papa Pío XII concedió al Generalísimo la Orden suprema de Nuestro Señor Jesucristo, la más alta distinción de la Santa Sede.

La historia de la construcción del monumento ha sido objeto de todas las fantasías. Los grandes medios han publicado las cifras más extravagantes. El número de presos políticos que parece que trabajaron en las obras se habría elevado a 14.000 o a 20.000 hombres (incluso algunos hablan de 200.000). Por lo menos, es lo que se ha repetido hasta la saciedad después de las elucubraciones del socialista Léo Brincat, responsable del proyecto de recomendación del Consejo de Europa que condenaba el régimen franquista (4 de noviembre de 2005).

Sin embargo, la cifra exacta de los trabajadores-presos no excedió jamás de 800 a 1.000 hombres, es decir, menos de la mitad del total de los trabajadores presentes en las obras de construcción (entre presos y trabajadores libres). Al final de 1943, la prensa española establecía un total de 600 obreros. El arquitecto, Diego Méndez, afirma por su parte, en su libro Valle de los Caídos, Idea, proyecto y construcción, que 2.000 hombres en total trabajaron en el Valle entre 1940 y 1958.

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Uno de los pocos investigadores, o el único, que se ha molestado en analizar metódicamente el fondo documental Valle de los Caídos, en los archivos generales del Palacio Real de Madrid (sección Administración General) es el profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, Alberto Bárcena Pérez, autor de una tesis sobre la «Redención de penas en el Valle de los Caídos», y de un libro sobre «Los presos del Valle de los Caídos». Se trata de 69 cajas, cuyos millares de documentos le han permitido derribar la imagen caricatural que asimila sin matices la construcción del Valle a los peores campos de concentración nazis y, con menos frecuencia, al Gulag soviético.

Los archivos del antiguo Centro de Estudios Sociales del Valle establecen una cifra precisa: 2.643 trabajadores, entre los cuales una minoría de presos políticos que, en principio, «debían ser voluntarios y haber escogido libremente el sistema de reducción de penas mediante el trabajo», es decir, primero, dos días de reducción de penas por un día de trabajo y, más adelante, seis días de reducción por un día laborable.

Alberto Bárcena precisa que los presos efectuaban las mismas tareas que los trabajadores libres, en condiciones idénticas de salario, horario y alimentación. Los presos y los trabajadores libres eran todos contratados por las empresas encargadas de los trabajos. Debían presentar su petición a través de la intermediación del Patronato de Nuestra Señora de la Merced o del Centro Nacional para la Redención de Penas, que se creó a estos efectos y que tenía su sede en el Ministerio de Justicia. El salario de los presos (fijado en función de sus cargas familiares) estaba dividido en tres partes: la parte principal era enviada directamente a las familias mediante los comités locales propresos, que cubrían la mayor parte del territorio nacional; una segunda parte se incluía en una libreta cuyo resultado total se le entregaba al preso en el momento de su liberación; finalmente, una tercera parte se le daba en mano.

Los presos políticos no recibían 0,5 o 1 peseta al día, como se ha escrito a menudo, sino 7 y después 10 pesetas, más las primas por trabajos peligrosos. Sus familias podrían residir en los barracones del Valle previstos a estos efectos. Las condiciones de trabajo eran, por supuesto, extremadamente duras y los salarios más que modestos, pero hay que recordar que el nivel de vida en España era entonces muy bajo puesto que el salario medio de un ayudante de universidad se elevaba, a penas, a 300 pesetas al mes.

En 1950, nueve años antes del final de la obra, como resultado del sistema de redención de penas, no había ya ni un solo preso político en el Valle de los Caídos. Según los testimonios del doctor, médico-jefe, Ángel Lausín y del enfermero Luis Orejas (dos partidarios del Frente Popular, que llegaron desde el principio a las obras como presos políticos y que se quedaron, después de haber terminado su periodo de prisión), en el plazo de diecinueve años de trabajo, hubo entre catorce y dieciocho muertos (a los que hay que añadir más de cincuenta víctimas fallecidas por silicosis).

Finalmente, el monumento no fue financiado por el contribuyente español, sino por donaciones privadas y por los beneficios de la lotería.

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Último detalle de la historia: la última voluntad del anciano dictador Francisco Franco, fallecido el 20 de noviembre de 1975, no fue respetada. El Caudillo quería ser enterrado en el cementerio de El Pardo, como otras personalidades del régimen, pero el presidente del primero Gobierno de la Transición, Arias Navarro (1973-1976) y el nuevo jefe del Estado Juan Carlos I (proclamado rey el 22 de noviembre de 1975) tomaron una decisión diferente.

El rey pidió a la comunidad benedictina, guardiana del Valle y del culto de la basílica, la autorización de enterrar el cuerpo de Francisco Franco al pie del altar frente a la sepultura de José Antonio Primo de Rivera, y así se hizo, con gran pompa, el 23 de noviembre de 1975.  

Cuarenta y tres años más tarde, la exhumación del cadáver de Franco solo podía reavivar viejas heridas. La ignorancia y el desconocimiento insondables de la mayoría de políticos y periodistas franceses en materia de Historia de España explican la incomprensión y el posicionamiento con los que la batalla jurídico-política que la precedió fue acogida por los grandes medios de Francia.

Sus explicaciones han sido tan parcas y superficiales que es útil recordar aquí algunos hechos ignorados o silenciados.

La basílica es un lugar de culto cuya inviolabilidad está garantizada por un tratado internacional sobre libertad religiosa, firmado entre España y la Santa Sede en 1979; los benedictinos, responsables del monumento, no dependen del Vaticano sino de la autoridad de su abad y de la del abad de Solesmes, superior de su orden; la familia Franco solicitó que los restos del Caudillo fueran transferidos a la cripta familiar de la Catedral de la Almudena (Madrid), solución considerada inaceptable por el Gobierno socialista; finalmente, el decreto-ley fue una fuente de complicaciones por el carácter improvisado de su redacción.

La aplicación estricta de sus cláusulas podía llevar a la exhumación inmediata de 19 monjes benedictinos y de 172 personas, todas fallecidas y enterradas en el monumento después del final de la Guerra Civil. Finalmente, después de que el Tribunal Supremo diera su permiso, la voluntad política del Gobierno pudo imponerse. Las fuerzas del orden procedieron a la exhumación el 24 de octubre de 2019.

Pero, después de unos pocos meses, en plena pandemia de Covid-19, el Gobierno social-comunista manifestó claramente su voluntad de no quedarse ahí. Aprobó, el 15 de septiembre de 2020, un anteproyecto de ley de Memoria Democrática, estableciendo que los monjes benedictinos fueran expulsados y que José Antonio Primo de Rivera, a pesar de ser él mismo una víctima de la Guerra Civil, fuera también exhumado.

Durante meses, un buen número de voces oficiales o autorizadas se han unido a las asociaciones de familias de víctimas republicanas para exigir que las búsquedas de ADN sean efectuadas en los cadáveres enterrados en el osario del Valle de los Caídos con el fin de poder recuperar los restos de sus antepasados.

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Pero el asunto no es tan simple. Los restos de 33.847 nacionales y republicanos (entre los que hay 21.000 identificados y más de 12.000 desconocidos) están, en su mayor parte, mezclados de forma inextricable, debido al deficiente mantenimiento y el paso del tiempo, y un gran número de familias rechazan que se viole la sepultura de sus antepasados. El anteproyecto de ley prevé, por otra parte, dar una nueva «significación» al monumento.

¿Será la basílica profanada y reconvertida en osario laico o en museo de la Guerra Civil? ¿Será demolida la monumental Cruz cristiana? ¿Serán exhumados y trasladados también los restos de los 57 mártires beatificados por la Iglesia y enterrados actualmente en la capilla de la Virgen del Pilar?

Estas diferentes opciones son abiertamente imaginadas por las autoridades y regularmente comentadas en los principales medios. La vicepresidenta socialista, Carmen Calvo, ha hecho saber que no hay «simetría» posible entre los actos imputables a los enemigos de la democracia y aquellos cometidos por sus defensores; en otros términos, que el bando del «bien» y el bando del «mal» no pueden compararse. En cuanto al vicepresidente comunista-leninista, Pablo Iglesias, no esconde su intención de abolir la monarquía, declarando sin rodeos que «la tarea política fundamental» es ahora avanzar resueltamente «hacia el horizonte republicano».

El Gobierno español tiene la intención de llevar al Parlamento todo un conjunto de proyectos de leyes (sobre la eutanasia, el aborto, la educación, la ideología de género, etc.) que choca de frente con las concepciones cristianas de la vida y el magisterio de la Iglesia. Durante la audiencia acordada a Pedro Sánchez y la delegación gubernamental española, en el Vaticano el 24 de octubre último, el Papa Francisco recordó significativamente que «las ideologías sectarizan y deconstruyen la patria», y que un político debe «construir la patria con todos». Pero es de temer que no haya sido escuchado.

Los cristianos españoles fueron víctimas de una terrible persecución religiosa durante la Guerra Civil. La Iglesia ha beatificado 1.915 mártires de la fe entre los que hay once canonizados (471 por Juan Pablo II, 530 por Benedicto XVI y 914 por Francisco, a los que habría que añadir alrededor de cincuenta próximamente). ¿Debe hoy en día quedarse callada y muda ante la insólita vuelta de agresiones y provocaciones que está sufriendo?

El Gobierno español ya solo parece buscar la paz a través de la provocación y la agitación; la justicia toma la forma del rencor; la democracia, nacida del espíritu de la Transición, se ve despreciada cada vez más abiertamente. Después de varias décadas de relativa serenidad, España se enfrente a sus momentos más difíciles después de la Guerra Civil. Atrapada por sus viejos demonios, se hunde inexorablemente en una crisis moral, política, social, sanitaria y económica de una amplitud dramática.




Arnaud Imatz, historiador y politólogo, nació en Bayona en 1948, es doctor en Ciencias Políticas. Funcionario internacional de la OCDE y, después, administrador de una empresa, ha publicado sobre todo José Antonio et la Phalange Espagnole y La Guerre d’Espagne revisitée. Autor de numerosos artículos publicados en Europa y América, ha contribuido al redescubrimiento en Francia de la obra de José Ortega y Gasset y de Juan Donoso Cortés. Último libro publicado: Droite/gauche, pour sortir de l’équivoque (Pierre-Guillaume de Roux, 2016).




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